España pierde paz

El llamado «Institute for Economics and Peace», un centro de pensamiento y reflexión independiente y sin afiliación partidista, basado en la ciudad australiana de Sidney, acaba de publicar la duodécima edición del informe anual titulado «Global Peace Index», con la pretensión de «medir la paz en un mundo complejo». Se trata de un texto de más de noventa páginas en tamaño folio al que acompañan numerosos gráficos y cuya pretensión, como el propio título indica, se centra en analizar en qué medida el mundo y sus integrantes, en este caso concreto, ciento sesenta y tres estados, mantienen, avanzan o retroceden en el mantenimiento de «sociedades pacíficas». El Instituto promociona lo que llama la «Paz Positiva», que entiende basada en ocho criterios: un gobierno funcional, una equitativa distribución de los recursos, la libertad de información, las buenas relaciones con los vecinos, un alto nivel de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, un bajo nivel de corrupción y un entorno positivo para los negocios. Sobre esa base, y utilizando varios parámetros de medición en la escala de uno a cinco, el informe de 2018 concluye en líneas generales que en los dos últimos años han mejorado setenta y un países mientras que han empeorado noventa y dos. Las mejoras, siempre según el informe, han coincidido en la última década con una reducción en los gastos armamentísticos y se sitúan precisamente en países que en mismo periodo decenal han elevado significativamente sus niveles de crecimiento económico. Si se trata de identificar a los países que mejor y peor rinden según los criterios establecidos, encontramos entre los primeros, por este orden, Islandia, Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca, mientras que entre los segundos, en orden inverso, vemos a Somalia, Irak, Sudán del Sur, Afganistán y Siria. Y los países que han elevado su cociente pacífico en el año en curso son Gambia, Liberia, Irak, Burundi y Senegal. Por el contrario, los que el mismo período han visto deteriorarse su situación en ese terreno son Qatar, República Democrática del Congo, Togo, España y Myanmar.

Según el informe, España, de acuerdo con los criterios seguidos para la evaluación, ha descendido en un año del puesto veinte al treinta de la clasificación, registrando con ello la cuarta entre las más altas medidas de deterioro en el año y la mayor pérdida entre los países europeos, viéndose desplazada del puesto que antes la situaba entre los veinte primeros países de la escala. Precisa el informe: «El deterioro del carácter pacífico en España ha estado motivado por dos tendencias: un incremento en el indicador de impacto terrorista y, en segundo lugar, por el deterioro del entorno político debido al malestar sobre la posible separación de la región de Cataluña». Tras referirse a los atentados terroristas que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambrils en 2017, el texto añade: «La intensidad del conflicto interno y la posibilidad de manifestaciones violentas se han intensificado como consecuencia de la tensa situación en Cataluña. El referéndum ilegal de independencia organizado por el Gobierno catalán el 1 de octubre de 2017, y la subsiguiente declaración unilateral de independencia del Parlamento regional, han polarizado profundamente la opinión en Cataluña, y generalmente en España, sobre la cuestión del nacionalismo regional. Lo mismo se puede decir de la dura respuesta del Gobierno nacional, que en alguna ocasión utilizó la fuerza en su intento por impedir el referéndum. El Gobierno asimismo aplicó el artículo 155 de la Constitución española para suspender temporalmente la autonomía catalana y convocar unas elecciones regionales anticipadas. El sentimiento regionalista catalán, de un lado, y el sentimiento patriótico español entre los catalanes unionistas y los españoles en otras regiones, de otro, están cada vez más profundamente enraizados. Parece probable que un alto grado de polarización continúe en un previsible futuro». Son varios los centros de pensamiento y reflexión anglosajones, habitualmente conocidos como «think tanks», que anualmente publican clasificaciones varias sobre temas de parecido y similar alcance: democracia, Estado de Derecho, libertad de prensa, libertad sindical. El mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos hace lo propio con temas próximos: derechos humanos en general o libertad religiosa en particular. En todos ellos España ha venido apareciendo en los últimos cuarenta años como un elemento apreciado y firme del mundo democrático y occidental y, en la relativa morbosidad de las clasificaciones, siempre ha mantenido un puesto en el pelotón de cabeza, junto con los países de su entorno político e ideológico. Esta puede ser la primera vez en que nuestro país se ve descolgado de esa posición de respeto. Y no es que la descripción australiana resulte, con la excepción de la fuerza utilizada por el Gobierno nacional, excesiva, crítica o deformada. Ni tampoco que su alcance consiga alterar la realidad de las cosas o su posibilidad de reforma y mejora. Pero sí revela un dato al que los españoles todos, y en particular sus representantes institucionales, deben prestar cuidadosa atención: la desgraciada historia de separatismo racista catalán nos ha situado en el lugar donde los países nunca quieren estar, aquel reservado para las comunidades en conflicto.

No van a ser los australianos los que identifiquen a los culpables –aunque no estaría de más que lo hicieran– o propongan soluciones que solo deben estar al alcance del pueblo español, de sus leyes y de sus representantes. Pero con todo el respeto que merece el trabajado informe, también convendría que los servicios interiores y exteriores del Estado español afilaran sus habilidades para acabar de una vez por todas con las tentaciones tribales del supremacismo nazi catalán y devolver a España la calificación de excelente «sociedad pacífica» que nunca debía haber perdido. Entre otras cosas porque la tacha que nos llega de Sidney nos recuerda una verdad bien sabida: no hay política exterior que valga si no está basada en la existencia de una comunidad nacional bien avenida. La de ciudadanos libres e iguales en una patria común e indivisible que dice la Constitución. España.

Javier Rupérez es académico correspondiente a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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