Ese rancio olor a naftalina

En la lucha contra la pandemia, el Gobierno de Sánchez e Iglesias se ha caracterizado por la adopción de medidas políticas e ideológicas en lugar de decisiones técnicas de los profesionales sanitarios. La consecuencia, desgraciadamente, es bien conocida: España encabeza los rankings de países con mayor número de fallecimientos y nuestra economía es la que más se hunde. Trágicamente, ahora quieren aplicar la misma receta a nuestra Educación. En vez de enriquecerla con medidas de digitalización de las aulas o de mejora de su calidad, están tramitando una ley orgánica anclada en el pasado de la que emana ese rancio olor a naftalina de las fobias de la izquierda española y sus más radicales socios.

Ante la aprobación definitiva de la «ley Celaá» en el Senado, existe una gran preocupación por el impacto negativo que va a tener su entrada en vigor en nuestro sistema educativo. ¿Puede ser positivo el impacto de una reforma tan trascendental, que sus autores y los grupos políticos que la apoyan ocultan detrás de la pandemia y la sustraen del debate parlamentario y público? Además, asustan los efectos de la «ley Celaá» porque nos encontramos ante un retorno al pasado, a las antiguas leyes socialistas del fracaso escolar. E incluso más peligroso es que las modificaciones -las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados- sólo hayan servido para radicalizar la ley incrementando su ya elevada carga ideológica.

Así, nos encontramos con disposiciones contrarias a la libertad de elección de las familias que claramente quiebran el pacto constitucional. Ese acuerdo no se puede ahora romper porque el objetivo de la «ley Celaá» sea marginar esa libertad en favor de la ingeniería social de la Administración. La Ley está impregnada de restricciones y obstáculos a la educación concertada, postura absolutamente desfasada en pleno siglo XXI, contraria a lo que impera en los países con mejores resultados académicos, e incoherente con las actuaciones de tantos ministros que llevan a sus hijos a centros concertados.

Uno de los sesgos ideológicos más nocivos de la norma es el absurdo intento de rebajar la calidad del Sistema Educativo, devaluando los principios de mérito y esfuerzo y fomentando los suspensos. El objetivo que pretenden es que todos obtengan un título y mejorar las estadísticas, pero la consecuencia será que esos títulos pierden completamente su valor como señales de conocimiento y de productividad.

Las amistades peligrosas del Gobierno han empeorado notablemente la «ley Celaá» durante su fulgurante tramitación parlamentaria y, así, la desaparición del carácter de vehicular del español provocará, entre otros efectos negativos, un empobrecimiento de la formación y una pérdida de competitividad en los alumnos de determinadas regiones.

Otra obsesión de la izquierda, quizás la más delirante, es el propósito de vaciar los centros de educación especial. Las enmiendas sobre los artículos 73 y 74 demuestran que esa es la auténtica finalidad, intención que ya confirmó Celaá en una intervención en el Senado.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias quiere perpetuarse en el poder por la vía del aprobado general y la rebaja cultural de nuestra sociedad, saben que sus ideologías caducas y sus marrullerías políticas no tienen espacio en el futuro de una sociedad más formada, y nos quieren imponen una reforma que desprende ese rancio olor a naftalina.

Enrique Ossorio Crespo es consejero de Educación y Juventud de Madrid.

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