Una correcta valoración de la colaboración que Francia ha prestado a España en la lucha contra ETA y de las consecuencias que sobre la misma tendrá el asesinato del agente Jean Serge Nérin exige tomar en cuenta la evolución experimentada por esta cooperación entre los dos países. Con ese fin es también preciso examinar los debates que ETA ha mantenido a lo largo del tiempo considerando y descartando acciones terroristas en territorio francés. El análisis de estas variables permite evaluar las características de un ejemplar y eficaz modelo de trabajo conjunto frente al terrorismo por parte de España y Francia que, no obstante, es susceptible de mejora.
En primer lugar, debe subrayarse que ETA ha rechazado siempre la comisión de atentados y asesinatos en Francia consciente de las negativas consecuencias que este proceder tendría para la banda. De este reconocimiento es posible deducir que la banda no deseaba provocar una intensificación de la respuesta contraterrorista por parte de las autoridades francesas y que, por tanto, la política antiterrorista en Francia todavía no ha alcanzado su mayor nivel de dureza. Sin embargo, tampoco debe obviarse que el temor etarra surgía en gran medida por las dificultades operativas de abrir un nuevo frente en una situación de acuciante debilidad causada precisamente por la excelente colaboración entre Francia y España. Los significativos niveles de detenciones y procesamientos de miembros y colaboradores de ETA en Francia en los últimos años así lo demuestran.
Esa efectiva presión policial y judicial desde Francia fue la que alimentó en ETA diversos debates sobre la idoneidad de dirigir su violencia más allá de nuestras fronteras. Un escrito encontrado en Francia a comienzos de 2002 y elaborado por un dirigente etarra definía como «un error político militar» el hecho de que la banda todavía no se hubiese decidido a atentar contra policías franceses. El autor del texto justificaba así su postura: «Desde hace tiempo el enemigo, a saber, el Estado francés, ha emprendido su trabajo de opresión codo con codo con el Estado español». Por ello, el terrorista exhortaba a perpetrar en Francia «actos muy mediáticos contra las fuerzas represivas y los intereses económicos», pues «el tiempo de pasar a los actos ha llegado».
A pesar de ello, ETA siguió evitando acciones terroristas en el país vecino, ante el temor a la reacción del Gobierno francés. Esta cuestión volvió a suscitarse en el debate que tuvo lugar dentro de la organización terrorista entre 2007 y 2008 tras la ruptura de su tregua en 2006. La consideración de Francia como enemigo de ETA quedaba de manifiesto en una de las aportaciones al debate terrorista al asegurarse lo siguiente: «Tendremos que golpear al Estado francés, no faltan motivos». Sin embargo, en esa ocasión ETA también optó por no llevar a cabo atentados en Francia que, como declaró un mando antiterrorista francés en 2008, durante el juicio contra Ibon Fernández Iradi «Susper», «no quedarían sin consecuencias por parte del Estado francés».
La hostilidad etarra hacia Francia quedaba evidenciada también con los planes de matar a la juez Laurance Le Vert, que en última instancia fueron relegados por el temor a la respuesta que podrían desencadenar. Esa hostilidad emerge en numerosos comunicados de la banda en los que los terroristas han denunciado literalmente el «conflicto armado que mantiene Euskal Herría con España y Francia» y «las fuerzas armadas, económicas, políticas, jurídicas y mediáticas de ambos estados», así como la «política criminal que aplican Francia y España contra los ciudadanos vascos secuestrados». Sin embargo, aunque ETA ha afirmado que «los Estados español y francés cercenan violentamente los derechos de nuestro pueblo» y que por ello «ETA tiene que recurrir a la lucha armada», la banda ha eludido siempre la acción directa contra un estado como el francés, al que desprecia en igualdad de términos que al español. Esta es la incoherencia que ha llevado a algunos dirigentes de ETA a reclamar atentados contra Francia exigiendo una campaña terrorista de carácter «nacional», o sea, que no quedase circunscrita a uno solo de «los estados opresores».
Aunque la propaganda terrorista ha instado a «romper las cadenas que nos imponen España y Francia», los terroristas han renunciado a ser consecuentes con su retórica eludiendo el enfrentamiento abierto con Francia, conscientes de los negativos efectos de semejante decisión. En ese contexto el asesinato del agente Nérin puede impulsar el perfeccionamiento de mecanismos que ya han dañado considerablemente a ETA, y que los terroristas temen sean más eficaces aún si se benefician de una mayor inversión de recursos humanos y materiales.
Quienes critican que hasta ahora Francia no haya definido a ETA como un auténtico problema de seguridad nacional deberían considerar con realismo que resultaba complicado que así fuera, debido a la limitada magnitud y repercusión de la amenaza terrorista para dicho país. A este respecto, tampoco han sido irrelevantes los episodios de negociación entre ETA y sucesivos gobiernos españoles, al resultar contradictorios con las reclamaciones de un mayor endurecimiento de la colaboración francesa. La posición de España para exigir a Francia un incremento de su compromiso en la lucha contra ETA se debilita si periódicamente se justifica su atenuación cuando se decide negociar con esos mismos terroristas para cuya persecución se solicita la asistencia francesa.
Con objeto de ubicar en su justa medida la trascendental contribución de Francia al combate contra ETA conviene recordar los excelentes resultados derivados de la implantación de equipos de investigación conjuntos formados por miembros de las distintas policías francesas y españolas. Además, deben subrayarse avances tan notables como la regular aplicación de extradiciones y euro-órdenes, las entregas temporales, e incluso el cambio de jurisprudencia adoptado por Francia en 2007 con la intención de eliminar la amenaza de impunidad en causas con más de veinte años de antigüedad. Fue esta histórica decisión del Consejo de Estado francés la que permitió rechazar el recurso del etarra Joxean Zurutuza contra el decreto de extradición, haciendo posible que el terrorista fuese juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato en 1982 de Enrique Cuesta y de su escolta Antonio Gómez.
En esta modélica cooperación existen ámbitos susceptibles de mejora, como el que afecta a la explotación de la documentación intervenida en Francia, y a la que los investigadores españoles tardan un cierto tiempo en acceder, o a la investigación de los canales de financiación de ETA en el país vecino, o la situación de Batasuna, que allí sigue operando dentro de la legalidad. A todo ello ha de sumarse la necesidad de una mayor y más rigurosa concienciación social sobre la verdadera naturaleza de ETA -y las implicaciones de su terrorismo para una democracia como España, vecino y socio de Francia en la Unión Europea-, que, a diferencia de lo que los medios de comunicación franceses señalan con frecuencia, no es una mera «organización separatista».
El balance de los esfuerzos que ambas democracias vienen desplegando contra ETA nos permite concluir que, a pesar de las mejoras que sin duda pueden introducirse, la cooperación antiterrorista entre los dos países está haciendo realidad la premonición que ETA contemplaba en un comunicado fechado en octubre de 2004: «De manos de España y Francia nos deviene una muerte lenta y cruel».
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos.