España expuesta

Hasta hace unos días, las mayores inquietudes que generaba el Brexit en España eran de naturaleza fundamentalmente económica, aun cuando el problema de Escocia pudiera contaminar el nuestro con Cataluña. No habíamos contemplado la posibilidad sugerida por Michael Howard de que Reino Unido desencadenara una guerra contra España para defender el territorio gibraltareño. Ahora, mucho me temo que, aunque esa salida de tono quede en agua de borrajas, si la actitud de ese conservador es la que va a inspirar el proceso de negociación durante los dos próximos años, el desenlace no será bueno para nadie.

La exposición de la economía española a Reino Unido es notable. De ahí que las autoridades españolas se encontraran más cercanas a ese Brexit blando que defendía el ministro español de Asuntos Exteriores. Las eventuales líneas rojas constituidas por ambos asuntos, Gibraltar y Escocia, no deberían comprometer los vínculos comerciales e inversores entre ambas economías. El ministro español subrayaba en declaraciones a este periódico el énfasis que la carta de May ponía en la vinculación de un acuerdo comercial a la cooperación en materia de seguridad y terrorismo: “comercio por terror”, sin que previéramos que en este segundo término de la permuta tuviéramos que incluir la amenaza de un despliegue en la bahía de Cádiz.

Bromas aparte, el crecimiento de la economía española es sensible a la estabilidad de los vínculos con Reino Unido en diversos ámbitos. En ese país se concentra el principal stock de inversión española directa en el extranjero. Solo Alemania y Francia invierten más que España en Reino Unido. En el pasado año, el 38% de los flujos brutos de inversión directa española fueron a ese país.

Las exportaciones españolas a Reino Unido superaron los 19.000 millones de euros en 2016, el 8% del total. Son más de diez años de superávit comercial español, de 8.000 millones de euros el pasado año, con sectores como el de material de transporte o alimentario muy dependientes de las ventas en los mercados británicos. La balanza de servicios no es menos sensible: los flujos de turistas británicos en España representan la mayor proporción, un 23% el pasado año, con ingresos superiores a los 13.000 millones de euros. Además, casi un millón de británicos poseen viviendas en España, de los que algo menos de la mitad residen permanentemente en nuestro país. Y también Reino Unido es el principal destino de la emigración española, con más de 300.000 españoles allí residentes.

Menos susceptible de negociación es la redistribución de las aportaciones al presupuesto comunitario que habrá que hacer tras la salida efectiva de Reino Unido. Se ha estimado en 888 millones adicionales los que España deberá aportar en concepto de gastos de comunidad, independientemente de la redistribución de las ayudas regionales.

Frente a esas amenazas, no cabe confiar demasiado en las ventajas que ese divorcio tenga sobre el fortalecimiento de la dinámica de integración comunitaria, ni en el desvío de inversiones británicas hacia España. Las posibilidades de que nuestro país sea destino de eventuales decisiones de deslocalización de empresas aportan poco consuelo. Tampoco es realista alimentar la ilusión de que ciudades como Barcelona o Madrid puedan sustituir a la City londinense como centro de finanzas europeo. La vitalidad de aquel centro financiero global no depende de la actividad europea, ni sus ventajas competitivas quedan erosionadas tras la concreción del Brexit. Ninguna ciudad europea puede replicar de la noche a la mañana las dotaciones de capital humano, infraestructuras tecnológicas y de comunicación que tiene Londres. Cuestión distinta es que instituciones comunitarias como la European Banking Authority (EBA) se vean obligadas a una mudanza. Lo que no cabe descartar es que Reino Unido lleve a cabo desregulaciones en algunos mercados que acentúen las desventajas competitivas de algunos sectores comunitarios.

España no puede contemplar desde la distancia la negociación. Lo que está en juego es suficientemente importante para que se asigne a ese proceso la mejor capacidad de interlocución disponible entre nuestros altos funcionarios. Para que la misma se fundamente en la racionalidad, sin atender a provocaciones de opereta como las de lord Howard. En esto también estarían de acuerdo la mayoría de los británicos que viven en nuestro país, partidarios de rescatar la recomendación de Churchill: “Jaw-jaw is better than war-war” (Negociar es mejor que batallar). Siempre.

Emilio Ontiveros es presidente de Afi.

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