Hace 35 años, el 31 de enero de 1980, las fuerzas de seguridad de Guatemala asaltaron la Embajada de España, ocupada por un grupo de campesinos en protesta por las matanzas que se perpetraban en Quiché. Murieron 37 personas; entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol, el canciller Luis Felipe Sáenz y María Teresa Vázquez, los tres de nacionalidad española. La actitud del Gobierno del general Romeo Lucas García fue incomprensible, lamentable y contraria al Derecho Internacional. No solo permitió la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada, contra la expresa voluntad del embajador, sino que además pretendió excusar y encubrir sus decisiones con una campaña calumniosa contra el entonces embajador de España, Máximo Cajal, presentándolo como responsable de haber organizado la toma de la legación por campesinos y estudiantes. España no tuvo entonces otra opción que tomar la difícil y dolorosa decisión de romper relaciones con Guatemala, la primera vez en nuestra historia con una nación iberoamericana, que solo se restablecerían cinco años después.
Casi coincidiendo con la fatídica fecha del 31 de enero, hace pocos días un tribunal guatemalteco unánimemente sentenció a cuarenta años de cárcel por asesinatos al exjefe policial Pedro García Arredondo, único responsable material del asalto y quema de la Embajada que se ha podido procesar. La misma sentencia le impuso otros cincuenta años de pena por la muerte de dos estudiantes. El tribunal también lo consideró culpable por asesinato en grado de tentativa del embajador Máximo Cajal, quien sobrevivió con graves quemaduras y que, gracias a la protección de los embajadores de Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos, se evitó que corriera la misma suerte que el campesino Gregorio Yujá, el otro sobreviviente de la quema, asesinado posteriormente.
A pesar del largo tiempo transcurrido y de que los hechos ya fueron investigados y condenados en 1999 por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, su revisión por la Justicia guatemalteca supone un motivo de satisfacción y de celebración. Satisfacción por el grado de madurez alcanzado por las instituciones y la sociedad guatemalteca. Celebración porque, 35 años después, ha sido posible romper la impunidad por aquellos hechos y porque las víctimas y sus familiares hayan obtenido una justa dignificación. Esta sentencia ayuda a cerrar las heridas del pasado, pero es también una oportunidad para constatar las excelentes relaciones actuales entre España y Guatemala y la voluntad mutua de seguir trabajando en un marco de confianza.
El pasado año celebramos el XXV aniversario de la creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; veinticinco años también de cooperación con Guatemala. Desde entonces, con una contribución de 1.300 millones de dólares, entre 1988 y 2014, España se ha situado como el segundo donante en el país con notables avances en áreas como la reducción de la pobreza y el combate a la desnutrición; el desarrollo social y rural, y también en el ámbito de la Gobernabilidad en el sector de seguridad y justicia.
Muchos empresarios españoles están apostando por Guatemala, país de creciente atractivo para el comercio y las inversiones. La cada vez mayor presencia empresarial –somos el tercer inversor en el país y el segundo proveedor europeo en el ámbito comercial– y el hecho de que se trate de inversiones orientadas a largo plazo son buenos ejemplos de nuestro compromiso con Guatemala. Los vínculos humanos entre nuestras naciones son importantes y cercanos. Aproximadamente 9.000 españoles viven perfectamente integrados en Guatemala y un número aproximado de guatemaltecos conviven entre nosotros con la naturalidad que nos otorga nuestra cultura y lengua común. En este fructífero marco de relaciones, nos encontramos ahora ante la oportunidad histórica de rendir un merecido homenaje a todas las víctimas de aquel triste suceso y desagraviar la memoria del embajador Cajal, quien nunca dudó en colaborar activamente con la justicia de Guatemala hasta su fallecimiento el pasado mes de abril. Y lo hizo en la esperanza de que se esclareciera la verdad, se diera voz a los familiares de las víctimas, guatemaltecas y españolas, y se reparase en lo posible el daño causado.
Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo que ha juzgado estos hechos, dijo el 19 de enero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Guatemala: «Esta sentencia viene a ser el agua que apaga ese incendio de la búsqueda de justicia». Creo que muchos en España y también en Guatemala lo sentimos así.
José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.