España ante el problema del Sáhara: por una solución magrebí

Tema: En este análisis se hace un repaso actualizado de la cuestión del Sáhara Occidental y de sus implicaciones para la política exterior española.

Resumen: La extremada perduración del problema del Sáhara traba las relaciones de España con sus vecinos del Magreb y contribuye a la inestabilidad e inseguridad en la región norteafricana, que conoce en los últimos tiempos nuevos peligros con el desarrollo del yihadismo en el Sahel. En las casi cuatro décadas de su existencia, las dos partes en conflicto apenas han llegado a mover sus posiciones originarias, lejos de encontrar una solución política mutuamente aceptable como se preconiza desde las Naciones Unidas (ONU). La autonomía propuesta por Marruecos no logra servir de punto de partida para una negociación sobre contenidos de la misma, pese a haber recibido avales de alguna potencia, pero sin que el Polisario entienda que ofrece garantías suficientes para una solución duradera que dé satisfacción a sus aspiraciones.

Análisis: El conflicto del Sáhara se prolonga ya 38 años sin que se entrevea una posible salida. Para España no es un conflicto exterior más, sino que tiene derivaciones de política interior que le afectan directamente en su acción exterior. Las responsabilidades históricas contraídas en el origen del problema –una descolonización mal resuelta o inconclusa–, la solidaridad de amplios sectores de la opinión pública española, particularmente en la izquierda, con una de las partes del conflicto, el Frente Polisario, y las imprescindibles pero zigzagueantes y recurrentemente conflictivas relaciones del Estado español con la otra parte, Marruecos, convierten el prolongado problema del Sáhara en casi una cuestión interna más de la política española.

Estas razones mueven a efectuar una mirada de balance al momento en el que se encuentra tan espinosa cuestión como es la sahariana, capaz de complicar la acción exterior española en uno de sus puntos más sensibles, su frontera sur.

La estéril prolongación del conflicto
El Frente Popular de Liberación de Saguia al-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), que reivindica desde su fundación en 1973 la independencia del Sáhara Occidental, mantiene su reclamación de un referéndum de autodeterminación que no se celebró ni por la potencia colonizadora en 1975 ni bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU) desde 1991 en que se firmó un Plan de paz entre las partes reconocidas en conflicto: Marruecos y el propio Frente Polisario. Marruecos por su parte, que controla la parte norte del territorio –el Saguia al-Hamra– desde 1975 y la parte sur –el Río de Oro o Wadi Eddahab– desde que Mauritania se retiró en 1979, se reafirma en su idea de que es una tierra que le pertenece históricamente y ha buscado a lo largo de todo este tiempo fórmulas de dilación para no modificar la anexión y permitirle prolongar su presencia en el territorio.

Al Frente Polisario le conforta el que la legitimidad internacional está de su parte, puesto que se trata de un proceso de descolonización inconcluso que exige la consulta a la población saharaui. Marruecos mantiene una posición ambigua al aceptar, por una parte, negociaciones con el Frente Polisario para lograr una solución, lo que indirectamente supone reconocer que se trata de un problema sin resolver, mientras que por otra, mantiene oficialmente –y ante su opinión pública– un discurso cerrado en el que se demoniza al adversario y no se cuestiona la marroquinidad del territorio.

La extremada prolongación del conflicto es una cuestión que afecta directamente a España, tanto por los lazos históricos que la unieron al territorio, como por la hipoteca que pesa sobre unas relaciones estratégicas como son las hispano-marroquíes. La sensibilización de la opinión pública española, preocupada por la no conclusión del proceso descolonizador y por la responsabilidad contraída por nuestro país al firmar los acuerdos de Madrid en 1975, se ha convertido en una importante cuestión de política interior española.

Si recordamos la historia del conflicto, Marruecos hizo una lectura parcial de la sentencia del Tribunal de la Haya en 1975, en base a la cual lanzó la Marcha Verde. En los discursos de Hassan II de la época, en los mensajes de movilización de su pueblo, repetidos insaciablemente hasta la actualidad por el discurso oficial marroquí, se presentó aquella sentencia como un éxito de Marruecos, al reconocer el Tribunal vínculos entre el Sultán marroquí y ciertas tribus saharauis que indicaban cierta autoridad respecto a las tribus, pero se omitió –conscientemente, y se sigue omitiendo hasta hoy– la otra parte de la sentencia en la que el Tribunal negó que dichos vínculos fueran indicativos de lazos jurídicos de soberanía territorial del Sáhara Occidental con Marruecos, por lo que seguía siendo necesario aplicar el principio de autodeterminación de las poblaciones. La política exterior del Reino de Marruecos ha estado dominada estos 38 años por este discurso, condicionando casi absolutamente todas sus relaciones exteriores a la defensa de lo que considera su integridad territorial.

El Frente Polisario por su parte, tras la salida de las tropas españolas del territorio, autoproclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con base en los campamentos de Tinduf, en territorio argelino, y una precaria instalación en la localidad de Tifariti, en el territorio del Sáhara, lanzando una campaña diplomática con el apoyo de su país de acogida que logró el reconocimiento de 46 países entre 1976 y 1980, el ingreso en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984, y sumar hasta 80 adhesiones a su causa, cifra que fue disminuyendo paulatinamente como consecuencia del desgaste producido por el enquistamiento del conflicto. Pero el carácter más virtual que real de esta República del desierto, confundida con el movimiento de liberación que la creó, ha hecho que no disponga de ningún papel en la resolución del problema, ausente de los foros de encuentro propiciados por Naciones Unidas.

Tras años de guerra, de acuerdos firmados para lograr la paz, procesos de identificación de la población con derecho a formar parte del censo que habría de decidir el futuro del territorio, de maniobras para dificultarlo con el traslado al territorio de decenas de millares de una población no autóctona, de propuestas fallidas de solución efectuadas por el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, de rondas de negociaciones directas impulsadas por la ONU, la cuestión sigue enquistada, sin resolver. Mientras, una población de refugiados, que las distintas partes difieren en su estimación de entre 60.000 y 150.000 personas, sigue viviendo casi cuatro décadas fuera del territorio, en los campamentos de Tinduf, al sur de Argelia, no lejos de la frontera del Sáhara Occidental. Está instalada en condiciones precarias, dependiendo de una ayuda humanitaria cada vez más debilitada. Este factor del sufrimiento de una gran masa de población desplazada de su tierra y viviendo en un territorio inhóspito es sin duda lo que más presión debe hacer para que no se demore una solución al problema.

Desde finales del año 2000 las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, los Informes del secretario general y de su representante especial, han insistido reiteradamente en que no se avanzaría en la resolución del problema “a menos que el gobierno de Marruecos estuviera dispuesto a ofrecer o apoyar la restitución de algunas funciones gubernamentales a los habitantes y antiguos habitantes del territorio, y que esta medida fuera genuina y sustancial y acatara las normas internacionales”.

En esta dirección fueron los dos proyectos que el representante del secretario general de la ONU para el Sáhara, James Baker, presentó para dar una salida intermedia a un problema que se prolongaba ya más de dos décadas. La búsqueda de una “Tercera vía” estaba detrás del Acuerdo Marco de 2001 que rechazaron Argelia y el Polisario por temer que el ejecutivo autonómico provisional saharaui que se proponía careciese de garantías y resultase un rehén de Marruecos. El Plan de Paz para la Libre Determinación de los Habitantes del Sáhara Occidental propuesto por Baker en 2003, en línea también con la idea de una autonomía provisional, recibió el “no” de Marruecos ante lo que consideró como otorgar ventajas a su oponente para su propaganda, sin entender que de lo que se trataba era de llegar a una reconciliación entre las partes, a una necesaria normalización de la imagen del otro, o, dicho de otro modo, a acabar con la demonización mutua, con el lenguaje que tachaba –y sigue tachando– a unos de separatistas, de mercenarios, y a los otros de colonialistas, de ocupantes. La idea que se proponía en el Plan, de creación de una estructura judicial independiente en el Sáhara respecto de la de Marruecos, fue también causa de la negativa marroquí.

El plan de autonomía
No fue hasta abril de 2007 cuando Marruecos ofreció un plan de autonomía en la dirección sugerida por Naciones Unidas. El documento, titulado Iniciativa marroquí para la negociación de un Estatuto de autonomía de la región del Sáhara, hablaba de autonomía, de amnistía, de revisión constitucional e incluso de elección del presidente de una futura autonomía saharaui por un Parlamento compuesto de miembros elegidos por las diferentes tribus saharauis y por miembros electos por sufragio universal directo de los habitantes de la región, con muy amplias competencias. Pero en los siete años transcurridos desde entonces, dicho plan no ha pasado de ser papel mojado, ya que no se ha adoptado ninguna disposición efectiva que permita la participación real de la población originaria del territorio en la gestión de la vida política y económica en la zona.

Lejos de ello, en estos años se han puesto de manifiesto graves problemas de convivencia entre los diferentes grupos humanos que pueblan el territorio. Tanto los acontecimientos derivados del desmantelamiento de la acampada masiva de Gdym Izik, en las inmediaciones de El Aaiún, a finales de 2010, como los enfrentamientos en Dajla a lo largo de 2011, se han resuelto mediante la represión, sin lograr un diálogo entre oriundos, nuevos pobladores y autoridades.

El clima que se vive en el territorio del Sáhara Occidental dista mucho del de las ciudades de Marruecos, siendo en el territorio saharaui continuadas y frecuentes las violaciones de los derechos humanos, especialmente con los habitantes oriundos del Sáhara que se expresan en contra de las tesis oficiales marroquíes. Las asociaciones de defensa de derechos humanos, animadas por los partidarios de la autodeterminación, como el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis (CODESA) y la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (ASVVDH), siguen sin ser reconocidas, aunque se les permite cierta actividad en una paralegalidad que mantiene sobre ellas la espada de Damocles de la represión.

El Frente Polisario ha basado su estrategia contra Marruecos en los últimos años en la denuncia en los foros internacionales de estas violaciones persistentes y demanda que la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, que se ocupa de la cuestión tenga competencias para la vigilancia de los derechos humanos en el territorio. Marruecos, por su parte, lo considera una injerencia en sus asuntos internos y la proposición que EEUU iba a presentar en el Consejo de Seguridad, en abril de 2013, para atribuir a la MINURSO dichas competencias, no fue llevada finalmente a término.

Ello creó serios roces en la relación entre ambos países, resueltos en el viaje de Mohamed VI a Washington en noviembre de 2013, tras el cual, por primera vez, una administración americana consideraba la propuesta marroquí de autonomía como “seria, realista y creíble” y como un posible enfoque para satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental para resolver sus propios asuntos en paz y dignidad. A juicio de Anna Theophilopoulou, colaboradora en su día de James Baker en su mediación en el Sáhara, este pronunciamiento no facilitará la tarea del enviado especial de la ONU, el diplomático estadounidense Christopher Ross, en su búsqueda de un compromiso entre las partes en conflicto, en tanto reforzará a Marruecos en su tesis de que es el Polisario el que debe dar el paso de aceptar el plan de autonomía como base de discusión.

Es cierto que el plan de autonomía proponía aspectos novedosos como que “las poblaciones del Sáhara gestionarían por sí mismas y democráticamente sus asuntos a través de órganos legislativo, ejecutivo y judicial dotados de competencias exclusivas”. Planteaba la elección de un presidente del territorio por una Asamblea Parlamentaria electa, con amplias competencias administrativas, económicas, sociales y culturales, prometía una amnistía general que excluyera toda persecución, detención o intimidación a los partidarios de la otra parte, y proponía negociar las competencias de la autonomía poniendo como límites los atributos de soberanía, la institución monárquica, la seguridad nacional y la defensa exterior. Se ofrecía incluso constitucionalizar a manera de garantía estas ofertas.

Pero en los años transcurridos desde abril de 2007 no sólo no se dio ningún paso en esa dirección, sino que, con motivo del proceso constituyente que se abrió en los días de la llamada “primavera árabe”, se perdió una oportunidad de oro para abrir un gran debate nacional sobre una cuestión que se considera clave para el futuro del país pero que sigue constituyendo un verdadero tabú.

La nueva constitución promulgada el 1 de julio de 2011 dio un modesto paso al reconocer la componente identitaria saharo-hassaní como parte integrante de la identidad cultural marroquí y al proponer la preservación de la lengua hassanía como uno de los elementos constituyentes del patrimonio lingüístico de Marruecos. Pero no se produjo ningún avance institucional que facilitara una posible solución del problema saharaui, y siguió definiendo el sistema político imperante como una “monarquía ejecutiva”, rechazando las demandas de más democracia en el marco de una monarquía parlamentaria que en los primeros meses de 2011 se habían expresado en manifestaciones populares en las calles de más de 100 ciudades del país.

Ni desde la sociedad civil marroquí, ni desde los partidos políticos, ni desde el poder real, el Sáhara estuvo presente en los 100 días que duró el debate constitucional. La constitución de 2011 hubiera sido la oportunidad para ofrecer garantías a la otra parte del conflicto de una descentralización efectiva del país, limitando la tutela omnipresente de los walis o gobernadores dependientes directamente de la autoridad real, dibujando una nueva estructura territorial que diera encaje a la posibilidad de establecer una genuina y auténtica autonomía para una región como el Sáhara. Es más, la prohibición expresa de constituir partidos políticos de carácter regional ha cerrado el paso a la canalización democrática de las corrientes políticas que defienden diversas propuestas para solucionar el problema, incluida la opción a la independencia. Corrientes que hoy no tienen ninguna posibilidad de expresarse de manera política, como demuestran los continuos disturbios que se viven cotidianamente en el territorio con unos y otros motivos.

La desconfianza del Frente Polisario proviene de ahí, de que no ve garantías de que el proyecto de autonomía prometido en 2007 pueda hacerse realidad y esté garantizado por un sistema político democrático que lo respalde.

El problema del Sáhara depende, desde hace 38 años, de una cuestión esencial: que los hombres y mujeres del Sáhara Occidental se sientan reconocidos como los primeros ciudadanos en su propia tierra, capaces de dirigir su destino en armonía con sus hermanos marroquíes. Pero no es eso lo que ocurre. Los más de 100.000 marroquíes que en los años 90 fueron trasladados e instalados en el territorio con el objeto de manipular el censo de los saharauis que habrían de votar en el referéndum de autodeterminación, superan hoy a la población autóctona, triplicándola incluso. Sus difíciles condiciones de vida, tanto de vivienda como de trabajo, a pesar de las subvenciones que reciben mensualmente del Estado, han provocado desarraigo entre los más jóvenes, en su mayoría sin ocupación ni empleo, que protagonizan intermitentemente enfrentamientos con la población autóctona con unos u otros motivos, llegando hasta producir víctimas. Enfrentamientos a los que no han sido ajenos, en algunos casos, las intrigas entre diferentes fracciones del poder político, económico y militar en la zona, como se evidenció en el dramático episodio del campamento de Gdym Izik en noviembre de 2010.

Los obstáculos a una solución
Entre los obstáculos que dificultan hoy una salida al problema está sin duda la mala información sobre su naturaleza de que goza la opinión pública marroquí, educada y convencida de una versión parcial del problema, ajena a todo debate sobre la cuestión, ya que cualquier disensión de la versión oficial es susceptible de represión por constituir una línea roja infranqueable el defender cualquier posición diferente. Ello margina y criminaliza a sectores minoritarios que defienden abiertamente la independencia, sobre los que pesa una represión continuada, denunciada por los informes de ONG e instituciones de defensa de los derechos humanos en la zona. Además, se ha extendido entre la población marroquí la idea de que el saharaui es un privilegiado que vive sin trabajar, consecuencia de las ventajas fiscales de las que se benefician sectores favorecidos en el territorio y de las subvenciones que recibe la población y de que todo ello es el causante de las dificultades económicas que vive el país. Todo esto provoca un recelo y animadversión en el marroquí hacia el saharaui, agigantado por campañas criminalizadoras contra manifestantes y protestatarios.

Hay que reconocer algunos tímidos pasos que aún no han logrado modificar la política tradicional, predominantemente securitaria, sobre la cuestión. Entre ellas, el establecimiento por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos de secciones regionales en el Sáhara, aunque no se las ha visto muy eficaces hasta el momento, si bien, en víspera de la votación de la renovación de la MINURSO, el Gobierno de Marruecos hizo público a mediados de marzo de 2014 que se comprometía a responder con “rapidez y eficacia” las quejas sobre atropellos de derechos humanos en el Sáhara recibidas por las delegaciones del CNDH en el Sáhara. También por los mismos días el consejo de ministros presidido por Mohamed VI aprobó la reforma de la justicia militar en la dirección sugerida al Rey por el mismo Consejo de suprimir la justicia militar contra civiles tras la injusta y durísima condena a 24 militantes independentistas saharauis acusados, sin fundamentos, de los sucesos de Gdym Izik. Si bien esta misma condena reveló la vigencia de la política de mantener el Sáhara sometido a condiciones de excepción, que hacen que no pueda ser visitado libremente por periodistas ni delegaciones extranjeras.

Es evidente que estas dos medidas revelan que Marruecos quiere presentar una buena imagen ante la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que habrá de celebrarse un mes más tarde y su eficacia sólo podrá medirse por la buena práctica de la primera y la letra pequeña de la redacción del texto legislativo que se vote finalmente en el parlamento, sin olvidar el peso que la poderosa institución castrense podrá seguir ejerciendo en el futuro sobre las decisiones de los jueces.

No obstante, la autorización a parlamentarios españoles de visitar el territorio y entrevistarse con organizaciones independentistas, las visitas a la zona de diplomáticos en puesto en Rabat, o encuentros como el de delegaciones de la juventud del Frente Polisario y de la Unión Socialista de Fuerzas Populares de Marruecos, con visitas a ambos lados del muro, organizado a iniciativa de la Internacional Socialista, parecen abrir un poco la rigidez del panorama. Aunque las trabas impuestas a la delegación británica en representación del Intergrupo Parlamentario sobre el Sáhara Occidental en febrero de 2014 revelan las dudas de las autoridades marroquíes a cambiar de política.

La posición de Marruecos, confortada por el respaldo de la Administración Obama en noviembre de 2013, sigue marcada por las palabras del monarca en la apertura del parlamento en octubre del mismo año, las cuales no presagian un futuro inmediato de distensión: “La situación es difícil y de momento nada está decidido. Las maniobras de los adversarios de nuestra integridad territorial no se van a detener, lo que podría colocar nuestra causa ante desarrollos decisivos”. El recurso permanente a la demonización del adversario, a los enemigos de la Nación –algo que, hay que reconocer, no practica sólo Marruecos, pues el Polisario lo reproduce con sus seguidores– estorba la posibilidad de acercar las posiciones de ambos contendientes.

Hay otro factor que debe ser tenido en cuenta: ¿es el Polisario un actor completamente autónomo o el hecho de que su base esté en territorio argelino lo condiciona plenamente en sus decisiones? Marruecos ha insistido siempre y de manera obsesiva, en la dependencia del movimiento respecto de Argelia, privándole de personalidad propia y deslegitimando sus razones al convertirlo en un simple peón del país vecino. Es cierto, y lo hemos visto en algunas de sus decisiones, sobre todo cuando estuvo en contra o a favor de los planes propuestos por James Baker, que sus pronunciamientos iban a remolque de ciertos dictados argelinos. Pero en las discusiones con Marruecos es su voz la que es escuchada y es con ellos con quienes a fin de cuentas se llegará o no a un acuerdo.

Marruecos ha jugado con el tiempo creyendo que era su principal aliado. Dejar transcurrir años y más años con el conflicto sin resolver –embrollando así la cuestión con poblaciones de otros orígenes transportadas al territorio, que hacían técnicamente cada vez más difícil la posibilidad de un referéndum– fue pensada por algunos como una buena estrategia que, sumada al cansancio de unos refugiados que viven en condiciones muy difíciles, acabaría por hacer ceder a la otra parte. Sin embargo, el tiempo transcurrido ha hecho aparecer nuevos problemas en los que la cuestión del Sáhara ha adquirido una nueva dimensión securitaria que exige, por las dos partes en conflicto, acelerar una solución que evite que el Sáhara pueda sumergirse en el clima de inseguridad que se vive hoy en la región del Sahel. Una pronta resolución del conflicto ahorraría mucha frustración entre una juventud sin perspectivas en los campos de Tinduf, cuya desesperación pudiera arrojarla en manos de grupos yihadistas que empiezan a hacerse visibles en el África noroccidental. España se encuentra directamente concernida por la inestabilidad que estos grupos crearon en un país de la región como es Mali, contribuyendo nuestro país desde hace meses con un destacamento militar a la formación del Ejército maliense. Desactivar futuros focos de tensión e inseguridad es por tanto una tarea primordial de nuestra acción exterior, y en ello la resolución del problema del Sáhara es un factor esencial.

La necesidad de un clima de confianza
¿Cómo crear el clima de confianza imprescindible para lograr una solución entre dos partes que se rechazan mutuamente?

El problema saharaui es complejo y su solución no puede encontrarse en un “sí” o en un “no” expresado en una consulta sobre la adhesión a principios abstractos como “independencia” o “integridad territorial”. El profesor René Gallissot consideraba hace unos años como un error limitarse a estas dos únicas salidas de un referéndum, ambas “probablemente imposibles o ruinosas”.

Las posiciones enquistadas de Marruecos y el Polisario deben razonarse, teniendo en cuenta la historia de este conflicto, especialmente la del sufrimiento de los pueblos saharaui y marroquí, ambos víctimas por diferentes razones. En el encuentro que tuvo lugar en Rabat en 1996 entre una delegación marroquí presidida por el entonces príncipe heredero Mohamed, hoy Rey, y otra del Frente Polisario presidida por Bachir Mustapha Sayed, se reconocieron por ambas partes los sacrificios sufridos, que provocaron nacionalismos arraigados. Este reconocimiento del sufrimiento mutuo es importante, pero también debe serlo el reconocer las razones del adversario, así como los errores propios cometidos por ambas partes, sin lo que será imposible acercar posiciones. Únicamente en la autocrítica se podrá encontrar el principio del entendimiento. El trabajo realizado por la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) entre 2004 y 2005 en el Sáhara dejó lagunas importantes en el recuento de las violaciones cometidas por Marruecos en la región, sin cuyo reconocimiento no se llegará a resolver el problema: bombardeos de civiles con armas prohibidas, desapariciones forzosas nunca aclaradas (el IER identificó 211 personas desaparecidas y localizó 44 sepulturas de fallecidos, muchos menos que los que los saharauis admiten), criminalización de las víctimas e impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Pero falta una reparación comunitaria acorde con las expectativas de la población originaria del territorio.

Por su parte, el férreo control ideológico ejercido durante décadas por el Polisario sobre las poblaciones a su cargo ha impedido cualquier disidencia, provocando represión en unos casos y retornos continuados a Marruecos de cuadros descontentos, con quienes el Polisario rechaza todo contacto posterior, impidiendo un papel de mediación que algunos de ellos podrían desempeñar en el conflicto.

Para que la legalidad internacional se imponga, parece ineludible que el proceso concluya con un referéndum en el que los saharauis expresen libremente su voluntad. Así lo reconoce incluso la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de 2007: “el estatuto de autonomía, resultado de negociaciones, será sometido a una consulta refrendaria de las poblaciones concernidas, conforme al principio de autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Una fórmula posible para ese referéndum podría ser, tras lograr un acuerdo político entre Marruecos y el Frente Polisario, con garantías internacionales, el que la población saharaui concernida se pronunciase sobre ese “estatuto negociado por las dos partes, sin riesgo de ganar o perderlo todo”, como señaló en su carta al presidente Abdelaziz Buteflika el ex prisionero político marroquí Abraham Serfaty el 8 de enero de 2000, en la que hablaba de un Sáhara “ligado a Marruecos mediante una solución negociada en el marco y al amparo del derecho internacional”, dando así fin a un conflicto en el que no hubiera ni vencedores ni vencidos, ni humilladores ni humillados.

La aproximación desarrollista marroquí
Marruecos parece apostar en los últimos tiempos por una aproximación al problema del Sáhara basada en el desarrollo económico de la zona y en lo que denomina una “gobernanza renovada”. En su discurso conmemorativo de la Marcha Verde en noviembre de 2013, Mohamed VI aseguró no subordinar la evolución de la cuestión sahariana a lo que pueda decidirse en la ONU, sino optar por el desarrollo integrado de la región. En el Nuevo modelo de desarrollo para las provincias del Sur, elaborado por el Consejo Económico, Social y Medioambiental marroquí (CESM), se insiste en la equiparación del Sáhara Occidental y sus regiones vecinas –consideradas todas ellas por Marruecos como “provincias del Sur”: regiones de El Aaiún-Bojador, Uadi Eddahab-Lagüera y Guelmim-Smara– al resto de las regiones de Marruecos, convirtiendo la zona en un “espacio geoestratégico de referencia” para la región euro-africana, proyectando en el horizonte de los próximos 10 años doblar el PIB, creando 120.000 nuevos empleos y reduciendo el paro a menos de la mitad. El CESM contempla en su informe –por primera vez en un documento público marroquí– la preparación del retorno de las poblaciones de los campos de Tinduf, permitiéndoles su integración en la vida social y económica del Reino. Para ello, dice prever la creación de un fondo interregional dedicado al sostenimiento social y a la integración de los retornados, fondo que será confiado a una Agencia especial.

El nuevo modelo no se propone como una alternativa a las negociaciones que seguirán en el marco de la ONU en torno al plan de autonomía, sino que, se dice, se realizará en el marco de la regionalización avanzada, lo que por el momento significa poco, dado que el proyecto de regionalización hecho público en 2011 está aún pendiente de concreción y de una Ley Orgánica que lo defina. En cualquier caso, este Nuevo modelo de desarrollo no contempla fórmulas de participación en la gobernanza que abran paso a una descentralización real (fuera de una retórica referencia al papel consultivo de los jeques de las principales tribus de la región), siempre bajo la vigilancia de los walis y el pilotaje de una Alta Autoridad encargada de la coordinación del desarrollo de la zona, siempre desde Rabat.

La resolución del problema tiene, además de una dimensión política, otra económica. La propuesta desarrollista de Marruecos se va a encontrar con el creciente endeudamiento público de Marruecos que hará difíciles las perspectivas de creación de empleo y riqueza no sólo para la ya crecida población del territorio, sino pensando también –como dice el proyecto– en los refugiados de Tinduf que deberán reintegrarse en la zona. Estos necesitarán empleo y una vivienda digna para quienes carecieron de ella durante decenios, condiciones difíciles de resolver tanto para un Marruecos que hubiera obtenido internacionalmente el derecho a conservar el territorio, como para una RASD que hubiera logrado el reconocimiento internacional. ¿De dónde extraer el fondo interregional del que se habla en el Nuevo modelo de desarrollo sin la contribución de una inversión extranjera, imposible mientras siga sin resolver el problema de fondo? La eventualidad del descubrimiento de petróleo en la región, que podría aligerar la dimensión económica del problema, podría por el contrario convertirse también en un factor que complicase aún más el conflicto.

El Polisario, por el momento, no parece dispuesto a jugar la partida autonómica. Se escuda en que, por ahora, Marruecos no ha ofrecido todavía las garantías necesarias, que impliquen la evidencia de una democratización efectiva en el país, que la realidad cotidiana no confirma. Sin embargo, presionando en el sentido de llenar una autonomía de las máximas competencias posibles, intentando negociar para asentar un régimen pleno y garantizado de autogobierno para el Sáhara Occidental, en un Marruecos democrático, descentralizado y plural, que le reconozca su derecho a participar en la vida política a sabiendas de que defiende un proyecto alternativo, el Polisario podría dar un paso decisivo no sólo hacia la reconciliación de saharauis y marroquíes, sino que contribuiría a crear un Marruecos verdaderamente democrático y estable y a sentar las bases de la construcción de un Magreb de las regiones que ponga fin a las rivalidades por la hegemonía que han caracterizado la historia reciente de la zona desde aquella desgraciada guerra de las Arenas de 1963 que convirtió en endémica la enemistad argelino-marroquí.

Por un Magreb solidario y unido
La crisis institucional que vive actualmente Argelia, ante unas inciertas elecciones presidenciales, afecta sin duda a la cuestión sahariana. Un relevo del presidente Buteflika, poco previsible tras la declaración de su candidatura a un cuarto mandato, podría dar lugar a una visión más realista del problema. Los comunicados oficiales tras la visita del presidente de Mali, Ibrahim Boubakar Keita, a Argel, en enero pasado, parecían indicar que Argelia podría embarcarse en una posición más flexible en busca de una solución política mutuamente aceptable en el Sáhara y en el apoyo a la actuación del enviado personal del secretario de la ONU para alcanzarla. Pero la tensión entre Marruecos y Argelia que ha persistido después, en febrero, con la acusación por el primero al segundo de haber efectuado disparos contra puestos fronterizos marroquíes, parece desmentir esa esperanza de flexibilización. Por su parte, Argelia no ha visto con buenos ojos que Marruecos se inmiscuya en la política de Mali, con la visita oficial de Mohamed VI y su entrevista con los rebeldes tuaregs del MNLA.

El acercamiento entre Marruecos y Argelia parece desgraciadamente, hoy por hoy, poco previsible. Su primer paso debería ser, sin duda, la apertura de fronteras entre los dos países, querida y solicitada por el primero, pues permitiría dinamizar la actividad intramagrebí, haciendo avanzar la interrumpida integración regional de los países magrebíes que viven mutaciones claves tras la “primavera árabe”. Lo que aportaría sin duda el clima necesario para poner en vías de solución el problema del Sáhara.

Conclusión: Para la política exterior española, ese acercamiento entre Argelia y Marruecos levantaría la hipoteca que supone para nuestra acción exterior la rivalidad entre los dos países magrebíes, permitiendo desarrollar una política hacia cada uno de los países sin estar condicionada por las presiones del otro. Y abordar así una acción conjunta con sus dos vecinos del Sur en cuestiones clave como la seguridad y las migraciones que ayudaría a construir un Norte de África más seguro y estable que tendría repercusiones directas sobre la región del Sahel, cuya inestabilidad debe mucho a ese enconado enfrentamiento entre las dos potencias del Magreb.

Bernabé López García,  Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), Universidad Autónoma de Madrid.

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