A finales del mes de marzo de 1492, cuando las flores de primavera estaban en flor en las colinas y la paz había regresado al paisaje de Granada, el Gobierno de los reinos de España emitió un decreto ordenando la expulsión de todos los judíos de España. Una vez más estamos en el mes de marzo, las flores están en flor, y el Gobierno de España expresa ahora públicamente su pesar por lo ocurrido en 1492. La expulsión fue a la vez dura y cruel, y sin duda el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, tenía razón cuando afirmó que «hemos cometido un error histórico hace cinco siglos». Sus palabras eran parte de una declaración en la que el Gobierno del PP anunciaba que estaba ofreciendo la nacionalidad española a todos los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Muy poco después, un portavoz del Gobierno de Portugal anunció que iba a tomar la misma medida.
Dos preguntas muy importantes surgen de esta propuesta del Gobierno español. En primer lugar, ¿cuáles son los motivos que hay detrás de esta propuesta de subsanar un «error histórico»? Los comentaristas no han dejado de observar que la decisión se anunció en una reunión en Madrid de judíos estadounidenses, el más rico y poderoso de los grupos de presión que ejercen influencia en el Congreso de los Estados Unidos y también en Israel. España tiene graves problemas económicos, y podría beneficiarse del apoyo de este lobby. ¿Desea el Gobierno ayudar también a Israel contra la campaña de boicot, desinversiones y sanciones que los palestinos han declarado actualmente contra el Estado judío?
¿O es la propuesta simplemente -y esa es la parte que es más difícil de creer- una expresión de arrepentimiento sincero por parte del Gobierno de España? ¿Por qué el Gobierno opina que España sola cometió un «error histórico»? ¿No sabe Ruiz-Gallardón que en esos años los principales estados de Europa occidental también expulsaron a sus judíos: Francia (Provenza), Italia (Parma y Milán), Polonia (Varsovia)? ¿Han extendido ahora estos estados la ciudadanía a los descendientes de los judíos? La prensa estima que sólo en Israel hay tres millones de judíos que desean acogerse al nuevo privilegio español.
La segunda pregunta significativa que se plantea es: ¿desea ahora el Gobierno poner remedio a otro y no menos importante «error histórico», la expulsión de los musulmanes de España en 1609? En 1492 España expulsó a un número estimado de 50.000 judíos, o aproximadamente el tamaño de la población de una de sus ciudades. En cambio, un siglo más tarde y más concretamente en los años posteriores a 1609, expulsó a unos 300.000 musulmanes, o sea, un numero seis veces mayor de personas. Al igual que los judíos, eran españoles puros, y habían vivido y trabajado en España toda su vida. Su expulsión fue un acto despiadado, que no se repitió en ningún otro lugar de Europa. Por extraño que parezca, el actual Gobierno de España no ha hecho ningún gesto para admitir que también fue un «error histórico». ¿Y por qué? ¿Es que el Gobierno aprueba lo que les sucedió a 300.000 españoles en 1609 pero desaprueba lo que les pasó a 50.000 españoles en 1492? Fuera de España la gente no dudó de la crueldad de lo ocurrido en 1609. El Cardenal Richelieu de Francia declaró en aquel momento que las expulsiones de los musulmanes eran «el acto más bárbaro en los anales humanos.»
Podemos preguntar si el actual Gobierno español aprueba aquella barbarie. La verdad es que muchos españoles de entonces eran también muy críticos con lo que pasó en esos años. Una y otra vez, personalidades de la sociedad española hablaron en favor de la minoría islámica, la defendieron y se opusieron a la expulsión. Un conocido teólogo de la época, Pedro de Valencia, condenó la expulsión como «injusta», un funcionario del Gobierno, Fernández de Navarrete, declaró que era «una decisión política equivocada.» Si opinaban así incluso entonces, ¿no debería un Gobierno moderno compartir sus puntos de vista?
A través de los siglos, los emigrantes musulmanes lograron mantener una cierta memoria popular nostálgica e imaginada de la tierra de la que procedían. Sus casas, su vocabulario, incluso su música, conservan vestigios de la Andalucía que había sido su hogar. Muchos de los expulsados también anhelaban regresar a casa. Un agente del Gobierno inglés en Marruecos en 1625 informó de que los musulmanes en el exilio estaban ofreciéndose para ayudar a los ingleses a preparar una invasión de España. «Ellos se quejan amargamente de su exilio cruel y tienen un profundo deseo de regresar bajo el dominio cristiano». En España, sin embargo, el legado del Islam fue dejado en el olvido, y el palacio de la Alhambra quedó en ruinas durante generaciones. Cuando el viajero inglés Henry Swinburne visitó Granada, casi dos siglos más tarde, quedó impresionado por el total abandono por los españoles de su herencia islámica. «Las glorias de Granada han perecido con sus antiguos pobladores», observó. «Las calles están repletas de suciedad, los acueductos derruidos, los bosques talados, el territorio despoblado, el comercio perdido; en resumen, todo en un estado de lo más deplorable».
En nuestros días, por fortuna, se ha producido una recuperación. Una gran mezquita, terminada en 2003, ahora vuelve a llamar a los fieles a la oración en el Albaicín, y se han fundado unas 1.177 mezquitas en suelo español. Desde hace algunos años, grupos en Andalucía han presionado en favor del reconocimiento de los derechos de los españoles expulsados en 1609, pero sus demandas han sido ignoradas. El hecho es que sólo en Marruecos 600 familias aún conservan una memoria histórica de sus vínculos con España. Hablando desde Rabat, el presidente de L'Association pour la Mémoire des Andalous criticó fuertemente el doble rasero de España al ofrecer naturalizar a los descendientes de judíos expulsados de España, pero no a los musulmanes.
El sentido común y la justicia humana sugieren que el ministro de Justicia debería examinar de nuevo la situación. Ha habido casos de «errores históricos» en la historia de muchas naciones, y muchas naciones -especialmente los japoneses, los alemanes y los británicos- han sido culpables de terribles crímenes contra la Humanidad. Con su historia imperial, España también ha sido responsable de muchos crímenes, como Bartolomé de las Casas señaló claramente en el siglo XVI. España también tiene que indemnizar a los indios de América, a los bereberes de Marruecos, a la gente de los Países Bajos. Sólo en las tierras de América, según un juez del siglo XVI en Guatemala, Tomás López Medel, «cinco o seis millones de hombres y mujeres han muerto y asolado con las guerras y conquistas, y con otros malos tratamientos y muertes, y por los excesivos trabajos de minas». ¿Por qué razón el Gobierno ha ignorado todos esos errores históricos y ha limitado su atención a un solo caso? Cuando Ruiz-Gallardón presente su extraña propuesta al Congreso de los Diputados, ¿tendrá alguno de los diputados el valor de hacer esa pregunta?
El gesto que se propone hacer hacia las víctimas de 1492 debería también, con toda justicia y humanidad, repetirse hacia las víctimas de 1609. Si no, el hecho de no hacerlo afectará a la reputación de España en todo el mundo civilizado, y pondrá seriamente en entredicho los motivos del Gobierno.
Henry Kamen es historiador. En junio, Yale University Press publica su nuevo libro sobre la Inquisicion española.