Según las Naciones Unidas, más de mil millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable y unas 10.000 mueren cada día por ello, en su mayoría niños. En estas estimaciones no se contabilizan los procesos de envenenamiento progresivo que producen miles de abortos, malformaciones congénitas y muertes por beber agua contaminada con metales pesados, cianuros y otros tóxicos procedentes de vertidos como los de la minería a cielo abierto o determinadas industrias.
Ante estos datos, a menudo se oye hablar de escasez de agua en el mundo. Sin embargo, la mayoría de esos mil millones de personas viven a orillas de ríos y lagos, o en zonas donde el agua subterránea es abundante. El problema está en que, allí donde antes se podía beber, hoy la gente enferma. Hemos quebrado la salud de nuestros ríos, provocando la crisis más aguda de biodiversidad de la biosfera. Las ranas hace tiempo que desaparecieron; la pesca, la proteína de los pobres, en muchos casos también. Y finalmente son las personas, siempre en las comunidades más pobres, las que enferman y mueren. Paradójicamente, en el planeta azul, el planeta agua, hemos transformado el elemento clave de la vida en vector de enfermedad y muerte.
La crisis global del agua no es propiamente de escasez, sino consecuencia de dos grandes fallas convergentes: la crisis de insostenibilidad de nuestros ríos y la de inequidad y pobreza.
Desde el modelo de globalización neoliberal, las instituciones económico-financieras internacionales han optado por transformar esta crisis en "oportunidad de mercado". La idea de que el agua es un bien útil y escaso ha llevado a considerarla como un bien económico que el mercado debe administrar. Desde pretendidos argumentos de racionalidad económica se han promovido políticas de privatización de los servicios públicos de agua, transformando a los ciudadanos en clientes. El Banco Mundial ha condicionado sus créditos a que los gobiernos de países en desarrollo concesionen esos servicios a los operadores transnacionales, en su mayoría europeos. Bajo esta lógica, la vulnerabilidad de los más pobres, lejos de reducirse, se ha acentuado, abriéndose una tercera falla: la de la gobernanza de los servicios básicos de agua y saneamiento.
Hay que entender que, a diferencia de la madera u otros bienes naturales renovables, el agua tiene funciones que desbordan la lógica del mercado. Desde un punto de vista ético, lo fundamental no es su materialidad, H O, sino las funciones y valores 2 en juego, que en muchos casos no son sustituibles por dinero. Es necesario distinguir categorías éticas, para establecer prioridades y diseñar adecuados criterios de gestión en cada una de ellas.
- El agua vida, en funciones básicas de supervivencia, debe priorizarse, garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas, el acceso de todos a cuotas básicas de agua potable (40 litros/ persona/ día), como un derecho humano, y la producción de alimentos básicos en las comunidades más vulnerables.
- El agua ciudadanía, en funciones de salud y cohesión social (servicios domiciliarios de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, desde la lógica del interés general y en el ámbito de los derechos de ciudadanía, con sus correspondientes deberes. Su gestión, desde modelos de gestión pública participativa, debe basarse en sistemas tarifarios que permitan financiar servicios eficientes y de acceso universal.
- El agua economía, en funciones productivas que generan beneficios, vinculada al derecho a mejorar nuestro nivel de vida, debe gestionarse desde un tercer nivel de prioridad, desde criterios de racionalidad económica basados en el principio de recuperación de costes.
La escasez de agua vida es injustificable, en la medida que supone la quiebra de derechos humanos y deriva en catástrofes humanas. Pero no debemos olvidar que 40 litros/ persona/ día es apenas el 1,2% del agua que usamos.
La escasez de agua ciudadanía (cortes de agua en una ciudad), afectando al interés general, es un fracaso político. Pero tales servicios suponen apenas el 6% del agua que extraemos de ríos y acuíferos.
El agua economía es propiamente la que desborda la capacidad de los ecosistemas. En este contexto, la escasez en el ámbito del agua economía debe dejar de afrontarse como una tragedia que evitar, a costa del erario público, para considerarse como una realidad que gestionar, asumiendo los límites de sostenibilidad y exigiendo el pago adecuado a quienes demandan más y más caudales para ser más ricos.
En realidad, lo que hemos venido llamando déficits hídricos son más propiamente excedentes de ambición y déficits de responsabilidad.
Pedro Arrojo Agudo, director de la exposición Agua, ríos y pueblos.