España, una democracia en veremos

Son dos historias, dos ciudades: parecen tan distintas y son tan semejantes. El primer caso se diría menor y afecta a Madrid; el segundo involucra a Cataluña y es el más importante que España va a enfrentar en muchos años. Pero el problema de base es el mismo en los dos: quién vota, quién debe votar, quién lo hace o no lo hace; cómo, por qué, para qué sirve, hoy, la democracia.

Uno es municipal. Pronto se cumplirán dos años desde aquella noche en que una alianza de diversas izquierdas ganó los gobiernos de las ciudades más importantes del país y se quedó, entre otras, con la capital. Desde entonces la alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena, una mujer de 75 años, excomunista, exjueza, exjubilada. La capital fue gobernada durante 25 años por la derecha del Partido Popular y, ahora muchos se quejan de que con este gobierno de cambio, la vida no ha cambiado mucho. Por eso, entre otras cosas, el pasado febrero la alcaldesa convocó una consulta electoral sobre temas ciudadanos. Con gran despliegue publicitario, Decide Madrid llamaba a los vecinos a votar sobre la remodelación de la Plaza España –una de las principales de la ciudad–, el ancho de las aceras en la Gran Vía, la instalación de un boleto único para el transporte público, un plan para mejorar la polución urbana; en algunos distritos se les preguntaba si querían cambiar el nombre de una calle, un parque.

Los comicios duraron una semana, del 13 al 19 de febrero, y se podía votar por internet: lo hicieron 212.108 personas, menos del cinco por ciento de un padrón que supera los cuatro millones. A veces, las mejores intenciones de abrir la participación a todos chocan contra el poco interés de muchos. El caso más meneado fue un gran parque en Hortaleza, un barrio periférico, bautizado Felipe VI en homenaje al rey. Se consultaba la vuelta al nombre original, Parque Forestal de Valdebebas, y 2.528 ciudadanos votaron que sí: son el 1,4 por ciento del padrón del distrito pero fueron el 62 por ciento de sus votantes, así que ganó el cambio de nombre. Los grandes medios se mofaron de una decisión mayoritaria tan minoritaria y la alcaldesa está tratando de impedirla.

Quienes critican la decisión dicen, con cierta lógica, que no hay derecho a que un par de miles decidan por todos; les contestan, con lógica cierta, que todos tenían el derecho a decidir pero no lo ejercieron. Son puntos en disputa: ¿los que no votan tienen derecho a quejarse de lo que deciden los que sí? ¿La participación no es el requisito mínimo para reclamar cualquier decisión?¿No tendría que haber un mínimo de votantes para que una decisión sea válida?

La votación madrileña es un gran ejemplo de democracia actual: un mecanismo que usa la mayoría como criterio aunque, a menudo, la mayoría no use el mecanismo. La mayoría que eligió a Trump en Estados Unidos contó a 63 millones de personas en un país donde podrían votar 200: menos de un tercio. En el plebiscito por la paz en Colombia podían votar 35 millones: seis millones y medio –menos de un quinto– decidieron el triunfo del No. En los países donde es obligatorio, votan un poco más, pero tampoco tanto.

En Cataluña, mientras tanto, el problema puede ser el inverso: muchos quieren votar y no los dejan. Hacia 2012 el gobierno de la Generalitat, dirigido por un partido de la derecha catalanista, Convergencia i Unió, estaba en problemas. Su política de enfrentar la crisis económica recortando gastos de salud y educación públicas producía rechazos, marchas, huelgas. Su supervivencia estaba amenazada. Fue entonces cuando el buen viejo nacionalismo –la base de cualquier populismo con aspiraciones– le salvó la vida.

La primera regla del manual del populismo es conseguirse un enemigo. Convergencia i Unió nunca había propuesto la independencia, pero la adoptó, despertó el sentimiento catalanista dormido –acunado por algunos partidos de izquierda– y lo convirtió en un clamor en torno a un enemigo que sirvió para definir y unir a los que no tenían nada en común.

No hay enemigo más visible y aparentemente natural que el “ocupante”. España era un buen enemigo, y el clamor creció.

La segunda regla del manual del populismo es ofrecer soluciones ilusorias a cuestiones complejas: “La crisis llega porque España nos roba”, repetía uno de los eslóganes más usados por los independentistas. “Todo se arregla si nos vamos de España”, concluían, y presentaban unas cuentas inverosímiles sobre los ahorros fiscales y la prosperidad económica que tendría una nación independiente, sin contar que esa nación debería pagar una infraestructura nacional que ahora no paga y perdería el acceso a sus mercados naturales: España, de la que se iría por propia voluntad, y Europa, de la que tendría que irse sin quererlo.

Pero el sentimiento crecía: el populismo nacionalista, bien aplicado, tiene pocos antídotos. Lo ayudaba, además, el gobierno de Madrid. La derecha en el poder central hacía –y hace– todo para encrespar a los catalanes: al Partido Popular le sirve presentarse como el último bastión nacional, el único capaz de contener la fuga de Cataluña y la centrifugación del reino.

Hace dos años el gobierno catalán convocó un referéndum para votar la independencia; el Estado español lo declaró ilegal y la votación se celebró a medias; hace dos semanas el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, su responsable, fue condenado por “desobediencia al Tribunal Constitucional”. Ahora el gobierno catalán ha decidido convocar un nuevo referéndum en septiembre. El cuatro de abril, el Tribunal Constitucional, afín al PP, suspendió las partidas presupuestarias destinadas a celebrarlo: su desarrollo normal está en peligro.

Aunque muchos no piensen votar la independencia, la mayoría de los catalanes quiere el referéndum; la derecha lo rechaza de plano; la izquierda dice que no se puede negarles el derecho a votar. Entonces los españolistas les contestan que sí pero: que si la integridad de un país puede ser decidida por una parte de ese país, deberían votar todos los españoles. Los catalanes se niegan, por supuesto. El argumento es más o menos obvio: si se acepta que España ocupa Cataluña, son los ocupados y no los ocupantes quienes tienen el derecho a decidir. La votación, en cualquier caso, está en entredicho. Es probable que suceda y que sus resultados sean impugnados por el gobierno central.

Unos pueden votar pero no quieren, otros quieren votar pero no pueden –o no les hacen caso–. Las dos situaciones parecen contrapuestas y son, más bien, complementarias: problemas de la política contemporánea. En general, estamos de acuerdo en que la democracia consiste en decidir a través de los votos; muchas veces no estamos de acuerdo en quién debe emitir esos votos. O por qué quienes debieran votar no lo hacen.

En cualquier caso, no está funcionando. El 2016 fue el año en que los más entusiastas defensores de la democracia descubrieron que la democracia no siempre los defendía, o que no defendía los valores que ellos creían defender cuando defendían la democracia. Vivimos tiempos en que, a veces, los procedimientos democráticos dan resultados que podríamos llamar antidemocráticos; si no fuera porque democracia es eso: aceptar la decisión del mayor número. ¿O no?

Si queremos seguir definiendo a la democracia como el gobierno de las mayorías, habrá que conseguir que las mayorías asuman el gobierno. Que usted –y usted también– vuelva a creer que votar es un derecho y un deber que vale la pena ejercer con entusiasmo y alegría; que si no vota después no se podrá quejar. Que usted –y usted también– exija que los partidos participantes tengan programas claros para dejar de votar a ciegas o a sonrisas, y que si no los cumplen pierdan su representación. Que usted –y usted– exija que mejoren los mecanismos de consulta, plebiscitos, referendos.

Que si usted –y usted también– piensa que solo nos dejan votar las tonterías o las formalidades, porque las decisiones importantes ya no las toman los gobiernos sino los hiperricos y sus corporaciones, pensemos las formas de votar gobiernos que vuelvan a tomarlas. Y que si usted –y usted también– sospecha que ellos prefieren que no queramos votar (así nos gobiernan más fácil), decida votar más para no dejarse.

O podemos decidir no hacerlo, pero entonces habrá que dejar de llamarlo democracia y aguantarse todo lo que venga. Alguna vez conseguiremos remplazarla por un sistema mejor. Todavía no sabemos cuál sería y, por ahora, las opciones a la vista no son alentadoras.

Martín Caparrós es periodista y novelista argentino, y vive en España. Sus libros más recientes son El hambre y Echeverría.

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