Con reiteración se atribuye a Bismarck la frase «España ha demostrado ser la nación más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirla y no lo han conseguido». No figura en ninguna obra sobre el «canciller de hierro» y aparece, sólo en español, ya rebasada con creces la mitad del siglo pasado. En suma, es apócrifa. Pero no por ello deja de responder a la realidad de un país con dos últimos siglos convulsos: ocupación del territorio nacional, guerras externas, guerras civiles dinásticas, golpes de Estado, esperpénticas asonadas cantonales, dictaduras, rebeliones militares, cambios de régimen, magnicidios... Entre las grandes naciones España tiene el récord de asesinatos de presidentes de Gobierno: cinco.
Nuestra última guerra civil es una experiencia singularmente dolorosa. Hay quien se empeña en resucitar su trágica memoria ochenta años después de su final, abriendo en los nietos heridas que cicatrizaron sus abuelos. Apuntala la apócrifa frase de Bismarck el actual frentismo ideológico, redivivo por obra y gracia de una izquierda radical que ha añadido a una de las vicepresidencias del nuevo Gobierno el remoquete de «memoria democrática» -¿la democracia de quienes combatían para instalar un totalitarismo dictado por la Komintern?-. Las acciones que va desgranando el nuevo Gobierno no tratan de sumar sino de restar, no buscan la construcción sino la destrucción. En su primera comparecencia pública tras reunir el Consejo de Ministros, Sánchez no excluyó atacar a la oposición. No se siente presidente de todos los españoles; sólo parece que quiera serlo de «los suyos».
Ante un frentismo agresivo y radical -obviamente no me refiero a los votantes engañados por Sánchez a los que prometió exactamente lo contrario de lo que ha hecho- entiendo inaplazable la construcción de una opción eficaz, abierta, constitucionalista, ya que el sanchecismo se ha situado, por sus hechos y compromisos firmados, extramuros de la Constitución, asumiendo lo que repitió algún orador en la investidura, sin réplica del candidato: que la democracia está por encima de la ley. Por encima de la ley, y por supuesto de la ley de leyes, no hay nada. «Desjudicializar la política» abre la impunidad y supone la antítesis de un Estado de Derecho.
Al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, y no sólo a ellos, corresponde arbitrar una respuesta unida. Casado tiene una singular responsabilidad por ser el referente del primer partido de la oposición. Estoy seguro de que buscará vías que conduzcan al fin concreto de sumar voluntades. En su día impulsó esa gran idea que no fue atendida por quienes deberían haberse sentido concernidos. Sus dos últimos lemas electores fueron «Valor seguro» y «Por todo lo que nos une». Es decir, atender a la experiencia y resaltar la unidad. Añado una alerta respecto a los descartes y abandonos. Nadie debería sobrar. Las elecciones del 10 de noviembre revelaron que en no pocas provincias los votos de un centro-derecha desunido premiaron a los candidatos de la izquierda.
Casado no caerá en las trampas de Sánchez que descalifica a un partido constitucional considerándolo de extrema derecha mientras pacta con quienes son declaradamente antisistema, quieren hacer saltar la Constitución, dar paso a una República y desprecian lo que supuso la Transición. Ya en el Gobierno, Podemos asistió, junto a otros socios de Sánchez, a una manifestación en favor de los presos de ETA. Un disparate más de un Gobierno contradictorio. El centro-derecha no debería dejarse llevar por ese camino.
No se entiende que Ciudadanos acuda a una concentración contra la presidenta autonómica madrileña queriendo ser al tiempo Gobierno y oposición, o que Vox patrimonialice unas concentraciones en contra del Gobierno social-comunista que deberían haber sido una respuesta común del centro-derecha. Y, por su parte, el Partido Popular valorará una enseñanza de la Historia: cuando a una sociedad la gobierna el radicalismo tiende a compensarlo con el radicalismo contrario. Y no digo que el primer partido de la oposición ni el centro-derecha en su conjunto deban radicalizarse, pero si se abandona la calle la ocuparán los de siempre. Son expertos.
Un Partido Popular, entonces con otro nombre, que ocupaba un espectro en buena medida cercano a lo que ahora son, sumados, él mismo, Ciudadanos y Vox, pasó de 10 a 107 diputados en los comicios de 1979 y 1982, mientras UCD en ese periodo se quedó en 11 diputados desde los 168 de dos años antes. Ensanchar la unidad de sensibilidades en el centro-derecha trajo luego aún mejores tiempos.
Con dos mayorías absolutas el Partido Popular no cambió la ley electoral, para lo que no hay que tocar la Constitución, de modo que tenemos un sistema que no coincide con el de muchas naciones europeas. Debería necesitarse al menos un 3% del censo para conseguir un escaño, y se evitarían situaciones tan chocantes como que un diputado con un 0,08 de los votos decida quién es presidente del Gobierno.
España debe sumar y a eso, con tino, lo llamó Casado «España suma». Pero una suma implica comprensión y generosidad. Sumar es pactar no cayendo en las trampas, por acción u omisión, de quienes no van a dejar de emplear ninguna carta por oculta que esté o indigna que sea. Es la hora de la verdad y, además, el radicalismo tiene prisa.
Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.