Resumen ejecutivo:
La energía representa un sector clave en la evolución del panorama estratégico internacional. Su aportación resulta de vital importancia para garantizar la supervivencia humana sobre el planeta, ya que, además de fuente de suministro destinada a cubrir necesidades elementales, la energía se erige como el motor básico que impulsa el desarrollo económico mundial, contribuyendo a garantizar el mantenimiento del privilegiado modelo del Estado del bienestar, en el que se sustentan los países más desarrollados del contexto internacional, como es el caso de España. Su función insustituible explica, entre otros factores, la continua y creciente demanda de recursos energéticos, especialmente de petróleo y gas, auténticos pilares de un modelo de desarrollo que, sin embargo, resulta insostenible a medio plazo.
Nos encontramos, así, ante la paradoja que representa un paradigma energético vital para el progreso económico, pero insostenible, dada la magnitud de los desafíos y los efectos adversos asociados a la explotación de los combustibles fósiles (gas y petróleo), y entre los que cabría destacar: la generación de gases de efecto invernadero (GEI) y su repercusión sobre el cambio climático; la extrema dependencia por parte de los países más desarrollados de las importaciones de petróleo y gas, cuyas reservas se encuentran concentradas en un número limitado países, inmersos, por lo general, en situaciones de alto riesgo geopolítico, incrementando, así, la vulnerabilidad física de los importadores de energía; el aumento sostenido de una demanda energética mundial, donde, previsiblemente, la contribución de los combustibles fósiles continuará dominando la mezcla energética a escala global, con los consiguientes incrementos en emisiones GEI; los altos costes de inversión de la incipiente industria de las energías renovables, que siguen precisando del aporte de los ciclos combinados de gas como garantía complementaria de suministro del sistema; la limitada eficacia de las políticas de ahorro y eficiencia energéticas; o la incorporación de países emergentes como China, India y Brasil, cuya voracidad en la demanda de energía ha venido a agravar el impacto negativo de un modelo de crecimiento, desarrollo y progreso que, sin embargo, continúa desatendiendo las necesidades elementales de más 2.000 millones de personas, que, aún hoy, carecen de acceso a servicios energéticos básicos y modernos. Y es que la energía representa el componente esencial para promocionar un desarrollo económico y social sostenible, en lo que debería ser un orden mundial más equitativo, ya que esta lamentable situación de pobreza energética no tiene que ver con la carencia de recursos energéticos, sino con su distribución.
La suma de estos factores nos sitúa en un escenario donde es preciso y urgente establecer un marco conceptual apropiado, a partir del cual puedan identificarse correctamente los objetivos e intereses relacionados con la seguridad energética en un panorama dominado por la confrontación geopolítica y geoeconómica, en consonancia con la defensa de opciones energéticas nacionales, vinculadas indefectiblemente con la producción y consumo de gas y petróleo, y sometidas a los imperativos del cambio climático y la generación de electricidad.
La seguridad energética para consumidores ha sido definida por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como la capacidad de garantizar el suministro energético a unos precios razonables, atendiendo a consideraciones medioambientales. Lamentablemente, esta definición también resulta insostenible, en la medida en que su planteamiento, en un contexto de interdependencia global, se centra exclusivamente del lado de los consumidores de energía, desatendiendo, en consecuencia, otras variables relevantes que intervienen en los procesos de intercambio de los flujos energéticos. En este sentido, el concepto formulado por la AIE no contempla aspectos tan cruciales como las necesidades de seguridad en la demanda que exigen los países productores; los desafíos que representan los nacionalismos energéticos de los países productores y, también, de los países consumidores; los riesgos derivados de las posibles interrupciones en el suministro; las incertidumbres asociadas al acceso y distribución de los recursos energéticos a largo plazo; o la participación en el juego geopolítico de actores no estatales, cuya estrategia de violencia supone una grave amenaza para los intereses de seguridad energética de países productores e importadores.
Así, en un contexto energético dominado por la vulnerabilidad física, la dependencia de los hidrocarburos, la pobreza energética, la competición geopolítica y el desafío del cambio climático, la política energética de España, en su papel de país consumidor, debe dar prioridad a la seguridad en el suministro con el fin de garantizar, a corto, medio y largo plazo, un abastecimiento energético seguro, estable y de calidad. La consecución óptima de este fin estatal conlleva la planificación y desarrollo de una política de gobierno construida sobre la base de cinco grandes ejes estratégicos, desde los que se deben desplegar distintas medidas, iniciativas y proyectos destinados a incrementar la seguridad en el suministro, elevando el grado de autoabastecimiento, mediante las aportaciones energéticas de fuentes alternativas, reduciendo, en consecuencia, nuestro extremo nivel de dependencia, situado en torno al 80%.
Estos cinco ejes estratégicos vienen definidos por: 1) desarrollo de infraestructuras para el transporte de energía; 2) mejora de las interconexiones eléctricas y gasistas; 3) impulso del autoabastecimiento, mediante el desarrollo de energías renovables, sin descartar, al menos de momento, la importante aportación de la energía nuclear; 4) diversificación en los aprovisionamientos; y 5) incremento en la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas. Objetivos, que, por otra parte, conectan con las principales líneas de actuación estratégica de la UE, centradas en la diversificación en el origen de las importaciones; fomento de las interconexiones de gas y electricidad; desarrollo de las energías renovables, como instrumento para mejorar el autoabastecimiento energético de la Unión; e impulso de las medidas de ahorro y eficiencia energéticas, líneas maestras que configuran la estrategia de seguridad energética de la UE, en la que España debe permanecer incardinada para garantizar una mejor defensa de sus intereses energéticos, superando la concepción de isla energética.
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Por Soledad Segoviano Monterrubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 25/02/11):