Escocia: no confundir el triunfo del 'no' con la derrota del independentismo

¿Han desaparecido nuestros problemas con la clara victoria del 'no' en el referéndum de Escocia? ¿Será suficiente ese jarro de agua fría al independentismo para congelar las pretensiones secesionistas de Artur Mas y Oriol Junqueras?

Quien piense que la derrota de Salmond -¡qué ejemplo le ha dado a Mas con su dimisión!- es la vacuna definitiva contra los movimientos nacionalistas que ponen en peligro el proceso de construcción europea se equivoca.

Londres ha ganado tiempo. La UE ha ganado tiempo. Nada más.

Lo que ocurre en Escocia, como lo que está pasando en Cataluña, es la confluencia de un proceso de rechazo a la globalización, a la uniformidad en busca de la identidad propia, con el hartazgo hacia las políticas de recortes obligadas por una durísima recesión económica. Si a ese gran reto político le añadimos una gestión política desastrosa, caracterizada por la soberbia, el desprecio hacia lo que piensan los jóvenes y la ignorancia sobre la trascendencia de las redes sociales, entonces tendremos una explicación del auge del independentismo.

Una parte importante de los votantes del sí en Escocia (1,6 millones) no ha acudido a votar por razones históricas o culturales, lo ha hecho porque está cansada de la supremacía de Londres, porque creía que votando sí le daba una patada a los conservadores de Cameron, y porque creía que, separándose del Reino Unido, iba a vivir mejor.

Con los procesos secesionistas pasa como con las encuestas de valoración de los líderes políticos. El rechazo une más que la simpatía. Por eso Rajoy sale tan mal parado.

Eso lo saben Mas y Junqueras, y por eso han diseñado un modelo en el que suman apoyos que nunca tendrían de otra forma.

Es un proceso trampa, en el que muchos ciudadanos -y algún partido, como el PSC- han caído con candidez o cobardía. Los socialistas catalanes no recuperarán nunca su crédito si actúan como lo hicieron en la votación del viernes pasado.

El argumentario nacionalista parte de un razonamiento tan simple como engañoso: la democracia es votar, los catalanes tienen derecho a decidir su futuro.

Esa lógica llevaría al absurdo de que los ciudadanos del barrio de Sarrià, en Barcelona, pudieran decidir, por ejemplo, sobre los impuestos que pagan o cómo gastarlos.

Como bien saben Mas y Junqueras, enfrentar la legalidad a la democracia tiene muchos riesgos. La ahora alabada democracia británica no tuvo empacho en mandar su ejército a Irlanda del Norte o en suspender su autonomía (decisiones llevadas a cabo por conservadores y laboristas), sin que nadie cuestionara la legitimidad de tales medidas.

Un Estado que incumple las leyes acaba siendo un Estado fallido. Ese es el gran error de Mas y Junqueras en comparación con Salmond.

El líder del SNP ha actuado de acuerdo con la legalidad, entrando por la puerta abierta por el primer ministro británico.

De hecho, el referéndum no era la opción favorita de Salmond.

Esta semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que conoce bien al líder nacionalista (su empresa tiene una fuerte implantación en Escocia), me contó que, durante una cena compartida por Patxi López e Iñigo Urkullu, Salmond confesó que su deseo era lograr un nivel de autonomía parecido al del País Vasco.

Y, de hecho, esa fue su oferta al Gobierno británico, que la rechazó sin contemplaciones, como la posibilidad de incluir en el referéndum una tercera alternativa: el aumento de las cotas de autonomía.

Cameron, cegado por las encuestas que hace dos años daban a los unionistas una holgada victoria, pensó que la mejor forma de no hacer concesiones era echar el órdago del referéndum para que los nacionalistas se callaran para siempre.

Pero Londres, con la victoria del no, lograda en los últimos días, apelando al miedo, en esfuerzo conjunto de conservadores, laboristas y liberales, sólo ha ganado tiempo.

Ahora viene la gestión del posreferéndum. En primer lugar, Cameron tendrá que ceder amplias competencias en gestión de impuestos y capacidad de gasto social, lo que reducirá el margen de maniobra del presupuesto británico.

Ni Gales, ni Irlanda del Norte, ni siquiera Inglaterra van a permanecer inmóviles ante ese movimiento descentralizador. Como ocurre en España, todas querrán los mismos niveles de autonomía, y, finalmente, Escocia querrá más que Gales, porque en Gales los nacionalistas son una ínfima minoría, lo que, a su vez, llevará a que el nacionalismo crezca en Gales.

La nueva Ley de Consultas aprobada el viernes por el 78% del Parlament, junto con el decreto aún no publicado, será recurrido por el Gobierno, y el Constitucional suspenderá de oficio el referéndum convocado para el 9 de noviembre.

Mas puede hacer alguna tontería, sacando algunas urnas a la calle, o aceptar el resultado convocando, a renglón seguido, elecciones anticipadas, opción que parece la más probable.

Ocurra lo que ocurra el 9-N, el Gobierno de España tendrá un problema que gestionar: un porcentaje importante de catalanes quieren la independencia.

Como en Escocia, en Cataluña el independentismo está hinchado por los descontentos y los que piensan que separándose de España van a estar mejor que ahora.

La ley es un instrumento de la política, pero no es la política.

Como en Escocia, en Cataluña, si queremos que el independentismo no termine ganando la partida, hay que hacer política, política de altura.

El inmovilismo es la peor receta para solucionar un desafío como al que nos enfrentamos.

El cumplimiento de la ley -no hacerlo sería prevaricador- debe conjugarse con altas dosis de pragmatismo.

Los pasos a dar tienen que ser sólidos y gozar del mayor grado de consenso político posible.

Por ejemplo, afrontar una reforma constitucional, que podría ser una vía de solución, debe hacerse sobre la base de un acuerdo con el principal partido de la oposición, como mínimo. Hay que tener en cuenta que una clave del éxito del no en Escocia ha sido la posición unida de los grandes partidos: conservador, laborista y liberal.

Pero eso no es todo. El aumento del voto independentista tiene que ver también con las políticas de ajuste y con la marginación que sufren los más jóvenes.

Si queremos que una mayoría de catalanes o vascos quiera seguir unida a España, tenemos que involucrarles en el proyecto. Tenemos de dejar de ser los aguafiestas del no para defender el sí a un futuro en el que, unidos, a todos nos irá mejor.

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.

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