España ante el cambio climático

El comienzo de una nueva legislatura es un buen momento -quiere decirse que es un momento tan malo como cualquier otro- para reflexionar acerca de lo que la sociedad española puede hacer para responder a los desafíos que se le presentan. Algunos de ellos, como ocurre con el cambio climático y sus implicaciones socioeconómicas, tienen carácter universal; se trata de un fenómeno global que afecta a todos los países del mundo. Sin embargo, no afectará a todos ellos de la misma manera: sus manifestaciones locales serán diferentes -no es lo mismo estar cerca del ecuador terrestre que mantenerse a distancia- y las sociedades traen distintos equipamientos de serie. Huelga decir que los países europeos pertenecen a una estructura política supraestatal que negocia tratados internacionales en nombre de sus miembros y establece las líneas generales de su política medioambiental, siendo responsabilidad de los Estados miembros trasponer las directivas correspondientes y recayendo -en el caso español, su ejecución posterior en las comunidades autónomas-. Dicho sea esto sin desdoro de las competencias municipales en la materia que, a menudo, determinan la calidad de la vida cotidiana de sus habitantes.

España ante el cambio climático
SEAN MACKAOUI

Es sabido que el Acuerdo de París sobre Cambio Climático no fija los medios que cada país haya de emplear para rebajar sus emisiones de CO2; ahí están una Francia que sigue apostando por la energía nuclear y una Alemania que renunció a ella. Dicho esto, hay políticas comunitarias -como la apuesta por el coche eléctrico- que delatan la ambición de elegir las tecnologías del futuro en vez de dejar que sea el mercado quien las seleccione bajo el marco regulatorio diseñado por el poder público. Para colmo, imponer una descarbonización acelerada puede restar legitimidad popular a la agenda climática; ahí está el éxito del partido campesino holandés para demostrarlo. Hay buenas razones para la prudencia: por consolidada que esté la ciencia que acredita la existencia de un calentamiento global de origen antropogénico, las predicciones acerca de los efectos que el mismo provocará de aquí en adelante son menos sólidas. De ahí que sea pertinente ir más allá de los razonamientos consecuencialistas, tomando asimismo en cuenta valores como la libertad individual o el respeto al pluralismo: una cosa es aceptar que existe un cambio climático en marcha y otra, ponernos de acuerdo sobre lo que haya de hacerse con eso.

Dicho esto, los poderes públicos deben actuar para impulsar la descarbonización gradual de las sociedades avanzadas, centrándose en soluciones realistas que faciliten la adaptación al «nuevo régimen climático» (Bruno Latour). Dado que ese proceso ya está en marcha, los gobiernos deben adoptar una postura pragmática: creando las mejores condiciones para la asimilación social de las nuevas tecnologías e impulsando los cambios estructurales que no pueden llevarse a cabo sin la acción del Estado. A tal fin, sería deseable que gobiernos y partidos evitasen usar el cambio climático para polarizar a los ciudadanos o ganar elecciones. Irónicamente, la primera tarea del nuevo Gobierno español es aquella que, previsiblemente, no acometerá: la forja de un consenso político transversal de mínimos que permita tomar las medidas necesarias para que nuestra sociedad se adapte al cambio climático y contribuya eficazmente -en el marco de los compromisos adoptados por la UE- a la mitigación del calentamiento global.

No en vano, el consentimiento de los gobernados resultará imprescindible para llevar a término una descarbonización eficaz. Eso no será posible si la transición ecológica se vincula a narrativas ideologizadas en las que el capitalismo fósil aparece como el origen de todos los males y se emplea el cambio climático como pretexto para imponer una agenda política de parte. Por el contrario, la transición ecológica debe presentarse como fase avanzada de la modernización: se trata de hacer sostenible lo que amenaza con ser insostenible y de proceder a la higienización de la sociedad industrial. He aquí un terreno en el que las distintas fuerzas políticas -si quieren- pueden ponerse de acuerdo. Y como soñar es gratis, cabe preguntarse qué aspecto tendría una agenda climática nacional que fuese, a la vez, pragmática y realista.

Dado que España posee un alto grado de dependencia exterior, que solo el aumento paulatino de la producción de energía renovable podrá reducir, buena parte del esfuerzo colectivo consistirá en reducir la intensidad energética de nuestros sectores productivos y aumentar la eficiencia energética del sistema social. Tal como ha señalado Roberto Gómez-Calvet en Panorama social, aunque aquí se ha avanzado en el desacoplamiento entre producción de riqueza y consumo de energía, hay algunos sectores -como el manufacturero- cuya intensidad energética casi dobla la media europea. El poder público debe impulsar este proceso, recurriendo a los incentivos y evitando el dirigismo donde sea posible, facilitando una transición ordenada por medio de asesoramiento técnico y estímulos fiscales. Para asegurar el suministro, parece asimismo recomendable posponer el cierre de las centrales nucleares aún en funcionamiento: el prejuicio ideológico contra este tipo de energía no debería hacernos prescindir de ella en un momento -descarbonización y guerra- en el que su aportación al mix no debiera desdeñarse.

En cuanto a la electrificación del transporte, no puede imponerse por decreto sin atender a las necesidades de los ciudadanos. La sustitución del parque automovilístico necesitará de ayudas públicas y habrá de contemplar alternativas como el coche híbrido. El fortalecimiento de la red ferroviaria de Cercanías habría de acompañar a este proceso, aliviando de paso el problema del acceso a la vivienda: quien no pueda vivir en el centro urbano, habrá de poder desplazarse fácilmente a la periferia. Finalmente, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas requiere una gestión más flexible: además de subvenciones públicas de tramitación sencilla, es preciso que los Gobiernos municipales faciliten a los ciudadanos las actuaciones correspondientes en lugar de obstaculizarlas y ralentizarlas. Y no hace falta ser ecologista para pedir que nuestros munícipes moderen su guerra contra el coche y, sin embargo, planten árboles, abran parques, pongan pérgolas en plazas duras, promuevan la instalación de jardines verticales o pinten los tejados de blanco: la suma de estas modestas iniciativas contribuye tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático.

Un problema tradicional que ha padecido España -sobre todo, su mitad sur- corre el riesgo de estar agravándose y exige la máxime atención de nuestros poderes públicos: la falta de lluvias. Que hasta un 16% del agua disponible para el consumo urbano se pierda por deficiencias en la red es un lujo que no podemos permitirnos; por su parte, la construcción de desaladoras es un lujo que debemos pagar: no siendo una solución ideal, son una póliza de seguro para tiempos de necesidad. A ello habría que añadir la racionalización del consumo agrícola y no debería verse con malos ojos un aumento del precio que todos pagamos por este recurso escaso. Tampoco la imposición de una tasa turística finalista que -aunque el sector pondrá el grito en el cielo- podría destinarse a la financiación de infraestructuras o a la reparación de la red. Disponer de un Plan Hidrológico Nacional, capaz de redirigir los recursos sobrantes a las cuencas deficitarias cuando sea posible, se ha demostrado imposible; sin embargo, tiene todo el sentido del mundo.

Podemos dejarlo aquí. No son medidas originales, ni falta que hace; solo un recuento de lo ineludible. De qué manera puede hacer esto un país crecientemente endeudado, con una menguante capacidad estatal, una administración pública envejecida que se ha mostrado incapaz de absorber eficazmente los fondos europeos y un sistema político pendiente de las demandas confederalizantes de sus separatismos, ya es asunto distinto.

Manuel Arias Maldonado es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Su último libro es Abecedario democrático (Turner, 2021).

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