Escuela judicial y mediocridad

Seguramente ha sido una decisión prudente. Me refiero a que se celebre en Madrid la próxima entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces. Este acto se venía celebrando en Barcelona desde que se ubicó allí la Escuela Judicial y se celebraba en una sala de conciertos de diseño vanguardista, el Auditorio; en Madrid se celebrará en la Real Academia Española, lugar cuya prestancia y señorío están fuera de toda duda.

La razón de ese cambio no es difícil de imaginar: el ambiente de tensión y enfrentamiento que el independentismo ha inyectado a la vida catalana, con sus instituciones al frente, lo desaconsejaban. Cuando en esas fechas empiece a celebrarse el juicio contra los responsables del llamado procés, no puede correrse el riesgo de un desplante de las autoridades autonómicas, ni que hubiere algaradas a propósito de un acto presidido por el Rey y al que asisten las máximas autoridades judiciales «españolas»: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, ministra de Justicia, Fiscal General del Estado, más otras autoridades judiciales y civiles, de la abogacía, etc.

Se preguntarán por qué está la Escuela Judicial en Barcelona. Es una pequeña historia. Creada en 1947, dependió del Ministerio de Justicia hasta que en 1980 se constituyó el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas funciones –quizás la más relevante– es seleccionar a los jueces y formarlos, ya sea al inicio como durante su vida profesional. Creado el Consejo como órgano de gobierno del Poder Judicial, el Ministerio quedó desapoderado de tal competencia y así fue hasta que en 1985 volvió a sus manos. Será en 1995 cuando el Consejo la recupere y en un ambiente político de entendimiento con los entonces llamados nacionalistas, se tuvo a bien dedicarles dos gestos: llevar el Centro de Documentación Judicial a San Sebastián y la Escuela a Barcelona. Invitada a que se ofreciese, la Comunidad madrileña no hizo nada.

Pero no sólo era un gesto debido al momento político de aquellos años: se trataba además de mostrar que «Poder Judicial» no equivalía a «Madrid», no sólo porque el Judicial sea un poder concretado en decenas de órganos judiciales diseminados por toda España, sino porque debía verse con naturalidad que el órgano constitucional que lo gobierna –el Consejo– estuviese presente en toda España, luego que su órgano más relevante se radicase fuera de Madrid. Había lealtad, buenas intenciones y buen sentido; es más, la Generalidad aportó una magnífica edificación en el Parque Natural de la Sierra de Collserola.

Frente a intencionados equívocos, en los primeros años hubo que dejar claro que no se le había transferido a Cataluña la formación de los jueces, es decir, de los integrantes de un poder del Estado, sino que la decisión del Consejo se ceñía a que en Barcelona estuviese la sede física de la Escuela. Fuera de esto la vida de tal centro ha transcurrido con entera normalidad, no exenta de algunas tensiones, pero esa es otra historia hoy ya superada.

Hace años, en el Consejo del que formé parte, algunos lanzaron el bulo de que queríamos que volviese a Madrid, lo que nunca se planteó ni siquiera seriamente y sí se reafirmaron las razones que la llevaron a Barcelona. Ahora es el mundo al revés. Parece que es Cataluña la quiere expulsar de su solar, nunca mejor dicho, no ya un órgano del Estado, sino que parece repudiar de lo que en buena lógica es, o debería ser, un honor que parece que le viene grande: que allí radique la que es una de las mejores escuelas judiciales de Europa, donde se forman también jueces de medio mundo.

Podrá decirse que exagero, que una cosa es el temor a un escrache –ojo, a las máximas autoridades judiciales de España, con el Rey al frente, a los nuevos jueces y sus familias– y otra repudiar de la Escuela Judicial; será eso, y no es poco, pero si se saca de allí el acto público más relevante de la Escuela es porque la vida pública catalana se ha degradado con la complacencia de sus autoridades. Creado ese ambiente este es un ejemplo de que su empeño es dar a Cataluña un futuro, como mínimo, de mediocridad.

José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo.

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