España penitente

Decía Albert Camus: “…se nos arrastra al confesionario laico, el peor de todos”. Eso parece que está sucediendo en España cuando reflexionamos, hablamos y discutimos sobre el órdago de los independentistas catalanes. Nos sentimos en la obligación de excusarnos, de compensar nuestra posición. Si estamos en contra del referéndum ilegal tenemos que justificarnos diciendo que es impensable aplicar el artículo 155 de la Constitución o que no somos conservadores ni nostálgicos nacionalistas españoles. Si defendemos que nadie está por encima de la ley, tampoco los independentistas catalanes, nos vemos impelidos a decir a continuación que los gobiernos de España y Cataluña, en un plano de igualdad, deben dialogar o que nosotros, los que respetamos las leyes, estamos obligados a ofrecer hasta el último día soluciones más o menos meditadas.

Todo con tal de disculparnos ante unos políticos aventureros que vieron en los efectos devastadores causados por la crisis económica en la sociedad española y el debilitamiento de la legitimidad de las instituciones constitucionales la oportunidad de conseguir sus objetivos partidarios manipulando las leyes, ignorando la historia y despreciando a una parte muy considerable de su propia sociedad. Mientras ellos aceleran irresponsablemente, los demás parece que estamos obligados a ser responsables también por ellos y hacer lo posible y lo imposible para evitar eso que llaman “choque de trenes”.

Aprovechando las inseguridades de la sociedad española, riegan las calles de los pueblos y ciudades de Cataluña de carteles con la imagen del dictador Franco, relacionando su figura con los que defienden la Constitución; mencionan continuamente palabras, ideas y sucesos que llevan inevitablemente a identificar a los que no están con ellos con el franquismo, con la intolerancia y con la dictadura. Como decía Constant: “Cuando ciertas ideas se asocian con ciertas palabras por mucho que se repita y demuestre que esa asociación es abusiva, esas palabras reproducidas evocarán largo tiempo las mismas ideas”. En todo su comportamiento no puedo dejar de ver todos los defectos -improvisación, altanería, ignorancia, ensimismamiento, orgullo irreflexivo- que nos han acompañado durante parte de nuestra historia a los españoles. En ese irónico juego de espejos que es la Historia, los independentistas catalanes se muestran con parte de los peores atributos de un pasado que aborrecen y que la mayoría de los españoles creímos dejar atrás hace ahora 40 años.

Pero si ellos se adornan con lo que desdeñan, una parte del resto de los españoles nos comportamos como lo hemos hecho frecuentemente en nuestro pasado, presos de nuestras inseguridades y producto de una historia azarosa, poco canónica y que no siempre ha ido hacia adelante: obligados por mil motivos a pedir perdón por serlo (¡cuántas veces en nuestra Historia nos hemos disculpado por nuestros errores conocidos, por los que no conocíamos y, aún más, por los que han cometido otros!).

Es fácil, después de tanto tiempo de ejercicios penitentes, herir nuestro inmenso sentido de culpabilidad. Siempre ha habido una gran parte de la sociedad española que se ha sentido débil y culpable. Durante años, esta dolencia sicológica de la sociedad española la expresaron quienes creían que el Estado no podía derrotar a ETA y que alguna responsabilidad teníamos nosotros en el “conflicto” que enarbolaban para justificar sus acciones terroristas -“estoy en contra de que asesinen, secuestren o extorsionen pero, ¡negocien con ellos!, que algunas razones tendrán”-. Eran los partidarios de aceptar parte del discurso político de la banda terrorista a cambio de que éstos, magnánimamente y legitimados, se olvidaran de las acciones terroristas. Se iba a caer el mundo y las calles del País Vasco arderían si se ilegalizaba a Batasuna o se cerraba su periódico; era tal nuestro complejo de culpabilidad que durante años y años el brazo político de ETA, subordinado a las directrices de la banda, tuvo representación en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos. Mientras unos asesinaban, otros presentaban candidatos a las alcaldías, a las diputaciones o al Gobierno vasco, en ocasiones eran los mismos en la acción terrorista y en las instituciones democráticas. Pasado el tiempo y pensándolo bien, ¡qué muestra de debilidad y engaño moral dimos!, y en este caso no me refiero a la sociedad, sino a los políticos que convivimos con esa inmoralidad mirando para otro lado. Pero se cerró su periódico, se les ilegalizó y algunos terminaron en la cárcel por ser encubridores, copartícipes, aunque fuera a título intelectual, y no pasó nada, ni ardieron las calles, ni las ocuparon sus indignados adláteres.

Hoy ellos han dejado sus actividades terroristas y nosotros no hemos cambiado una ley, ni hemos aceptado ninguna, absolutamente ninguna, de sus reivindicaciones. Desde luego, queda mucho por realizar en Euskadi, pero lo haremos desde los escombros de la banda terrorista.

Salvando las siderales distancias -no creo que el reto de los independentistas catalanes tenga que ver algo con ETA, excepto que es posible justamente por la derrota de la banda-, algo parecido sucede con el conflicto que nos plantean; ilegal sí, pero sin la violencia que caracterizó los últimos cuarenta años la vida pública en el País Vasco. Ahora una vez más se aprestan las huestes dolientes y penitentes a buscar soluciones que en este momento de ofuscación no desean los independentistas. En realidad, estos penitentes, a la cabeza de los cuales se encuentran personajes tan valiosos como Iceta, no pretenden pactar con los independentistas, saben que ahora eso es imposible, sólo buscan justificarse ante los otros y ante sí mismos.

Pasará lo que tiene que pasar, los independentistas perderán el pulso porque el Estado, que a veces parece mortecino y sin fuerzas, sigue siendo mucho más poderoso que el Gobierno de la Generalitat. Y digo que llegados a esta situación, en contra de la voluntad de la mayoría de la sociedad española, es inevitable que pacíficamente unos pierdan y otros ganen en la apuesta de los independentistas. Volverá a demostrarse que quien echa un pulso al Estado democrático, no sólo al Gobierno, tiene todas las papeletas para perder; al fin y al cabo, al Estado le basta con que se le respete, se le necesite y, en ocasiones -como cuando pagamos los impuestos-, se le tema. Probablemente, después de las performances de los días posteriores al 1 de octubre todos, menos los de la CUP, se sentirán aliviados. Cierto que pasados estos sucesos involuntarios y desagradables, con calma pero sin parsimonia, con moderación y diligencia, desaparecidas las presiones, tenemos que reflexionar radicalmente sobre el futuro de nuestro país; y, llegado ese momento, los catalanes serán imprescindibles, también los independentistas.

Hogaño, los españoles que no nos avergonzamos de serlo, que no tenemos inclinación por la penitencia pública ni vocación de Tercios de Flandes, pasaremos por las mismas vicisitudes que pasamos en los últimos años del pasado siglo. También entonces a los que estábamos en contra de cualquier cesión política a ETA, a los que denunciábamos la frialdad del PNV con las víctimas de la banda terrorista -hace poco el lehendakari Urkullu hizo una crítica al comportamiento nacionalista de aquellos años- nos llamaban intransigentes, autoritarios o “fachas”. Pero, derrotada la banda terrorista, las diferencias entre lo que piensa el PP, más aún algún sector minoritario de la derecha, y lo que pensamos el centroizquierda sobre el futuro de la sociedad vasca, adquiere sus verdaderas dimensiones. Hoy, ante la apuesta independentista, yo estoy con el Gobierno, que debe garantizar mi condición plena de ciudadano, de la que forma parte fundamentalísima mi derecho para decidir el futuro de mi país.

Mi condición de ciudadano pasa por otorgar o no a los catalanes, según mi criterio personal y mi derecho, la facultad de decidir su relación con el resto de España. No quiero perder, no quiero que me roben lo que tanto nos costó conquistar: la ciudadanía. Y ella depende en gran medida de lo que haga el Gobierno; por eso, sólo por eso, puedo decir sin necesidad de justificarme ante mi conciencia ni ante nadie, que en esta ocasión, en estas circunstancias estoy con el Ejecutivo de Rajoy que no parece inclinarse por una estrategia parecida a la de los Tercios en los Países Bajos. Todo lo demás, también el futuro de Cataluña, lo podemos discutir, sin que les tengamos que dar pena, sin que debamos nada a nadie y menos, desde luego, a unos personajes que resultan ridículamente pequeños comparados con sus pretensiones.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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