2022 ha llegado a su fin marcado por otra crisis global. Esta vez, energética.
Habría que echar la vista atrás 50 años para encontrar circunstancias similares. En 2022, las tasas de inflación escalaron hasta los dos dígitos en la UE, frustrando las esperanzas de una rápida recuperación económica tras la pandemia de Covid-19. Los precios del gas se dispararon, arrastrando consigo los de la electricidad y encareciendo los costes de fabricación de bienes y servicios.
Ha sido también un año de reflexión sobre el mundo que hemos construido y sobre el que queremos construir en el futuro. Si en 2021 nos replanteamos las reglas de la globalización a la vista de la fragilidad generada por unas cadenas internacionales de suministro no siempre seguras, este 2022 las dudas han surgido en varios terrenos.
Entre esas dudas están las de quienes cuestionaban unos sistemas energéticos dependientes de los combustibles fósiles de países cuyas carencias democráticas pensábamos corregir con una mayor integración económica.
Alemania ilustra mejor que nadie esa confianza en el comercio como generador de unas dependencias que deberían haber bastado para asegurar la paz. Pero también ilustra las nefastas consecuencias que conlleva negar la realidad.
La invasión rusa de Ucrania no tiene ni pretende tener ninguna justificación económica. El comercio, en este caso, ha sido usado como arma de coerción y chantaje. La población rusa está sufriendo en primera persona los efectos de las sanciones internacionales y de una economía puesta al servicio de una guerra de resultados cada vez más inciertos.
Muchos otros han cuestionado la transición energética liderada por las economías avanzadas, especialmente en la UE. La promesa de independencia energética y de precios baratos gracias a las energías renovables se ha topado con la realidad. Esa que dice que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles.
Hasta el estallido de la guerra pensábamos que la transición energética era un proceso cuyo ritmo podíamos decidir. Que éramos capaces de determinar cómo y cuánto avanzar, en la creencia de que la independencia de los combustibles fósiles llegaría como resultado de una decisión consciente en el momento que eligiéramos.
Obviamente, no ha sido así.
El resto del mundo no sólo ha jugado sus cartas, sino que ha utilizado nuestras propias convicciones y compromisos en contra de nuestros intereses. La transición energética ha pasado de aspiración a necesidad y nos hemos visto forzados a correr cada vez más rápido para no caer por el camino.
Este escenario ha cargado 2023 de retos. Pero igual que en 2021 fuimos capaces de contener la pandemia de Covid-19, en 2022 hemos sentado las bases para superar la crisis energética.
Es cierto que hemos tardado más de lo debido y que la respuesta quizás no haya sido la más deseable en todos los frentes.
Pero también es cierto que se han alcanzado hitos que tiempo atrás nos hubieran resultado impensables. Hoy, todo apunta a que no sólo seremos capaces de sobrevivir al invierno (algo que hace seis meses no estaba tan claro), sino a que en 2023 superaremos esta crisis.
Conviene reconocer que hemos sido afortunados.
En primer lugar, por la resistencia y tenacidad del pueblo ucraniano, que ha sido capaz de bloquear una invasión rusa que se preveía rauda.
En segundo lugar, por la feliz coincidencia de que la solución a la crisis energética sea la misma que contribuirá a moderar los precios. Y, de paso, a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones necesarios para luchar de forma eficaz contra el cambio climático.
Hablamos, claro, de las energías renovables. Unas tecnologías capitaneadas por la energía solar y la eólica, y en las que gana posiciones el hidrógeno verde producido mediante electricidad generada por las dos anteriores.
Y por eso, para superar la crisis y evitar que Rusia y otros países puedan volver a arrastrarnos por el mismo camino, el objetivo prioritario para 2023 no debería ser otro que el de acelerar el despliegue de las energías renovables.
Y no de cualquier manera. Hablo de multiplicar exponencialmente la capacidad de generación hasta asegurar su prevalencia en el mix energético de forma permanente. Y en paralelo, de reducir todo lo posible el uso de combustibles fósiles mediante una mayor eficiencia energética y la sustitución de usos convencionales por otros renovables.
La UE ha dado pasos en ese sentido en el marco del Plan REPowerEU, lanzado con el objetivo de reducir la dependencia energética de Rusia y cuyos resultados, hasta el momento, han sido alentadores. De hecho, en menos de un año, la UE ha logrado sustituir la mayor parte del gas ruso que consumía y que era el 45% del total.
Cabe destacar también el avance que supone el reglamento marco para acelerar el despliegue de energías renovables promulgado el pasado 22 de diciembre. Reglamento que, entre otras medidas, simplifica el procedimiento de evaluación ambiental, acorta los plazos de tramitación y, por primera vez, establece el silencio positivo como norma general en este tipo de proyectos.
Cabe esperar que este nuevo marco normativo, transpuesto al ordenamiento español en el real decreto ley que aprobaba el tercer paquete anticrisis, dé un empuje sustancial a los proyectos actualmente en trámite en España.
Pero son también muchos los compromisos que están encima de la mesa y cuya puesta en marcha resulta fundamental. Muchos de ellos están vinculados al hidrógeno. Desde la definición de los criterios para considerar qué es y qué no hidrógeno verde hasta la creación del Banco Europeo del Hidrógeno, llamado a ser el agente de financiación de referencia de este vector energético.
Tan importantes como los anteriores son las redes de distribución y suministro. Y, sobre todo, las interconexiones entre los polos europeos de generación de hidrógeno verde y los de actividad industrial que puedan consumirlo.
La UE no puede permitirse perder ni un segundo porque otros países no dejan de avanzar. Entre ellos, EE. UU., que ha entrado en la carrera del hidrógeno con una apuesta muy ambiciosa que lo ha colocado directamente a la cabeza.
Nuestro país parte con múltiples ventajas estratégicas en la carrera del hidrógeno. Una abundancia de recursos solares y eólicos. Una capacidad de generación eléctrica renovable amplia. Un sector industrial dedicado a su desarrollo consolidado y que cuenta con la tecnología y la cualificación profesional precisa. Y una posición geográfica privilegiada como punto de encuentro entre el Atlántico, el Mediterráneo, el norte de África y el resto de Europa.
A esto se suma la existencia de una masa crítica industrial española que hoy consume ya hidrógeno gris y cuya demanda permitiría, al menos, viabilizar la producción de hidrógeno verde a gran escala.
Pero para competir en una liga superior, una en la que España ocupe la posición de suministrador del resto de Europa, necesitamos interconexiones que pongan el hidrógeno producido aquí a disposición de los grandes centros industriales del centro y del norte de Europa.
Y ahí es donde el proyecto H2Med impulsado por Francia, España y Portugal supone un destacado primer paso. Por su capacidad, sí. Pero también como símbolo de la aspiración de liderazgo de España.
No será el único. El Gobierno español ha presentado ante la Comisión Europea propuestas de declaración como Proyectos de Interés Estratégico Comunitario de otras conexiones. A la vez, diferentes empresas privadas están anunciando cada vez más proyectos, tanto para generar hidrógeno renovable a partir de electrólisis como para transportarlo fuera de nuestras fronteras por tierra y por mar, como en el caso del corredor marítimo entre el puerto de Algeciras y Róterdam anunciado por Cepsa.
2023 puede ser un año clave para superar la crisis energética. Y España puede tener un papel protagonista en ese éxito.
Pero para conseguir ambas cosas debemos desbloquear la tramitación de proyectos renovables, multiplicar la capacidad de generación aprovechando todas las opciones a nuestro alcance (solar fotovoltaica y eólica convencionales, pero también autoconsumo, fotovoltaica flotante y eólica marina, entre otras).
Y eso sin comprometer los estándares de sostenibilidad ambiental.
También debe aprobarse un marco normativo que permita el desarrollo de una industria del hidrógeno verde competitiva.
De la capacidad de la UE y de España para conseguir estos tres objetivos lo más rápidamente posible depende nuestra posición en el futuro escenario energético y geopolítico que se configure como resultado de esta crisis.
Ramón Mateo es director del gabinete de incidencia pública beBartlet.