España contra el terrorismo tras el 11-S

El décimo aniversario del 11-S justifica algunas reflexiones sobre la experiencia contra el terrorismo en estos años. Desde ese día la planificación de atentados no ha cesado, manifestando el terrorismo yihadísta una estructura organizativa multiforme y un carácter diversificado. Los defensores y ejecutores de esta violencia no se limitan a la organización terrorista Al Qaida, pues a ella se suman entidades y redes afiliadas, células autoconstituidas en distintos ámbitos geográficos pero inspiradas en el referido grupo, e incluso radicales que actúan en solitario. Esta heterogeneidad matiza el efecto de la muerte de Bin Laden en la evolución de una amenaza terrorista que no se circunscribe solo a la que plantea un grupo específico como Al Qaida

Esta multiplicidad complica la respuesta a un fenómeno internacional y transnacional, vinculando nuestra seguridad a la de otros países. El incremento de las capacidades de inteligencia y el perfeccionamiento de la coordinación entre agencias de seguridad nacionales e internacionales han logrado éxitos que no deben llevar a la auto-complacencia, pues el potencial de mejora aún es considerable. Lo ilustra la burocratización de una administración que en el ámbito de la seguridad no es una excepción, lastrando la eficacia de investigadores abrumados a menudo por cargas administrativas que deben aliviarse. Además, en ocasiones el criterio de excelentes profesionales de la seguridad se ve supeditado al de decisores políticos menos conocedores de tan delicada materia que condicionan a la coyuntura política el constante ímpetu que la estrategia antiterrorista requiere. Días antes del 11-S el Parlamento Europeo criticó la lenta respuesta a la amenaza terrorista, sirviendo la masacre de catalizador para compromisos que requirieron nuevos empujes en la desgraciada forma de los atentados de Madrid y Londres.

La Unión Europea admitió una tardía reacción contra Al Qaida similar a la apreciable en España ante una de las dimensiones de esta multifacética amenaza: laconcienciación de opinión pública, autoridades políticas y judiciales para comprender que la respuesta al yihadismo debe incluir también la prevención y el combate del extremismo ideológico en la raíz de esa violencia. Probablemente sea esta una de las facetas menos desarrolladas en el marco antiterrorista, debido a su complejidad y a la renuencia política a abordar los retos que plantea la neutralización de una desestabi-lizadora y fundamentalista interpretación del islam que diversos actores desarrollan. En España se difunden hoy idearios con los que inspirar a nuevos radicales interesados no solo en la práctica del terrorismo, sino también en la desestabilización que una inadecuada integración social de la comunidad musulmana provocaría.

La necesidad de prevenir atentados lleva a subestimar a veces los riesgos que en el medio y largo plazo entraña la progresiva radicalización política y religiosa de una minoría dentro de la comunidad musulmana susceptible de asumir interpretaciones radicales del islam Para una significativa minoría el islam constituye mucho más que un conjunto de creencias espirituales; representa una estricta norma que guía su conducta, politizando una ideología religiosa que puede llegar a entrar en conflicto con el sistema de valores que rige el sistema constitucional. Ese radicalismo islámico es antesala de atentados justificados mediante esa doctrina radical, pero también de otras manifestaciones extremistas que pueden favorecer la consolidación de ambientes propicios para el terrorismo cuando confluyen factores como la oportunidad. La profusión de congresos y actividades radicales, y polémicas derivadas de la construcción de mezquitas y de la adhesión a tradiciones religiosas como el velo, revelan focos de conflictividad con el potencial de ser manipulados por radicales en determinadas circunstancias.

Reino Unido aporta un útil referente ante desafíos como los referidos, pese a las particularidades propias de cada entorno y comunidad. Reveladoras son, por ejemplo, las denuncias al apoyo de autoridades británicas a escuelas islámicas que propugnan la oposición al «modo de vida occidental» y a «la educación occidental de nuestros hijos que los distanciará del islam»; o a la existencia de centros escolares musulmanes en los que se difunden contenidos antisemitas y homófobos y libros para adoctrinar a niños hostiles hacia quienes no profesan el islam. A ello se suman las críticas a la financiación de proyectos comunitarios con objeto de atraer interlocutores musulmanes aparentemente moderados que, en cambio, propugnan «sociedades paralelas». Ello ha inspirado una revisión de la estrategia contra la radicalización para complementar la respuesta antiterrorista británica.

El análisis en perspectiva motivado por el aniversario del 11-S indica que el terrorismo yihadista ha contribuido a que el Gobierno español relativice otra de las amenazas a las que aún debe enfrentarse la política antiterrorista. Las obvias diferencias entre el terrorismo yihadista y el etarra no deberían ocultar que ETA mantiene su voluntad de perpetuarse y que su amenaza se manifiesta de modo distinto a la de un terrorismo de gran letalidad e indiscriminación como el islamista. Decepciona por ello la renuncia a diseñar una estructurada estrategia contra ETA que complemente la elaborada contra el terrorismo internacional ahora en fase de desarrollo. Este desequilibrio refleja la equivocada desconsideración hacia una de las dos amenazas terroristas que España aún debe encarar y que, pese a sus rasgos diferenciales, también reclama una estrategia de presente y futuro.

Días después del 11-S, ETA advertía; «Está a punto de iniciarse una cruzada contra todo aquello que huela a terrorismo y Aznar se aprovechará de ello. Valiéndose del ambiente psicológico-político llevará adelante sus planes. Tenemos una cruda situación pues a la vista». De inmediato el Parlamento Europeo agilizó los procedimientos de extradición, las euro-órdenes y las listas de grupos terroristas, que incluyeron a ETAy Batasuna. En ese contexto nació la ilegalización del brazo político etarra que ha sorteado en 2011, tras facilitar el Gobierno un clima propicio. Hoy ETA es una banda que, reforzada políticamente por su vuelta a las instituciones con Bildu, no considera su desaparición pese al «parón técnico» coyuntural motivado por una debilidad operativa fruto de la renovada presión policial y judicial tras la negociación con el Gobierno hasta 2007. Antes de irrumpir Bildu, el etarra Txema Matanzas señaló que la estrategia que puso en marcha el Estado tras el ineficaz diálogo con ETA fue «la del PP del 2000, de puro aniquilamiento político de la disidencia, de la que nos salvamos en su día, recuerdo, por los moros del 11-M». Matanzas interpretaba que el atentado facilitó el triunfo electoral de Zapatero y el cambio de política que el presidente enmarcó en «tina agenda progresista contra el terrorismo».

Tras constatarse cuán endebles son los parámetros de esa agenda, urge elaborar una estrategia integral contra ETA que complemente la desarrollada frente al yihadismo, rectificando el error estratégico de la actual Estrategia de Seguridad Nacional, que aventura que «el final de ETA está más cerca que nunca», algo impredecible e impropio de un documento de esa naturaleza. Semejante simplificación evidencia una incorrecta definición del tipo de amenaza que ETA plantea, al restringirla a su disminuida capacidad mortífera, ignorando que la banda articula otros mecanismos políticos y sociales a los que también se debe hacer frente. Destaca entre ellos la radicalización de una parte de la sociedad vasca en la que es evidente la fragilidad de importantes valores democráticos. La estrategia antiterrorista debe prevenir atentados, pero también precisa instrumentos para combatir el extremismo de las expresiones más radicales del islamismo y del nacionalismo, pues ambas alimentan peligrosos antagonismos en la raíz del terrorismo.

Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

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