Cien días de un estado de alarma aplicado como un estado de excepción según prestigiosos constitucionalistas, cien días de ataques graves del Gobierno a las libertades y derechos fundamentales, y la izquierda gobernante sigue negándose a debatir sobre libertad. Lo que demuestra lo conocido, que la libertad es secundaria para la izquierda, y marginal para la extrema izquierda.
El Gobierno socialcomunista ha impedido la inclusión del debate sobre las libertades en la Comisión de la Reconstrucción, tal como había pedido el PP. Y, ahora, Carmen Calvo se resiste a comparecer ante la Comisión Constitucional para dar cuenta del estado de las libertades durante la alarma, con el argumento de que le parece una petición «absurda». Y no es casualidad que
el presidente de la Comisión de Reconstrucción, Patxi López, sea también presidente de la Comisión Constitucional.
La última vez que Carmen Calvo compareció ante la Comisión Constitucional, el 18 de mayo, le pregunté por la diferente actitud del Gobierno ante las manifestaciones proetarras en Pamplona y las protestas contra el Gobierno en Madrid. Aprovechó su réplica para arremeter contra quienes se manifestaban contra su Gobierno, con el argumento de que «con la bandera común de todos, ponen en peligro la salud de los demás».
Pocos días después, el propio Pedro Sánchez expresaba en el Congreso su solidaridad con quienes se manifestaban en Estados Unidos en protesta por la muerte de George Floyd. En ese caso sí primaba para el Gobierno el derecho de manifestación, y parecía haber desaparecido el peligro para la salud de los demás, a pesar de la negativa evolución de la pandemia en Estados Unidos. Es una muestra del concepto de libertad de la izquierda: se aplica según para qué y para quién.
Cuando la izquierda gobierna y afronta una grave crisis sanitaria, como en España, utiliza el argumento de la seguridad para coartar la libertad y los derechos fundamentales de quienes osan criticarles. Desde la campaña de los «bulos», liderada por Pedro Sánchez para cuestionar las críticas en las redes sociales y en los medios, pasando por las ruedas de prensa reconvertidas en mítines, o la utilización abusiva de lo que llamaban «ley mordaza» para multar a más de un millón de españoles, hasta llegar a limitar el derecho de manifestación de los discrepantes.
Y todo ello, con un desprecio total a las numerosas críticas bien razonadas de los constitucionalistas sobre los abusos en la aplicación del estado de alarma. Que Manuel Aragón alertara sobre la «dictadura constitucional» les pareció un exceso, y la exigencia de que Carmen Calvo dé cuenta del estado de la libertad en la Comisión Constitucional les parece «absurda». Y, como guinda, y en un sorprendente arrebato de repentino patriotismo, cualquier denuncia de todos estos abusos en Europa lo tildan de «antipatriota».
En España como en el resto de Europa, es cierto que la demanda de seguridad ha primado sobre la libertad durante la pandemia. La encuesta de Kantar para el Parlamento Europeo, publicada a principios de junio, mostraba que un 68 por ciento de los europeos apoyaba la limitación de libertades para luchar contra la pandemia, frente a un 28 por ciento opuesto a cualquier restricción de la libertad.
Pero una cosa es la demanda de seguridad sanitaria, y otra, el uso de esa preocupación como excusa para actitudes y medidas autoritarias de un Gobierno. Y aún más, como coartada para el desprecio del Parlamento, como pasa en España.
Debemos afrontar las crisis sanitaria y económica, ciertamente, pero no a costa del desprecio de las libertades y de la degradación de la democracia.
Edurne Uriarte es portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los diputados.