Desde agosto de 2007, en estas mismas páginas de ABC y en lugares varios -«Papeles FAES»,«El Noticiero de las Ideas»- vengo pronunciándome en contra de la independencia de Kosovo en la perspectiva de la estabilidad en el centro de Europa y la consiguiente demanda, en la que entran a jugar consideraciones relativas a nuestros intereses nacionales, de que España no reconozca esa independencia en el caso, ya desgraciadamente materializado, de que se produjera. Adelanté tambien mi opinión de que llegado el caso España debería proceder a retirar del territorio sus efectivos militares y policiales, desplegados en Kosovo al amparo de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no contempla la independencia kosovar. Aunque sería por mi parte pretencioso pensar que el gobierno ha prestado oídos favorables a mis recomendaciones al anunciar la retirada española de los efectivos incluidos en la llamada KFOR de la OTAN, resultaría igualmente incomprensible que no manifestara mi acuerdo con la -tardía- decisión. Tanto más cuanto ha sido puesta directamente en relación con el no reconocimiento de la provincia separatista serbia.
Pero Kosovo declaró su independencia el 18 de febrero de 2008. El Gobierno español ha esperado más de un año en anunciar su propósito de retirar las tropas integradas en la KFOR. El retraso arrebata a la decisión cualquier eficacia desde el punto de vista del efecto perseguido, que hubiera debido consistir en hacer ver a nuestros aliados la inconveniencia del reconocimiento kosovar y la consecuencia inmediata de sus acciones. Con el tiempo transcurrido, aquellos que en nuestro círculo de amistades -UE y OTAN- se apresuraron a reconocer a los kosovares, seguramente se sentirían autorizados a imaginar que la postura española no pasaba de constituir un moderado «bluff» dirigido al consumo político interior.
Yo mismo anoté que el momento en que se anunciaba la independencia kosovar estaba muy próximo a las elecciones generales españolas. En la misma ocasión -«Papeles FAES», número 67, de 27 de febrero de 2008- apunté que de ganar Rodríguez Zapatero las elecciones, España se apresuraría a reconocer a Kosovo.
Como no puedo tampoco presumir que mis malos pensamientos condicionaran las decisiones gubernamentales, no me importa reconocer mi equivocación. El Gobierno ha sido, al menos en el plano declarativo, consecuente con sus primeras manifestaciones y España sigue sin reconocer la independencia de Kosovo.
Pero el tiempo transcurrido entre entonces y ahora no sólo priva de eficacia a la decisión de la retirada de las tropas sino que, además, y lógicamente, suscita preguntas sobre su motivación. Siendo siempre dolorosa la disminución de efectivos en una misión militar conjunta, su comprensión es más fácil si se pone directa y prontamente en relación con un poderoso motivo. En este caso, la falta de correspondencia entre una misión destinada a posibilitar la independencia y los que, oponiéndose a ella, tienen tropas en el contingente. Pasados los meses, diluidas las motivaciones, es lógica la inquietud de los aliados: ¿por qué ahora, precisamente en vísperas de la primera reunión en Europa del nuevo presidente americano con el Consejo Atlántico? ¿Cuál es la urgencia, qué nuevos datos de la situación interna o internacional aconsejan a los españoles la adopción de la medida? No sería de extrañar que muchos de entre ellos presuman que la verdadera razón para la retirada esté en las urgencias económicas y presupuestarias del gobierno español, forzado a reducir gastos. Argumentar que España ya se había manifestado contraria a la independencia de Kosovo es tan cierto como especioso, cuando las circunstancias permiten presumir que otros pueden ser los impulsos reales.
El método seguido para la comunicación, de otro lado, no parece haber respetado los tiempos, los protocolos y las formas concebidos para estas circunstancias. Así como el error de la retirada de las tropas españolas de Irak en 2004, desde el punto de vista de nuestros aliados, no estuvo en la sustancia de la decisión sino en su carácter unilateral e inesperado, la decisión de retirar nuestros contingentes de la KFOR ahora, en 2009, con una diferente administración americana, adolece de la misma torpeza. Nadie niega a ningún país aliado la plena capacidad de decisión sobre los integrantes de sus tropas armadas. Todos sin embargo esperan se produzcan con antelación suficiente como para calcular sus consecuencias, preparar despliegues alternativos y prevenir vacíos de seguridad. Ni entonces ni ahora se han tenido en cuentas esas elementales consideraciones.
Y el canal no ha sido el adecuado. El representante nacional ante el Consejo Atlántico, e interlocutor habitual entre cualquier gobierno aliado y el Secretario General de la OTAN, no es el Ministro de Defensa sino el de Asuntos Exteriores. Confiar a Defensa el envío de una carta al Secretario General, complementada con el casi simultáneo, escueto y castizo «nos vamos a casa» ante las sorprendidas tropas, revela desconocimiento grave de los procedimientos habituales en la Alianza y de su misma naturaleza. Ese no es un mundo para aficionados. Produce además asombro la marginación del ministro de Asuntos Exteriores en todo el proceso. Todo hace pensar que cuando Miguel Ángel Moratinos se entrevistó hace todavía pocos días con Hillary Clinton en Washington el tema no fue objeto de la conversación. Razón tendrá la Secretaria de Estado para preguntarse el porqué del silencio si la decisión ya estaba tomada, o el porqué del apresuramiento en tomarla inmediatamente después, o el porqué no fue su propio colega, ya declarado amigo, el que la llamara para comunicarle tema tan importante.
Como se ve, Kosovo sigue coleando. Lo menos que decir se puede, incluso desde la perspectiva de aquellos que como yo consideran un error su independencia y un acierto la retirada de nuestras tropas del territorio, es que las cosas se pueden hacer mejor. Y para que en el futuro nadie se llame a engaño y se eviten torcidas interpretaciones, nada mejor sería que deslindar en el seno de la UE los compromisos contraídos para estabilizar la independencia y los dirigidos únicamente a garantizar las necesidades humanitarias. A España le corresponderían sólo estas últimas.
Javier Rupérez, Embajador de España.