España, país europeo

Sobre todo desde Joaquín Costa y Ortega y Gasset, el europeísmo español vio en Europa una respuesta a los complejos de marginalidad y atraso del país, y un ideal político y social. Bajo el franquismo, Europa adquirió para los españoles un extraordinario poder simbólico, como encarnación de democracia y modernidad. España se incorporó a Europa (1986) con sorprendente facilidad y trabajó en las instituciones europeas desde el primer momento con entusiasmo y eficacia.

España fue una gran sorpresa para Europa. Formada en una visión de España que incorporaba una sucesión de estereotipos negativos -la leyenda «negra» de los siglos XVI y XVII; el país «oriental» de toreros y cigarreras del romanticismo; el país «trágico» de la guerra civil; el tiempo de silencio de la dictadura; la España del turismo barato de las playas y el sol del Mediterráneo y Andalucía-, Europa se encontraría con una España de comisarios, euro-diputados y euro-funcionarios eficaces y competentes, que apoyaba decididamente el proceso de integración, que cumplía rigurosamente los criterios para la unión económica y monetaria, que crecía sostenidamente y por encima de la media europea, que cuando le correspondía presidía con acierto y discreción la Unión Europea, y que se movía con absoluta comodidad en todos los foros internacionales (cumbres políticas o económicas, grandes reuniones regionales, congresos mundiales,…): Europa redescubría ahora a los españoles como «los alemanes del sur».

España, en suma, fue parte activa en todo lo actuado por la Unión Europea a partir de 1986. La representación española y los gobiernos de González (1986-96) y Aznar (1996-2004) se atribuyeron especial responsabilidad en el desarrollo de la llamada «Europa de los ciudadanos» (ciudadanía europea, pasaporte europeo), en la Europa «social» (políticas de empleo y cohesión social de la UE), en la construcción de la unión monetaria y económica, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y en la creación de Europa como un espacio de justicia, libertad y seguridad. España asumió, desde luego, papel relevante en la cooperación de la UE con los países del Mediterráneo y en la institucionalización de las relaciones de la Unión con América Latina.

Entre 1986 y 2006, Europa iba a ser, además, para España una formidable operación económica. España (38, 4 millones de habitantes en 1986; 44,1 millones en 2006) recibió en esos veinte años, en fondos para la agricultura, el desarrollo regional y la cohesión, una cifra cercana a los 150.000 millones de euros, con un saldo neto en torno a los 90.000 millones de euros. Casi todos los cambios infraestructurales que el país experimentó en esos veinte años -autovías, trenes de alta velocidad, puertos, desaladoras, presas…-, se hicieron con fondos europeos. Cuatro de cada 10 kilómetros de los casi 6.000 kilómetros nuevos de autovías y 38 de cada 100 euros invertidos en España en ferrocarriles (trenes de alta velocidad Madrid-Sevilla, Madrid-Lleida, Madrid-Toledo) se hicieron con dinero procedente de Europa. El 90 por ciento de las inversiones recibidas entre 1986 y 2006, el 87 por ciento de los turistas, el 66 por ciento de las importaciones y el 74 por ciento de las exportaciones, provinieron de la Unión Europea. Entre 1986 y 1990, el PIB español creció a una media del 4,5 por ciento anual; la red de autopistas y autovías pasó de 1.970 kilómetros en 1985 a 5.438 kilómetros en 1992. El rigor con que España aplicó a partir de 1993 los criterios de convergencia para entrar en la unión monetaria (tipo de cambio, tasas de interés, inflación y déficit público) -hasta 1996 con Felipe González en el gobierno; desde 1996, con Aznar en el poder-, hizo que los ocho años de gobierno del PP y José Mª Aznar, 1996-2004, fueran el período de mayor crecimiento y creación de empleo de la historia española. El PIB creció en ese tiempo a una media del 3,4 por ciento anual (media europea, 2,1 por 100). La tasa anual de desempleo era en 1985 del 17,7 por ciento; en 2004, del 10,3 por ciento. El nivel de la renta per cápita de España respecto a la media comunitaria era en 1986 del 69 por ciento; en 2004, del 86 por ciento.
La democracia y Europa habían transformado radicalmente España. A principios del siglo XXI, el país era una economía pujante. España contaba, ahora, en el mundo. En 1989 presidía, en efecto, la Comunidad Europea. Al año siguiente, participó con una fragata y dos corbetas en la guerra del Golfo (Pérsico), desencadenada por la invasión unilateral de Kuwait por Irak. En total, desde 1989 a 2006, tropas españolas participarían en un total de 47 operaciones militares internacionales (en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, en Irak…) comandadas o por la ONU o por la OTAN o por la propia UE -operaciones de «paz y ayuda humanitaria», pero en situaciones de guerra-, a las que destinó unos 67.000 soldados (si bien nunca hubo más de 2.300 soldados españoles participando en misiones internacionales al mismo tiempo). En 1991, Madrid, por iniciativa de los Estados Unidos y Rusia, fue designada sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, un gran éxito organizativo de la diplomacia española. En 1992, España fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En América Latina, España sustituyó la vieja retórica de la Hispanidad por una política pragmática encaminada a reforzar los vínculos económicos con los distintos países ibero-americanos y a hacer de España el representante de los intereses latino-americanos ante la Unión Europea: tuvo papel principal en la creación en 1991 de las Cumbres Ibero-americanas; apoyó decididamente la democratización del continente, donde su propia transición democrática le había dado considerable prestigio; y los procesos de paz, elecciones y negociación con la guerrilla en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El restablecimiento de la democracia, la transformación económica, social y cultural del país, la entrada en Europa, hacían del período 1975-2005, los Treinta magníficos años, una de las etapas más positivas de la historia reciente española. El pesimismo crítico y esencialista sobre la condición nacional que en su día había impregnado la obra y la visión de muchos intelectuales de los siglos XIX y XX (de Blanco White y Larra a Unamuno, la generación del 98, Ortega y Azaña) parecía ahora, 1975-2005, un anacronismo. Al margen de las repercusiones políticas que tuvo, la sociedad y las instituciones españolas asimilaron con serenidad admirable el terrible atentado perpetrado por terroristas islámicos en Madrid el día 11 de marzo de 2004 que costó la vida a cerca de 200 personas.

El entusiasmo europeísta de España estaba, pues, justificado. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea aprobaron el 29 de octubre de 2004 un primer proyecto de Constitución para Europa. El proyecto fracasó porque Francia y Holanda lo rechazarían. España fue, no obstante, el primer país en someter la Constitución europea a referéndum y el primero en aprobarla. El referéndum español se celebró el 20 de febrero de 2005: votó el 42,32 por 100 del censo; los votos favorables a la Constitución fueron 10.804.464, el 76,73 por ciento de los votos emitidos.

Juan Pablo Fusi