Suele decirse que la historia es compleja e imprevisible, pero de ello se pueden extraer conclusiones muy distintas: habrá quienes defiendan que se hace lo que se puede y Dios dirá, mientras que otros pretenderán intervenir sobre la realidad con todas sus consecuencias y responsabilidades. En el primer caso, la diferencia entre teoría y práctica será abismal: buenas intenciones genéricas (hay que hacer esto, habría que hacer lo otro, si aquel no hubiera hecho aquello…), pero a la hora de la verdad se mirará hacia otro lado criticando ciertas medidas políticas, lamentando la utilización de determinados poderes, quejándose del funcionamiento de aquella institución… En el fondo, para que todo siga igual sin perder las maneras (más o menos democráticas).
En cambio, en el segundo caso, si se quiere intervenir políticamente sobre la realidad, sin dar saltos en el vacío y a oscuras, es preciso ajustar los presupuestos teóricos a los nuevos problemas planteados –a menudo heterogéneos, caóticos, y contrarios entre sí–.
Tomemos las relaciones entre España, representada por su Estado, y Catalunya, que va a la búsqueda de una representación adecuada a las convulsiones de los últimos años dentro del cuerpo social y las instituciones políticas. Se han hecho muchas bromas sobre el carácter indefinido del derecho de (o a) decidir, pero, con un poco de buena voluntad de sus críticos, ese lema bien podría haber sido asimilado a un “derecho de (o a) existir”, al cual nadie osaría cualificar de impreciso. Porque la igualdad derecho de decidir = derecho de existir (como nación) está en la base de las movilizaciones surgidas de la sociedad catalana como un acelerador poderoso de la historia. No obstante, ahora que, desde una posición española, como la de Podemos, se dice: “Derecho a decidirlo todo”, su carga política ya ha menguado. Los problemas son otros, y más complejos, porque tampoco eran previsibles las situaciones que los han provocado.
Empecemos por la posición del Estado. Contrariamente a lo que piensan muchos, el Gobierno del PP ha partido de un análisis político correcto para los intereses españoles: al negarse a reconocer al sujeto político fundado por el doble desafío de la calle y las instituciones catalanas, ha forzado a estas a crear una realidad moralmente sólida, pero políticamente inestable, porque no se ha podido traducir en instancias de contrapoder frente al Estado, sino en formulaciones jurídicas –hoja de ruta– a consumar mediante la forja de un marco político radicalmente nuevo –la independencia–. Y esta situación transitoria ha sido aprovechada por el Gobierno español para intentar debilitar las posiciones soberanistas: a) ahogando económicamente a la Generalitat con la voluntad política indisimulada de presentarla ante la población como la primera y única responsable de los problemas; b) culpando al presidente de la Generalitat de “deslealtad” a fin de mantener políticamente sometida a la razón de Estado (bastión de la libertad negativa: la norma constitucional) a la mitad de la población catalana, que, sea por miedo, indiferencia, conformismo, identificación con España, o por varias cosas a la vez, no ha podido manifestarse ordenada y explícitamente respecto a las dinámicas de cambio promovidas por la razón emancipadora (ariete de la libertad positiva: la voluntad de autodeterminación).
Eso ha hecho que ambas esferas hayan tenido que comunicarse a través de intermediarios (portavoces de partidos políticos y de instituciones, entidades civiles sin base real, medios de comunicación convertidos en auténticos partidos, especialistas de distintos ámbitos, declaraciones de funcionarios, etcétera), pero nunca a cara descubierta, en el seno de un proceso general legitimado por un pacto entre las partes –Estado y Generalitat– y al amparo de la legalidad del orden constitucional vigente (“a la escocesa”). La población en general no se ha podido educar en la nueva dinámica política creada por la sucesión de acontecimientos producidos –quizás no con armonía, pero con efectos políticos reales sobre las conciencias— hacia un horizonte constituyente. Como sea que la prueba de esfuerzo soberanista del 9-N no se ha podido traducir en una cristalización del poder emanado de los más de dos millones de participantes, debido a la reiterada negativa del Estado a negociar ninguna alternativa legal; y como sea que aquella parte de la población que no fue a votar el 9-N sigue encerrada ( cautiva) en la lógica reactiva de la razón de Estado, la dinámica social, que es imparable, ha de encontrar un espacio donde descargar las tensiones de poder surgidas en los últimos años. Y ese espacio – compartido, real, legal, y simbólico— no es otro que el de las próximas elecciones municipales.
Una cazuela con muchos ingredientes, expresión de los distintos frentes abiertos (tantos como conciencias en formación) a través de la representación directa (proximidad municipal), el cambio social (reversión de las desigualdades), y la actitud moral (transparencia y anticorrupción), como expresión real y en bruto del nuevo sujeto sociopolítico catalán de cara a les plebiscitarias del 27-S. La tarea de los actores políticos será ligarlo todo en un haz compacto. Las fuerzas soberanistas, para servir al país como hasta ahora, debieran de hacer suyas las admoniciones de san Pablo: “¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré.” (Corintios 2, 11, 29-30).
Julià de Jòdar, escritor.