El pasado lunes, la Comisión Europea hizo oficial su propuesta para mantener la suspensión de las reglas de déficit y deuda que lleva vigente desde 2020 a consecuencia de la pandemia. De acuerdo con la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para el periodo de 2022 a 2025, el déficit público se reducirá al 5% este año, situándose por debajo del umbral de déficit excesivo del 3% en 2025. En cuanto a la deuda pública, se cierra 2021 con un importe del 118% del PIB, al que se añade la previsión de cierre en 2022 del 115%.
Sin embargo, lo preocupante es que la estimación de déficit estructural estará en el entorno del 4% en 2025, por encima del nivel previo a la pandemia. Es lo que estima el Gobierno. Otros organismos internacionales, como el FMI y, especialmente, la Comisión Europea en su Fiscal Sustainability Report 2021, califican de "alto" el riesgo en la sostenibilidad fiscal de España para el medio y largo plazo, y estiman un déficit estructural superior al 4%.
Para una mejor comprensión: el desfase estructural de las cuentas consolidadas del sector público español se sitúa en el entorno de los 50.000 millones de euros. El déficit estructural se genera independientemente de los factores cíclicos de la economía y es el que, precisamente, más preocupa a los compradores potenciales de deuda pública. Es evidente que las recientes decisiones de gasto estructural implicarán una pesada carga presupuestaria a la que habrá que hacer frente. Una parte sustancial de ese desfase estructural estará relacionado con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y la derogación del llamado "factor de sostenibilidad".
Este desfase constituye una importante amenaza sobre la financiación del conjunto del sector público. Con todo, lo peor es la negativa evolución de este desajuste. Esta previsión del 4% de déficit estructural en 2025 duplica el registro de 2018. No hace tanto, en 2017, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al valorar el cierre presupuestario de 2016, declaró en el Congreso que un déficit estructural en torno al 2,5% del PIB "no asegura la sostenibilidad de la deuda". Esa reflexión mantiene hoy toda su vigencia.
En abril, el Banco Central Europeo confirmó su decisión de finalizar con el programa de compra de deuda pública a partir de julio. Esto significa que las emisiones de los Estados miembros, y, por supuesto, la deuda soberana de España e Italia, volverá a ser analizada por los mercados de capitales, y el riesgo de fragmentación en la financiación pública dentro de la zona euro es real.
En esta encrucijada, no deberíamos conformarnos con esperar al proceso de revisión de las reglas fiscales de la Unión Europea. La posición de la economía española es vulnerable y esta situación ya se vivió en 2011. Además, puede acabar contagiando a los costes de financiación de las empresas españolas. El Banco de España ya ha avisado de que el coste de la emisión de deuda corporativa a largo plazo se ha incrementado en los tres primeros meses de 2022. La economía española es una deudora neta respecto al resto del mundo y el aumento de la carga financiera será especialmente negativo para familias vulnerables y para las pymes con pocas opciones para diversificar sus fuentes de financiación.
Cuanto antes se diseñen medidas y compromisos de reducción del déficit estructural, mejor nos irá. Recordemos las lecciones del pasado: para economías endeudadas, la estabilidad fiscal es un valor objetivo y asegura la sostenibilidad de la financiación del sector público.
Compromiso político y social
Es exigible un compromiso político, pero también social, que diseñe una estrategia de medio plazo creíble para los potenciales inversores en deuda española. Alternativamente, podríamos alcanzar acuerdos políticos para "disimular" esa falta de estabilidad, pero no funcionará. Los mercados de capitales valorarán, con o sin revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, qué políticas presupuestarias hay tras cada emisión de deuda pública en la zona euro.
Por parte del Gobierno español y de su plan de estabilidad, la reducción de la deuda parece querer alcanzarse por la recuperación de la actividad y la alta inflación que expandiría el PIB nominal, así como por unos tipos de interés a largo plazo bajos. Pero... ¿esto será suficiente? No hay motivos para pensar así, ya que se han asumido compromisos estructurales de gasto que representarán una pesada carga para los contribuyentes del futuro.
La respuesta que deberíamos dar como país es la de reforzar instrumentos de disciplina presupuestaria como la regla del gasto, para alinear el crecimiento potencial del gasto público con el crecimiento del PIB. O bien avanzar en la reducción de las partidas de gasto sobre las bases recomendadas por la propia AIReF en sus "Spending Review".
Por otra parte, el exceso de recaudación de los impuestos de mayor potencia recaudatoria (IRPF o IVA) a consecuencia del aumento de la inflación podrían ser aprovechados tanto para rebajas fiscales selectivas para familias o pymes y autónomos vulnerables como para rebajar el stock de deuda.
En conclusión, la consolidación presupuestaria en España es necesaria no sólo para cumplir con las reglas fiscales europeas, sino, sobre todo, para dar estabilidad al conjunto de la actividad económica. Y no hay muchas alternativas, el sector público español debe recuperar el compromiso con la estabilidad fiscal con la fijación de unos objetivos realizables, que incluyan la reducción de ese saldo estructural negativo. En caso de no hacerlo, es alto el riesgo de que los mercados de capitales impongan por la vía de los hechos un ejercicio de austeridad fiscal contraproducente para la recuperación económica de nuestro país.
Miguel Ferre, Senior partner de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en KREAB.