Consummatum est. Todo está cumplido. Pero que nadie se llame a engaño, porque lo sucedido ya viene de antiguo. Cuando, sin el menor rubor, el candidato Pedro Sánchez sea por segunda vez investido presidente del Gobierno lo será con los mismos apoyos parlamentarios que obtuvo la primera vez, el 1 de junio de 2018, con ocasión del voto de censura al Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Su nueva elección se producirá gracias a los votos de los partidos con los que el PSOE, desde las últimas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019, tiene establecidas alianzas y coaliciones en autonomías y ayuntamientos de toda España, incluida Navarra, donde para lograr el gobierno, el PSOE no respetó la norma establecida de aceptar la candidatura más votada e incluso para obtener la mayoría pactó con Bildu, plataforma política de la banda criminal ETA.
Para ser nombrado presidente del Gobierno, el candidato del hasta hoy constitucionalista PSOE, ha negociado y ha pactado el apoyo de los partidos firmantes el pasado 25 de septiembre de 2019 de la llamada «Declaración de Llotja del Mar», documento impulsado por Arnaldo Otegui, que fue terrorista de ETA. Un manifiesto político que además del partido promotor, el batasunero Bildu, fue firmado por los tres partidos golpistas e independentistas catalanes, JxCat, ERC y la CUP, junto a los también independentistas partidos del BNG y Més per Mallorca, socios municipales y autonómicos de gobierno del PSOE, respectivamente en Galicia y en Baleares.
En dicha declaración, el revoltillo de partidos firmantes, todos independentistas y anticonstitucionales, demandan el reconocimiento del derecho de autodeterminación para sus «pueblos» y exigen la «liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados» (sic).
Por ello, cuando su secretario general sea proclamado presidente del Gobierno, el portavoz del PSOE deberá agradecer el apoyo recibido de los votos y de las abstenciones de partidos, unos como Podemos, que pasarán a formar parte del nuevo gobierno y otros como los independentistas, que conformarán la nueva mayoría parlamentaria que sostendrá al gobierno en minoría, debiendo aprobar en la legislatura presupuestos y leyes, sin que a día de hoy sepamos públicamente a cambio de qué, ¿o si lo sabemos?
El PSOE también dará obligadas gracias a sus nuevos socios, todos los partidos que en un desacato más se negaron a cumplir con la preceptiva obligación de despachar consulta con el Jefe del Estado en el trámite constitucional para designar un candidato a la Presidencia del Gobierno.
El PSOE también deberá dar rendidas gracias por su voto a todo cuanto partido aboga por la reforma de la Constitución, cuando no sencillamente por su derogación. Sin olvidar las miles de gracias debidas por el apoyo pactado a los partidos impulsores de la plurinacionalidad de España, del derecho a la autodeterminación de parte de sus territorios, de la independencia de los mismos y, por si faltara algo, partidarios de la abolición de la Monarquía.
Sobre todo el PSOE no deberá olvidar dar encendidas gracias a sus nuevos socios de gobierno, los comunistas radicales y populistas de Podemos, partido que, como quien no quiere la cosa, proyecta implantar en España un modelo socio-económico remedo de la Venezuela chavista y que con el eufemístico «derecho a decidir» pretende camuflar la autodeterminación demandada por los independentistas catalanes y vascos, además de haberse negado a firmar el pacto antiterrorista.
Y así, 41 años después de la masiva aprobación por el pueblo español de la vigente Constitución de 1978, nos encontramos en la España del presente con que el otrora principal protagonista de la ejemplar transición democrática y del proceso constituyente, el Partido Socialista Obrero Español reniega de su pasado y, para que su secretario general sea presidente del Gobierno, establece una alianza parlamentaria y un pacto de gobierno con todos los partidos, sin que falte ninguno, que en el referendum constitucional del 6 de diciembre de 1978 se opusieron a la aprobación de la Constitución.
Y triste y paradójicamente hoy el PSOE se alía con partidos que en su día no aceptaron el consenso constitucional e incluso promovieron el voto NO o la abstención en aquel referéndum: el PNV, ERC, el BNG, Bildu (entonces Herri Batasuna) y Podemos, el heredero directo de los partidos antisistema y comunistas radicales de entonces, tales como el Partido del Trabajo (PT), el Movimiento Comunista (MC) o la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), grupos sectariamente ideologizados que ansiaban sustituir la dictadura franquista por una dictadura soviética, o castrista, o maoísta. Una auténtica sopa de siglas cuyo proyecto político lo continúa hoy nada menos que el nuevo socio de gobierno del PSOE. Así Pablo Iglesias y sus adláteres alcanzan una responsabilidad que les permite iniciar la estrategia del «entrismo» en las instituciones, primer paso para acceder al poder según sus manuales leninistas.
Esta nueva mayoría política impulsada por el actual PSOE es sencillamente un capítulo más en la hoja de ruta establecida por el partido nacionalista de los socialistas catalanes, PSC, cuando era liderado por Pascual Maragall y que el 14 de diciembre de 2003 firmó el conocido como «Pacto del Tinell», con ERC y con los comunistas catalanes. Este acuerdo inició la voladura de la Constitución de 1978, en la estrategia de instaurar un nuevo modelo de Estado, republicano y plurinacional que reconociese el derecho a la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, estrategia seguida hasta hoy puntualmente primero, por su inmediato sucesor Montilla y en la actualidad por Iceta, el muñidor y vocero de los pactos del PSOE con los independentistas catalanes.
El actual PSOE, sin oposición conocida a Pedro Sánchez, abandona pues el campo constitucionalista y forma un frente inédito hasta hoy en España, aliándose parlamentariamente con los partidos golpistas e independentistas partidarios del derecho a la autodeterminación, a la vez que forma el único gobierno en Europa con comunistas populistas de corte tercermundista. Unos y otros partidarios como primera medida de la reforma de la Constitución.
Como pocos serán los cambios económicos que Bruselas permitirá, el escenario político será de lo más favorable a los nuevos gobernantes que por encima contarán con el soporte propagandístico de medios de comunicación públicos y del oligopolio televisivo privado de «lo políticamente correcto».
La dialéctica versará sobre el diálogo para resolver el problema político de Cataluña y el País Vasco, la plurinacionalidad de España, el blindaje de las identidades nacionalistas, el derecho a decidir y las inevitables reformas estatutarias, contando como siempre con el comodín de la Iglesia Católica para animar el debate. Y con estos mimbres sabemos de sobra los cestos que nos esperan. Nunca España estuvo tan cerca de su fragmentación territorial y todo parece indicar el fin del ciclo constitucional actual. En la memoria de todos también el recuerdo de las negativas a pactar de Ciudadanos en las pasadas elecciones del 28 de abril y del PP en las últimas del 10 de noviembre.
Pero lo más triste para muchos es que un partido que durante 140 años se ha comprometido en la defensa de los ideales y los valores socialistas de la igualdad y de la solidaridad, por mucho menos que un plato de lentejas admita que las diferencias argüidas por el nacionalismo se conviertan en desigualdades entre las personas y los territorios de España.
Francisco Vázquez es socialista y exmilitante del PSOE actual.