España propone la Unión económica

España representa y dirige, desde el Consejo de Ministros de la Unión, a 27 países y 500 millones de hombres y mujeres de Europa. Esta Europa le pide a la Presidencia española, sobre todo, una cosa: salir de la crisis recuperando el crecimiento y creando empleo de calidad.

El Gobierno español ha puesto este objetivo en el primer plano de su programa para el semestre y propone a la Unión adoptar, como palanca imprescindible para conseguirlo, tres decisiones: 1. Una estrategia económica que potencie la inversión pública y privada, particularmente, en educación e innovación, en la formación de trabajadores especializados y en energías limpias. 2. Una coordinación de esas políticas a nivel europeo y en los foros internacionales (formaciones G, FMI y otros); y 3. Una exigencia real a los Estados del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por ellos, a través de la Comisión Europea (la llamada Gobernanza). Estas tres decisiones han de constituir una sola estrategia (no 27), aunque flexible y adaptable a las circunstancias de cada país, con objetivos sencillos y alcanzables. Es lo que llamamos estrategia Europa 2020, que sustituirá a la Estrategia de Lisboa, ya agotada.

Para alcanzar todo esto, el Gobierno español tiene que conseguir el acuerdo entre los Gobiernos, en el Parlamento Europeo y en la nueva Comisión Barroso II. También con los interlocutores sociales (stakeholders), a través del diálogo con la sociedad civil europea.

España tiene toda la autoridad, capacidad y legitimidad para lanzar dicha estrategia de crecimiento y empleo. Partimos con el apoyo inicial de los 27. Se acaba de poner de manifiesto en La Granja, en la reunión de ministros para Europa celebrada la semana pasada. Ellos explicitaron la confianza de todos los países de la Unión para que el Gobierno de España, con base en el Programa de la Presidencia, aborde esta tarea colectiva. En ella nos jugamos la profundización del modelo social europeo y, por tanto, la propia credibilidad del proyecto de la Unión.

¿Es mala suerte que nos haya tocado presidir el Consejo en tan crítico momento? Yo creo que es precisamente todo lo contrario. Los Gobiernos de los Estados miembros confían en España porque es un gran país europeísta, que tiene como parte indisoluble de su proyecto democrático la firme convicción en la necesidad de la integración política y económica del continente.

Nos acredita nuestra biografía dentro de la Unión Europea. Cuando ingresamos en la Unión (1986), respaldamos firmemente el mercado interior único, base esencial de su fortaleza económica. Después, estuvimos en el núcleo de decisión del Tratado de Maastricht (1993), que creóla Unión monetaria, la cual se manifestó enseguida en el lanzamiento del euro, la moneda única europea. Hoy, en el siglo XXI, la lógica de mercado y moneda comunes nos conduce irreversiblemente a la Unión económica y nosotros la impulsaremos desde la Presidencia.

Lo que España propone es, efectivamente, la Unión Económica. El programa de la Presidencia española -calificado críticamente por quienes temen esa unión económica como “anodino” (sic)-, tiene esa ambición por dos razones básicas. La primera es que sólo así vamos a poder salir de la crisis con un crecimiento duradero, regular y sólido (y por tanto, con la posibilidad de ir disminuyendo los fuertes estímulos fiscales inyectados en el último año en el sistema por los poderes públicos europeos).

La segunda razón es que lo dice el Tratado de Lisboa, cuya puesta en práctica inmediata va a ser otra gran prioridad de nuestra Presidencia.

La Unión Económica tenía que haber estado vigente mucho antes. La Unión Económica y Monetaria (UEM), según el Informe Delors, debía ser el “estadio final” de la integración económica. La filosofía que inspiró la UEM en Maastricht es que la Unión monetaria era sólo la culminación de un proceso previo de convergencia de políticas económicas y de observancia de normas macroeconómicas mínimas. Sin embargo, este proceso se paralizó y la Unión económica no vio la luz, mientras que la que se desarrolló fue la política monetaria. Ahora es el momento, a través del Tratado de Lisboa, de recuperar la Unión económica. Así que la idea de la coordinación efectiva de las políticas económicas europeas y de las reformas estructurales -como realidad, y no sólo como deseo- no es una invención o una ocurrencia del Gobierno de Zapatero. El Tratado de Lisboa introduce en el llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión un nuevo artículo, el 5º (desarrollado después), que obliga a los Estados a coordinar sus políticas económicas en el seno de la Unión. Este artículo dice que, para ello, el Consejo de Ministros de la UE “adoptará medidas”, y definirá la orientación de dichas políticas.

Además, dicho artículo 5º obliga a los Estados a “garantizar la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros”. También señala la competencia de la Unión para coordinar las “políticas sociales” de los Estados miembros.

Todo ello es la base jurídica y política del propósito de la Presidencia española: que salgamos de la crisis juntos, asegurando unas políticas económicas, de empleo y sociales coordinadas. Es lo que pretende ser la estrategia Europa 2020 de crecimiento y creación de empleo de calidad, que es la esencia de ese Pacto Social al que el presidente del Gobierno apeló en el Parlamento Europeo.

Tal estrategia conjunta debe proyectarse en las políticas económicas concretas que tenemos que compartir y, entre ellas, destacadamente, la de energía, en una Europa vulnerable y dependiente, que aún no tiene un mercado común energético, ni interconexiones suficientemente desarrolladas. La energía se une a las otras esenciales políticas económicas: mercado interior, medio ambiente, redes transeuropeas, investigación y desarrollo y mercado europeo de las tecnologías de la información.

Si la Unión económica hubiera sido una realidad antes de la crisis, la dureza de la misma y de su impacto en el mercado de trabajo hubiera sido mucho menor. Por eso, el Gobierno español plantea a sus socios que las orientaciones de política económica que apruebe el Consejo sean exigibles a los 27, a través de las medidas efectivas (de estímulo u otras) que se acuerden. La ausencia de seguimiento riguroso es una de las razones que explican que la década 2000-2010 en la Unión no sólo fuera tiempo perdido en el avance institucional, sino también en la convergencia de políticas económicas, que es la base de una integración política sólida y creíble.

Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea.