España, última víctima de la piratería en alta mar

El convulso siglo XXI, que prácticamente acaba de comenzar, nos va a deparar a las naciones civilizadas numerosos sobresaltos. Las prácticas odiosas contra el Derecho Internacional, que nunca fueron erradicadas del todo en el mundo en que vivimos, vuelven con mayor intensidad, aprovechando las nuevas tecnologías, la globalización y la justificación política.

La esclavitud o tráfico de seres humanos, la piratería marítima y aérea en forma de secuestro, el narcotráfico para la financiación de grupos armados, el terrorismo indiscriminado, la prostitución, el robo, etcétera, son cada vez más frecuentes. Africa es, desgraciadamente, un continente a la deriva, sin apenas industrias ni trabajo, y los alimentos básicos han subido en los últimos tiempos hasta un 200%. Y en este contexto, la piratería y demás acciones violentas contra los derechos humanos se van imponiendo.

Como dice el ministro de Información de Puntland, Abdirahman Salhah, «los europeos se acuerdan ahora de Somalia porque les secuestran gente». El pacifismo de Clinton y sus acólitos internacionales hizo que el Ejército de EEUU no permaneciera el tiempo necesario en Mogadiscio para poner algo de orden en la caótica capital del país. Tampoco interesaba mucho, la verdad, porque no era un país estratégico como Afganistán, ni tenía reservas petrolíferas como Irak. Además, los cascos azules de Naciones Unidas se habían retirado cobardemente y Somalia quedaba a su suerte en una guerra tribal interna, que dura ya 20 años, y donde hay zonas como la de Puntland, sin gobierno, con 1.300 kilómetros de costa, que se ha convertido en refugio y dominio de los piratas somalíes, eritreos y yemeníes.

Francia sufrió un acto de piratería el pasado 4 de abril, cuando se apoderaron del lujoso yate Ponant, con 30 tripulantes a bordo y por los que se negoció un rescate de dos millones de dólares. Pero Francia con una base aeronaval en Obock, en la República de Djibouti -en el mismo estrecho de Bab el Manden, en la frontera con Somalia-, no tardó en reaccionar. Sarkozy negoció el rescate, pero una vez liberados los tripulantes franceses, ordenó a sus geos de la Gendarmería Nacional asaltar a los piratas en sus guaridas y recuperar el dinero pagado por el rescate.

Por su parte, Alemania, hace pocos días, dio orden a su fragata Essen, que patrullaba en el golfo de Aden, que protegiese a un superpetrolero japonés ante el acoso de los piratas. En estas travesías por el océano Indico, desde Filipinas y Sumatra, los capitanes cierran herméticamente puertas y escotillas, y navegan a toda máquina. Difícilmente los piratas pueden acceder al interior de un gran buque de carga. La fragata alemana, con su helicóptero, no consiguió capturar a los piratas, pero escoltó al buque japonés hasta el puerto de Aden. El Reino Unido e Italia tienen también en la zona apoyo logístico desde hace un siglo. Y por supuesto, también lo tiene Estados Unidos con la Task Force 150, además de la flota del Indico, que es tan poderosa como la VI Flota del Mediterráneo.

España, que en los últimos años ha perdido el poco prestigio internacional que tenía, en cuanto se produjo el secuestro del barco atunero vasco Playa de Bakio, pidió ayuda a sus aliados humildemente, tratando de esconder sus errores pasados, que no son nuevos. Así, en mayo de 2006, el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, reconocía en el Senado el auge de la piratería, contabilizando más de 300 acciones de piratas en esa zona del Indico. Y en julio de 2007, todos los partidos aprobaron una moción, instando al gobierno del PSOE a proteger a la flota atunera española, con más de 30 barcos en la zona, mediante el envío de una patrullera y de una fragata. La moción fue rechazada por el Gobierno, basándose en razones técnicas y económicas, y negándose a tener presencia en la estratégica costa de Somalia.

Paradójicamente, la historia se repite y, aunque los tiempos han cambiado, aunque sea a título de curiosidad conviene recordar otras dilaciones y vaguedades de anteriores gobiernos españoles en asuntos internacionales.

A finales del siglo XIX, Inglaterra había ocupado Aden y todo el sur de la península Arábiga. Francia ocupó Oboe, hoy Djibouti, donde mantiene su base naval. Italia ocupó la bahía de Assuab, al sur del mar Rojo. España no se preocupó de tener presencia en la zona, a pesar de que el cónsul español en Alejandría, Encarini, informó de que el jefe de la tribu Ras-Asman, llamado Ali-Tabat, estaba dispuesto a vender a España un puerto en la costa de Puntland, en Somalia. Los ministros de Estado y Ultramar, a quienes se encomendó el estudio de la propuesta, no contestaron, y el asunto quedó en el olvido.

Años más tarde, en 1876, se volvió a considerar el establecimiento de una base naval que sirviese de aprovisionamiento de la escuadra en la navegación a las Filipinas, y para ello se envió al teniente España, quien eligió la bahía de Faluya. Pero tampoco se tomó ninguna decisión. Siendo ministro de Estado el marqués de Vega de Armijo, envió una nueva comisión mandada por Pedro Carrere, quien se decidió por un lugar al abrigo del cabo Guardafui, en Somalia, para establecer una base naval. Pero en 1885, cuando volvió a España, ya no era ministro el marqués de Vega, y el asunto quedó para siempre olvidado. Poco antes de la guerra de Filipinas, hubo otro intento de negociar con el Gobierno italiano la utilización de un espacio en la bahía de Assuab para la escuadra española, mediante un arriendo por 15 años.

No se llegó a ningún acuerdo y el Gobierno español lo lamentaría años más tarde, en 1898, cuando surgió la guerra de Filipinas, y Egipto puso dificultades al paso de los barcos españoles por el Canal de Suez, haciendo el juego a Inglaterra y a EEUU. Por no encontrarse a tiempo España en el Mar Rojo, dejó de estarlo luego en el momento decisivo de Cavite y Manila.

Bien es cierto que los tiempos han cambiado, pero lo errático de la política exterior española sobre esta cuestión permanece. Nunca hemos sabido actuar en el ámbito internacional. Siempre hemos ido a remolque de Francia, y en menor medida de Inglaterra. Una vez más, ha habido que pedir ayuda a Francia. Es seguro que Zapatero, un presidente que ignora como nadie la importancia de las relaciones internacionales, habrá pedido consejo a Sarkozy para resolver el conflicto del secuestro del Playa de Bakio de forma pacífica, ya que en su mente siempre ha prevalecido esa idea antes que cualquier acción, y menos la militar.

El precio del rescate [se habla de 766.000 euros] que permitió finalmente el fin de semana la liberación de la tripulación, se habrá pagado seguramente en dólares, a través de una cuenta bancaria de alguna compañía opaca, domiciliada en la República de Djibouti, que es un paraíso fiscal donde prolifera el dinero negro de los príncipes árabes y de los señores de la guerra africanos. El atunero vasco será escoltado por la fragata Méndez Núñez hasta las islas Seychelles y probablemente desde allí volarán en avión los liberados hasta España. Luego se hablará del problema de la piratería en los foros internacionales y no se resolverá nada, porque la ONU está en una parálisis creciente, y sus resoluciones poca eficacia tienen.

Sin embargo, la piratería en alta mar es un asunto de Derecho Internacional, que es competencia de la Organización Internacional. Ya en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1992, se recoge en los artículos 100 a 107 todo lo referente a la piratería y su represión, responsabilidad de los estados, y actuación de los buques de guerra. Hay que precisar que el Tratado o III Conferencia tardó en entrar en vigor 12 años, es decir, el 16 de noviembre de 1994, y que EEUU no lo ha aceptado en gran parte porque su eficacia es muy limitada.

En teoría, la piratería se da sólo en alta mar, o en algunos espacios donde no llega la autoridad de ningún Estado. El presente acto de piratería parece ser que se cometió en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, como indica el artículo 101, a) ii) y b), del Tratado o III Conferencia.

En cuanto al apresamiento del pesquero español, y el rescate de la tripulación, la fragata Méndez Núñez, de acuerdo con el artículo 105, podía hacerlo conforme a la ley, ya que parece ser que el lugar en que se encontraba el atunero no está sometido a la jurisdicción efectiva de ningún Estado, puesto que Puntland es un territorio autónomo de Somalia, sin gobierno efectivo. La infantería de marina española podría haber apresado a los piratas y serían los tribunales españoles los que habrían de decidir las penas a imponer, de acuerdo con dicho artículo.

Manuel Trigo Chacón, profesor de Derecho Internacional. Es autor de Historia de las Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional Marítimo, editados por la UNED.