Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco (EL PERIODICO, 21/01/04).
El pasado 9 de enero, el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, de ERC, recibió en audiencia privada a tres miembros de la asociación de familiares de presos vascos Etxerat. Una reunión que ha desatado el penúltimo escándalo político-mediático, o mediático-político, si se prefiere. La actitud de Benach llegó a ser tildada incluso de "insulto a la democracia" e "inmoral" por haber aceptado escuchar la opinión de unos ciudadanos que, en legítimo ejercicio del derecho de asociación, se han unido con el confesado objetivo de defender los derechos que asisten a sus allegados, aunque éstos se encuentren privados de libertad.
No es la primera vez que se orquesta un escándalo de esta naturaleza. Pero creo que no debemos dejar de sorprendernos ni preocuparnos por la profunda intolerancia y por la ausencia de convicciones democráticas que se esconden tras este tipo de operaciones. Porque una cosa es la crítica política, y otra muy distinta admitir que se califique como "indigno" a quien acepta dialogar con unos conciudadanos.
EL 'DELITO' de Benach consiste en escuchar a quienes le querían transmitir una demanda como la que solicita el fin de la política de dispersión de los presos vascos que cumplen condena lejos de Euskadi que, independientemente de las simpatías que suscite en el Estado español, cuenta con un gran apoyo social en Euskadi. El Gobierno vasco pide el acercamiento de los presos vascos a centros penitenciarios de nuestra comunidad o próximos a ella. Hemos repetido hasta la saciedad que la defensa del derecho a la vida y a la libertad, y por ello la condena más rotunda a la violencia de ETA y la exigencia de que ésta desaparezca, no es incompatible con una concepción humanitaria del poder punitivo.
Si realmente se cree que los derechos humanos son indivisibles y universales no se pueden establecer categorías para su defensa. La total solidaridad y el decidido apoyo a las víctimas de ETA no puede conducir a ignorar que toda persona, incluida aquella que es privada de libertad por la comisión de delitos, por execrables que éstos sean, es sujeto de derechos inalienables.
Parapetarse en el terrible dolor que los crímenes de ETA provocan para exigir venganza supone renunciar a una política penitenciaria justa y humana que es exigible a todo Estado social y democrático de derecho. Quienes han denostado a Benach lo han hecho desde un simplismo recurrente, conectado a un interés electoral que se empeña en querer identificar nacionalismo vasco con violencia y que ahora se afana en igualar, para lo negativo, a vascos y catalanes. Estos sedicentes demócratas se acogen a la demagogia fácil y hacen gala del más absoluto desprecio a los derechos que asisten a toda persona presa, por horrendo que sea el crimen cometido.
Por eso es preciso recordar que toda la legislación internacional y estatal está impregnada de principios que contemplan el cumplimiento de las penas en las condiciones menos aflictivas, tanto para el recluso como para sus allegados, a los que se impone un castigo añadido a la condena que la justicia ha fijado para el reo. Ha sido el avance de la civilización lo que ha conducido a considerar como auténtica conquista democrática que la reeducación y la reinserción social del penado, y no la venganza, sean el eje de las políticas punitivas. Aunque bien es cierto que, entre las múltiples reformas promovidas por el PP, debemos lamentar la que se orienta justamente en sentido contrario. Porque es al partido de Aznar a quien corresponde la triste gloria de haber puesto el cerrojo a las políticas de reinserción de presos, propiciando por medio de atajos inadmisibles lo que su ideología les recomendaba como objetivo: el cumplimiento íntegro de penas para los delitos de terrorismo.
No es ése el criterio defendido por el Gobierno vasco. Creemos que la reinserción de todo aquel que delinque es un principio irrenunciable. Esa convicción ha servido de pauta al Ejecutivo vasco para exigir que cese la utilización espuria de la política penitenciaria como instrumento de la lucha contra ETA. El ataque fundamentalista contra Benach se puede inscribir en esta estrategia. Desacreditar a un político independentista y progresista, que estrena un papel institucional de primera magnitud, y hacerlo por supuesta connivencia con la violencia por recibir a familiares de presos, es parte de una táctica que los vascos, por desgracia, conocemos muy bien.
Y es que nuestra experiencia viene de bien lejos. Ha llovido muchoþdesde que en noviembre de 1998 el Congreso acordó, por unanimidad, instar al Gobierno del PP a que "mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia".
TAMBIÉN POR aquellas fechas, los representantes del Gobierno de Aznar hablaron, como habían hecho antes otros gobiernos, con miembros y dirigentes de ETA. Y no se les llamó por ello inmorales o indignos. Pero eso fue antes de que el PP y su presidente decidieran utilizar la mayoría absoluta para tres cosas: convertir al nacionalismo democrático vasco en el enemigo a batir mediante cualquier procedimiento; desandar el avance en las libertades con una involución democrática en la que cada vez son más patentes los tintes franquistas, y poner en práctica la efectiva ocupación de todos los poderes, mediante la injerencia obscena en su terreno.
Esa ocupación es la que el PP se propone ahora utilizar como palanca para consolidarse en el mando el 14 de marzo. Mientras, necesitan desparramar amenazas, prodigar insidias y manipular todas las actuaciones de sus oponentes políticos para descalificarlas. Sé que nos encontramos ante lo que supone ya una receta clásica en los manuales de comportamiento político del PP, pero no por ello vamos a dejar de denunciarlo. Como tampoco debemos dejar de escandalizarnos ante el intento de convertir en escándalo un ejercicio democrático de diálogo como el practicado por Benach.