España y la fortaleza europea

Por Daniel Reboredo, historiador (EL CORREO DIGITAL, 29/09/06):

Las migraciones se han convertido en los últimos años en un elemento central de las políticas de los países desarrollados, especialmente en aquéllos que comparten frontera entre el mundo pobre y el rico, como España. Desde la visión inicial de la inmigración como ‘problema coyuntural’, resulta cada vez más aceptado el hecho de que se trata de un fenómeno estructural, ligado a la globalización. En Europa, la llegada de un número sin precedentes de inmigrantes a las costas de las Islas Canarias ha impulsado un debate a nivel nacional y de la Unión Europea. Pese a que los inmigrantes llegados a España en pateras o cayucos representan una mínima parte de las entradas, su dramatismo ha conseguido convertirse en catalizador del debate político sobre la inmigración en nuestro país y en la Unión. La inmigración se ha convertido ya en España en el principal problema del país, de acuerdo con lo que expresan sondeos y encuestas, y ha adquirido una relevancia política y social mayor que en cualquier otro momento de su historia. Un fenómeno de tal envergadura afecta, sin duda, a los más variados aspectos de la vida social, empezando por la estructura demográfica.

La inmigración, al igual que otros muchos fenómenos, tiene dos caras, la legal y la ilegal, que en no pocas ocasiones se mezclan de manera interesada. La ‘necesaria’ inmigración legal ha contribuido trascendentalmente al crecimiento económico del país, salvando las cuentas de la Seguridad Social gracias a las nuevas afiliaciones (este tema necesita de precisiones ya que se suele hablar sin conocimiento de causa y sin manifestar los puntos negros), y contribuyendo a la mejora del nivel de vida ciudadano. Nuestro admirable desarrollo y crecimiento se debe a esta mano de obra de más de dos millones de personas, las legalmente regularizadas. El término ‘inmigración ilegal’ se emplea para describir una gran variedad de fenómenos, entre los que incluye a los nacionales de terceros países que entran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro por tierra, mar y aire, comprendidas las zonas de tránsito de los aeropuertos. Ello se hace a menudo utilizando documentos falsos o falsificados, o con ayuda de redes de delincuencia organizada de contrabandistas y traficantes. Además, hay un número considerable de personas que entran legalmente con un visado válido o con arreglo a un régimen de exención de visado, pero que prolongan indebidamente su estancia o cambian la finalidad de ésta sin la aprobación de las autoridades. Durante las próximas décadas aumentará la presión de la inmigración, considerando la situación económica y política de numerosos países de origen, las previsiones demográficas y el ‘efecto llamada’ de la ‘rica Europa’.

Atender al problema de la inmigración ilegal ha sido una parte fundamental de la política de inmigración común de la UE desde su inicio en 1999. El Tratado de Amsterdam creó competencias comunitarias en este ámbito en su título IV, con el artículo 62 del TCE como fundamento jurídico para la normativa relativa a los controles fronterizos y a la política de visados, y el artículo 63, apartado 3, del TCE como base explícita para las medidas relativas a la inmigración ilegal y la residencia ilegal, incluida la repatriación de los residentes ilegales. El principal objetivo de la política comunitaria en el ámbito de las fronteras exteriores es el establecimiento de una gestión fronteriza integrada que garantice un nivel alto y uniforme de control de las personas en las fronteras exteriores y de vigilancia de estas últimas.

Medidas como las comunicaciones de la Comisión Europea de 2001 (política común para la inmigración ilegal), 2003 (evaluación de los planes de acción e inventario anual) y 2005 (plan estratégico en el ámbito de la inmigración legal); los tres planes de acción de 2002 del Consejo sobre inmigración ilegal, controles fronterizos y retorno; la creación el 26 de octubre de 2004 de una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE (Frontex), dirigida en la actualidad por Ilkka Laitinen; el programa de La Haya (programa de trabajo plurianual en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad, adoptado por el Consejo Europeo el 4 y 5 de noviembre de 2004); el plan del Consejo de 1 de diciembre de 2005 para luchar contra la trata de seres humanos, hacer frente al empleo ilegal y sancionar a los patronos delincuentes; la propuesta del Consejo Europeo de 15 y 16 de diciembre de 2005 de plantear el problema de forma global y de las medidas para conseguirlo y, en último término, el Código comunitario de normas para regular la circulación de personas a través de las fronteras, adoptado a principios de 2006 por el Parlamento europeo y el Consejo, que ha reestructurado y actualizado las disposiciones jurídicas del acervo de Schengen sobre fronteras exteriores, son algunas de las iniciativas comunitarias.

Pero ni toda esta densa normativa y su aplicación práctica, ni las operaciones marítimas para controlar los flujos migratorios HERA I (iniciada el 17 de julio) y HERA II (3,2 millones de euros del presupuesto comunitario de 2006), ni la inmediata operación de control de la frontera mediterránea, denominada JASON, ni la celebración de cada vez mayor número de conferencias y entrevistas (Rabat en julio, consultas hispano-alemanas en Meersburg en septiembre -12 de septiembre-, cumbre de Helsinki -10 y 11 de septiembre-, Consejo informal de ministros de Justicia e Interior celebrado en la localidad finlandesa de Tampere -21 de septiembre-, cumbre de Madrid con Portugal, Grecia, Chipre, Eslovenia, Francia, Italia y Malta prevista para hoy y en la que se propondrá desarrollar un modelo europeo de gestión de la frontera marítima, y la futura Cumbre de la UE de octubre en Lathi -19 y 20 de octubre-, donde España, Francia e Italia presentarán una propuesta conjunta sobre inmigración), ni las recientes declaraciones del comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, señalando que la inmigración requiere una respuesta europea solidaria, sirven para mejorar la situación y para conseguir el máximo apoyo, o alguno que no sea testimonial, de la UE; apoyo que no llega y que seguramente no llegará.

Parece que ni el ser los primeros en aprobar la Constitución Europea en referéndum y los que primero decidimos mandar tropas al peligroso Líbano nos ha servido para conseguir la ayuda necesaria de la Unión para encauzar un problema que afecta a todos los Estados miembros y que debe ‘europeizarse’. La llegada masiva de inmigrantes clandestinos a la UE es un problema de dimensiones europeas, que debe abordarse en el marco de un esfuerzo de escala comunitaria. Lo que hoy viven algunos países de la Unión, lo vivirán otros en un futuro cercano, ya que la inmigración clandestina afecta a todos.