España en Europa, 25 años después

Mañana, día 12 de junio de 2010, es la fecha que indica que España lleva ya veinticinco años de vida comunitaria. En la tarde de ese día culminaba en el Palacio Real de Oriente un larguísimo proceso que se había iniciado, de manera remota como señalan Ramón Tamames y Mónica López en «La Unión Europea» (5ª edición, Alianza, 2002), cuando por decreto de 26 de julio de 1957 se crea la Comisión Interministerial para el Estudio de las Comunidades Económicas y Atómicas Europeas (CICE). Gual Villalbí, que la presidía, fue extraordinariamente reticente sobre el interés de una integración en algo cuya viabilidad consideraba escasa. Todo se rectificó con la famosa Carta de Castiella al Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad, Couve de Murville, el 9 de febrero de 1962. A partir del 9 de diciembre de 1964 se iniciaron las conversaciones de la CEE a través del embajador Núñez, que Ullastres acabó por conducir al Acuerdo Preferencial de 1970, que obligatoriamente ha de ser citado con su nombre. Con él, a partir de 1972, se pasó a abrir un nuevo proceso, que sirvió para integrar, desde el 1 de enero de 1973, a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en el ámbito del Acuerdo Preferencial. Finalmente, fue el 27 de julio de 1977 cuando el ministro Marcelino Oreja solicitó la plena adhesión al ámbito comunitario. Así es como concluyó, hace exactamente veinticinco años, este largo camino.

Para entender su importancia conviene señalar que se enmarca dentro de una colosal rectificación histórica de nuestra política económica, hasta constituir una básica reforma estructural económica en tres ámbitos. El primero, el arancelario, hasta culminar el 1 de enero de 1993, fecha a partir de la cual no existieron fronteras económicas dentro de la Unión Europea. El segundo, el monetario, cuando, tras la crisis del patrón oro-dólar de Bretton Woods, y el fracaso de la denominada «serpiente monetaria», se puso en marcha el patrón, en realidad marco alemán, del Sistema Monetario Europeo, en el que se integra la peseta desde el 19 de junio de 1989. Todo culminó el 2 de mayo de 1998, cuando España presentó cuentas correctas macroeconómicas para participar en la fundación de la Eurozona. El tercero en los planteamientos es el de la unión política, patente en nuestra participación en las instituciones comunitarias todas. Pero los tres tienen en estos momentos crisis muy serias que no se deben hurtar a los españoles. En relación con la existencia de un mercado común auténtico en todo el ámbito de la Unión Europea (UE), con unas barreras exteriores únicas, se plantea, en estos momentos, la rectificación de la Política Agrícola Común. ¿Qué ayudas van a recibir los diferentes ámbitos de nuestra producción rural? En estos momentos, ¿cuál es la posición de España, sobre todo tras el Consejo informal de ministros de Agricultura de la UE celebrado en Mérida el 30 de mayo y el 1 de junio de 2010? Tras las declaraciones del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Dacian Ciolos, en esta localidad, a Efe Agro, es evidente que no está claro el futuro para nuestra agricultura, cuando precisamente, como ha demostrado palpablemente Jaime Lamo de Espinosa en su excelente ensayo «La crisis económica global y la crisis agraria española» contenido en el volumen «El futuro de la economía española» (Fundación Cajamar, 2009), la de este sector español «no es menor que la general, aparte de haberse iniciado antes de las “subprime” y donde están ocurriendo variaciones sustantivas que están reconfigurando el sistema agroalimentario hasta ahora conocido».

La Unión Monetaria en torno al euro se encuentra en estos momentos azotada por las consecuencias derivadas de aquello que había señalado Mundell cuando expuso su magro análisis sobre las áreas monetarias óptimas. Ahora mismo lo analiza así el profesor Oliver Alonso, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su artículo «Reforma del euro y racionalidad económica», aparecido en «Cinco Días» el 5/6 junio de 2010: «Sería un error cambiar el debate de la reforma en la necesidad de una política fiscal común. Cierto que ello permitiría evitar algunos de los problemas actuales (los de Grecia —y ahora hay que señalar los de Hungría—, por ejemplo), pero de nada nos ha servido a nosotros. España es un ejemplo paradigmático de un país que, cumpliendo a pies juntillas el protocolo del Pacto por la Estabilidad, se encuentra hoy inmerso en una profunda crisis financiera. Y ello porque es perfectamente posible presentar unas finanzas públicas saneadas, con superávit público y muy bajo nivel de deuda y, al mismo tiempo, unas finanzas privadas profundamente deficitarias y una deuda gigantesca». Por eso, y antes de la crisis húngara, Pierre Jullien y Antoine Reverchon, en un muy largo trabajo titulado «Crise de l’euro. Une petite histoire des zones monétaires», en «Le Monde-Economie» de 1 de junio de 2010, escriben: «Un euro valía 1’2285 dólares cuando abrían los mercados el lunes 31 de mayo, tras el anuncio, el viernes, de la degradación de España por la Agencia Fitch. El espectro de un ataque especulativo de los mercados sobre las deudas soberanas de los países más frágiles de la zona euro, al modo del que ha obligado a Europa y al FMI a volar desde principios de mayo en socorro de Europa, no puede descartarse, con lo que se alimentan los escenarios para el estallido de la moneda única». Y eso repercute en España, en forma de subidas formidables de tipos de interés, lo cual, naturalmente, frena la actividad económica. Tomando como referencia la deuda a dos años, préstamos seguros, si los hay, el 4 de junio de 2010, a las 12 horas, los intereses de los españoles superaban a los de los alemanes con un diferencial del 2’01%; hace un mes, la diferencia era de 1’15; y hace un año, de 0’75. ¿Cómo no asustarnos ante algo que, de inmediato, repercute sobre el interbancario y, por supuesto, sobre la Bolsa, y de ahí sobre la inversión y el empleo?

Y sobre la unión política, los retrasos y vacilaciones son tantos que, por fuerza, se ha de recordar lo que José Larraz, en su trabajo «La Federación Europea», publicado en «Arbor», septiembre-diciembre de 1962, defendía, exhibiendo este texto de Arístides Briand contenido en el «Memorandum sur l’organisation d’un regime d’union fédérale européenne», aparecido en la primavera de 1930: «Toda posibilidad de progreso en la unión económica está rigurosamente determinado por la cuestión de la seguridad, y esta cuestión está íntimamente ligada con la del progreso realizable en la unión política. Así que sobre el plano político debe ser situado inmediatamente el esfuerzo constructor que dé a Europa su estructura orgánica».

Ayudar a superar esta triple crisis constituye uno de los mayores retos históricos españoles actuales, porque si se viene abajo el sueño de los Schuman, Adenauer, de Gasperi y, en España, de la gavilla de economistas que se ofrecen en el volumen «El camino de Europa» (Caja España, 2006), sus consecuencias serían muy graves.

Juan Velarde Fuertes

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