En medio de la pandemia, provocada por el Covid-19 y que ha afectado a toda la población mundial, los Estados con alta capacidad tecnológica y las corporaciones multinacionales con capacidad económica han aunado sus esfuerzos para mantener la vista dirigida a la exploración y explotación del espacio ultraterrestre. Podría parecer una contradicción, dado que la lucha contra el coronavirus resulta primordial ante la crisis sanitaria que asuela al planeta y sin embargo miramos hacia las estrellas. Ello no ha sido óbice para que se hayan adoptado medidas relativas a la lucha contra el patógeno, como es el caso de los programas de teledetección de la Tierra, que pueden ayudar a disminuir los efectos de la epidemia por medio de la tecnología espacial, como es el caso de la teleepidemiología con actividades de seguimiento, preparación y respuesta. En este sentido, la Agencia Europea del Espacio (ESA) ha indicado que esta pandemia «prácticamente ha paralizado la vida cotidiana tal como la conocemos. Incluso cuando se haya detenido la propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, el mundo se enfrentará a enormes desafíos para volver a la normalidad».
Por tal razón, con la idea de ayudar a los expertos que trabajan en centros de investigación y organizaciones técnicas europeas, la ESA ha puesto en marcha nuevas iniciativas relacionadas con el estudio de los efectos del Covid-19 y su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Todo ello resulta encomiable, pero entendemos que la desmedida ambición sobre las posibilidades que nos ofrece el espacio debería estar controlada y regulada, con el fin de evitar desmanes de los que más tarde o más temprano nos tengamos que arrepentir.
En estos últimos meses, en plena pandemia, las actividades espaciales se han desbordado dirigiendo la mirada hacia los asteroides, hacia la Luna y hacia Marte. La empresa Space X envió astronautas a la Estación Espacial Internacional y otras empresas se disputan el liderazgo, como Planetary Resources, Deep Space Industries, Aten Engineering, TransAstra Corporation o Space Tango. También Asteroid Mining Corporation en el Reino Unido; Japón ha creado Ispace; Luxemburgo cuenta con Kleos Space. Incluso ahora, empresas como Google Virgin o Microsoft están impulsado proyectos tales como Lunar X Prize con la idea de realizar una misión lunar únicamente financiada por capital privado. Además, hemos orbitado Júpiter con la nave Juno y conocido su campo magnético, su campo gravitacional y su geología. El programa Tiangong de China prevé construir una estación espacial orbital modular, o Israel o India tampoco se quieren quedar atrás. En cuanto a China, en los últimos tiempos se ha convertido en una potencia espacial, después de conseguir posar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna, por primera vez en la historia de la humanidad, sin olvidar su logro al aterrizar la nave Chang’e 5 con un rover lunar, que ha rescatado muestras lunares por primera vez en medio siglo. El proyecto Artemis-1 de los Estados Unidos calcula enviar seres humanos a la Luna de forma permanente, con el apoyo de la Estación Espacial Deep Space Gateway, que se va a construir en órbita lunar. En este último mes se ha enviado a Marte el orbitador Hope de los Emiratos Árabes Unidos, la misión Tianwen-1 de China o el rover Perseverance de la NASA, que ya ha amartizado. Rusia y China construirán conjuntamente una estación lunar científica espacial en la Luna, con la idea de realizar un modelo de investigación lunar opuesto al proyecto Artemis de los Estados Unidos, lo que nos permite vislumbrar otra nueva ‘guerra fría espacial’. Además, cabe tener en cuenta que Rusia, el primer país en enviar un hombre al espacio, en 1961, calcula enviar una sonda de exploración, como paso previo a lanzar una misión tripulada con rumbo a la Luna a partir de 2031.
Nos encontramos por tanto en un momento crucial en el que seguramente se hace más necesario que nunca establecer unas reglas de comportamiento ético y jurídico, con el fin de evitar que la ambición y los intereses económicos en el marco del llamado New Space (espacio comercial) destruyan el ecosistema espacial pues, a medida que el espacio se convierte en un escenario de acción, tal como acabamos de señalar, van a ir surgiendo nuevos retos para el derecho. Partimos de la base de que no nos oponemos a una explotación económica y sostenible de los recursos espaciales, pero al mismo tiempo reclamamos que se hagan en beneficio de todos y no de unos pocos poseedores de la tecnología y la capacidad económica suficiente.
Como juristas deseamos reivindicar el respeto por el derecho y en particular por el derecho internacional del espacio, que lo conforman los cinco tratados del espacio que establecen el Corpus Iuris Spatialis y la necesidad de que los Estados reflejen en sus normas nacionales el seguimiento de esta estructura legal internacional, dado que no siempre es así. Recordemos que en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre (Copuos) algunas delegaciones, con clara conciencia holística, han indicado la necesidad de recordar que el principio de la libertad de exploración, utilización y explotación «no es absoluto, sino que está limitado por los principios de la no discriminación, la igualdad entre los Estados y la observancia del Derecho internacional, establecidos en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre». Por lo que toda legislación nacional debería basarse en el principio rector de que la utilización y exploración del espacio debía llevarse a cabo de manera equilibrada y en el beneficio de todos los países, independientemente de sus niveles de desarrollo económico y científico.
Nos estamos enfrentando a un dilema importante, y para resolverlo cabría tener en cuenta la posibilidad de alcanzar un régimen jurídico internacional para la explotación de los recursos espaciales, teniendo presente la necesidad de asegurar que la comunidad internacional en su conjunto se pueda beneficiar de la explotación de tales recursos y hacerlo de conformidad con los ‘principios generales’ aceptados por el derecho del espacio, de manera ordenada, segura y sostenible, y al mismo tiempo lograr que ni los agentes gubernamentales ni el sector privado pierdan el incentivo de invertir en las actividades espaciales.
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert y Antonio Garrigues Walker son juristas.