España, ante una situación dificilísima

Existe una desconfianza creciente de los mercados financieros internacionales respecto a nuestra capacidad para hacer frente al servicio de la Deuda. No solo de la deuda pública, sino de la total contraída por España. A esta situación de angustiosa dependencia de los mercados hemos llegado: por invertir demasiado y mal en el sector inmobiliario y en infraestructuras; por un gasto público creciente, descontrolado y opaco, y por haber vivido durante años por encima de nuestras posibilidades.

Estos excesos los hemos financiado con endeudamiento creciente con el exterior al amparo de una moneda fuerte y con la garantía implícita que se supone prestaría la Unión Europea. La crisis financiera internacional puso fin a la fiesta. Los agentes privados están reduciendo su nivel de endeudamiento, pero el crecimiento económico es nulo, lo cual es fundamental para atender a los pagos. Los acreedores observan, sin embargo, la incapacidad de ajuste del sector público. Ni siquiera tenemos una evaluación fiable de su situación financiera y de las deudas pendientes de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Estos defectos se han incubado a partir de tres ideas que el tiempo ha puesto en cuestión. En otro momento las he calificado como espejismos. Permítaseme que aluda brevemente a los mismos:

1. El déficit de la balanza por cuenta corriente había dejado de ser un problema. Desde el año 2003 el déficit por cuenta corriente comienza una escalada hasta situarse en torno al 10 por ciento del PIB en 2007 y 2008, y alrededor del 5 por ciento en 2009 y 2010. Para el año actual se espera que se sitúe en torno al 4 por ciento.

Son cifras de una magnitud considerable. El 10 por ciento de déficit sobre el PIB nos puso a la cabeza del mundo; pero el 5 por ciento en una economía estancada, con un paro del 20 por ciento, sigue siendo un desequilibrio enorme.

No había, sin embargo, ninguna dificultad para financiar el déficit, y esa facilidad de obtener recursos ofrecía la coartada de no considerarlo un problema.

2. El stock de la deuda de las administraciones públicas tenía una magnitud comparativamente confortable. El déficit público, sin embargo, es parte del problema. Lo que realmente alarma a nuestros prestamistas es el endeudamiento total de los agentes económicos: familias, empresas, instituciones financieras y administraciones públicas, puesto que el dato fundamental es la capacidad que tiene nuestro país para hacer frente a los compromisos financieros asumidos por el conjunto.

Cuando alguien manifestaba la inquietud por el endeudamiento creciente, la respuesta del Gobierno era siempre destacar que el stock de deuda pública era moderado en relación al área euro. Muy cierto; lo relevante, sin embargo, es que el endeudamiento conjunto, en relación al PIB de España, la situaba en la cabecera del ranking mundial. Es como si a un prestamista preocupado por el nivel de deuda de una familia se le argumentara que la deuda del padre es moderada, sin mencionar que la esposa y los hijos han asumido débitos crecientes.

3. El crecimiento económico de España en la primera década de este siglo, superior al de la Unión Europea, era un fenómeno estable, reflejo de la pujanza de nuestra economía.

El mayor crecimiento económico, y también del empleo de nuestro país, ha ido parejo con el proceso de endeudamiento. Hay un alto nivel de correlación entre esas variables.

La deuda tiene dos características: es euforizante y tiene límite. Mientras la deuda asciende, transmite impulsos positivos a la economía; el proceso no puede, sin embargo, prolongarse indefinidamente. Con el avance de la deuda, en relación a alguna magnitud relevante (la renta disponible de las familias o el resultado económico de las empresas), crece la fragilidad, el riesgo de que el deudor no pueda cumplir sus compromisos.

La crisis financiera afectó de forma distinta a los países integrados en la Unión Europea, poniendo de relieve las diferencias en los fundamentales y en la vulnerabilidad financiera.

Aparece así la ampliación de los diferenciales de los tipos de interés entre los distintos países. Ahora, la financiación y el coste de los recursos dependen del juicio que merezca la situación de cada economía nacional a los mercados financieros mundiales.

Para mostrar mi opinión con claridad: la Unión Monetaria Europea se ha mantenido estable en tanto que los países menos competitivos compensaban su inferioridad tecnológica y organizativa mediante la apelación al endeudamiento exterior. Ese proceso ha finalizado. Se ha abierto una nueva etapa.

En la forma de afrontar la crisis actual de la economía española, la consideración del tiempo es fundamental. Como es sabido, el Gobierno español tardó en admitir la incidencia de la crisis financiera sobre nuestra economía; aceptó luego, sin demasiada convicción, que la crisis era importante; suavizó el diagnóstico con la errada, e interesada, apreciación de que España estaba mejor preparada y resultaría menos afectada; la recuperación —se afirmaba— tendría lugar también con mayor prontitud que en el resto de los países.

Ni siquiera un gobierno con respaldo amplio de las urnas, con tiempo por delante y con capacidad de gestión y decisión tendría garantizado el éxito de un plan de saneamiento de nuestra economía. No lo tendría porque el imprescindible ajuste, la deflación necesaria de precios y salarios, es una operación muy compleja y conflictiva; en una economía industrial moderna los efectos tardan en completarse.

Estamos, pues, en una situación dificilísima. La política que debería seguirse está, a mi juicio, muy clara:

—En el frente internacional, y en particular en la Unión Europea, la defensa a ultranza de los intereses nacionales. Para eso es fundamental el prestigio y la credibilidad del Gobierno.

—En el interior, la única política sensata es la mejora de la competitividad. Una actuación decidida en esa dirección podría mejorar, de manera inmediata, la confianza de nuestros acreedores y permitiría ganar tiempo para organizar un plan de estabilización, respaldado por los dos grandes partidos, con objeto de reducir nuestra dependencia financiera.

El tiempo —insisto— es fundamental. En las dos últimas semanas la situación se ha agravado considerablemente. Cuatro meses para las elecciones, y dos o tres más para diseñar y acordar un plan, es un tiempo excesivo que España no puede permitirse. Estamos ante una emergencia nacional y es preciso actuar con decisión y rapidez.

En mi opinión debería actuarse con el siguiente guión: 1º) que el PSOE designe un nuevo presidente con autoridad y capacidad de decisión. 2º) que los dos grandes partidos hagan saber la realidad de la situación a los ciudadanos y acuerden el plan a seguir. 3º) las directrices fundamentales deberían ser: Apoyo a la empresa privada para que pueda incrementar la productividad y reducir el déficit exterior. Reforma laboral en profundidad, adaptando la normativa a la realidad empresarial. Recorte del gasto público y transparencia respecto a su situación y actuación. Subordinación de ayuntamientos y comunidades autonómicas al plan de ajuste nacional.

Quizás muchos lectores piensen que ese plan no es viable. A mi juicio, sin embargo, continuar con la dinámica actual me parece simplemente suicida.

Por Antonio Torrero Mañas, catedrático emérito de Estructura Económica, Universidad de Alcalá.

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