España y la velocidad

El Gobierno, como todos los gobiernos, tiene diseñados varios escenarios de emergencia energética donde hay recogidas una serie de posibles medidas recomendadas por la Agencia Internacional de la Energía. El primer nivel de alerta se activa cuando el barril de petróleo llega a los 120 dólares. Hasta aquí, todo parece normal.

El año pasado, el barril de petróleo estaba a 80 dólares y la inestabilidad en el Magreb y en Oriente Próximo lo ha hecho subir hasta 112 con puntas de 120, por lo que parece lógico y razonable que se adopten medidas de carácter preventivo para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de ahorrar energía.

Aquí conviene recordar que más del 80% de la energía que consumimos viene del exterior y que un aumento de 10 dólares en el precio del barril de petróleo nos cuesta a todos 6.000 millones de euros más al año. Que una de las medidas sea la reducción de la velocidad en autopistas y autovías a nadie debería de sorprender por obvio. En primer lugar, porque las autopistas y autovías concentran la mitad del tráfico y, en segundo lugar, porque la velocidad más eficiente es de 90 km/h y a partir de ese mínimo el consumo crece siguiendo una curva proporcional al cuadrado de la velocidad. Al precio actual, una reducción de 10 km/h en la velocidad media supone un ahorro de 21 millones de barriles de petróleo al año, que no son pocos.

Pero con la velocidad hemos topado, y a partir de aquí todo vale. Unos dicen que, como se tardará más, se consumirá más, olvidando que el consumo se mide por kilómetro recorrido y no por tiempo. Otros dicen que no se ahorrará nada ignorando las más elementales evidencias científicas. Y algunos recuerdan que lo más importante es la educación, lo que, siendo cierto, solo produce efectos a medio y largo plazo, y mientras, ¿qué hacemos?

Otros se oponen a la medida argumentando que donde se consume es en la ciudad porque se arranca y se para mucho, lo que es verdad, pero poco o nada tiene que ver con la velocidad porque aquí la única alternativa es la promoción del transporte público y la peatonalización de algunas zonas, lo que ya se está haciendo, y desde hace tiempo, en nuestras ciudades.

También se dice que la medida es un atentado a la libertad individual, olvidando que la gasolina la compramos fuera, es deuda exterior y que, para pagar la deuda, tendremos que pedir prestado en el extranjero y no parece recomendable endeudarnos más. Podremos leer que es un disparate y que no tiene precedentes ignorando que países tan poco sospechosos de hacer cosas raras como EEUU, el Reino Unido o Suecia tienen la velocidad máxima en 110 km/h en autopista a pesar de ser productores de petróleo.

La velocidad en nuestro país sigue levantando ampollas. Nadie discute la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción o la obligación del uso del cinturón de seguridad, pero seguimos cuestionado todo lo relacionado con la velocidad. Una plataforma reivindica que hay que aumentarla en las autopistas hasta 140 km/h, medida que ningún país serio se ha atrevido a implantar. Muchos repiten que en Alemania no hay límites, lo que no es del todo cierto, porque solo hay libre velocidad en un pequeño porcentaje de su red de autopistas y porque, cuando en un tramo se producen más de dos accidentes, sí los imponen. Además, no somos alemanes. También hemos leído que en Holanda han subido la velocidad a 130 km/h, cuando lo único que hacen es una prueba piloto de dos meses de duración en un tramo de la autopista E-22 entre dos pequeñas localidades del norte del país, lo que me parece serio y recomendable para recoger evidencias científicas. Y, por último, muchos tratan de deslegitimar el sistema repitiendo que los radares son solo para recaudar sin tener en cuenta que lo que el Estado pueda dejar de ingresar por los impuestos de la gasolina siempre será muy superior a las posibles multas.

En España, la velocidad media en autopista es de 122 km/h. Muy por encima de la de los países que tienen 130 km/h como límite genérico y de los que tienen 120 km/h. Y, a pesar de todo, nos quejamos. Soy de la opinión de que todo debería ser más sencillo. Nuestro país tiene un problema de dependencia energética del exterior. El aumento del precio del petróleo puede hacer peligrar la recuperación económica y del empleo y nos piden que arrimemos el hombro, que corramos un poco menos para reducir la factura energética sin grandes esfuerzos. Nada más.

El debate está abierto y todos nos hemos enterado de que tenemos un problema energético aunque no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en la solución. Algo es algo. A ningún Gobierno le gusta tomar medidas impopulares, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Esta es una espléndida oportunidad para demostrar la madurez de un país, la categoría de nuestros representantes políticos, la responsabilidad de todos y el compromiso de la sociedad civil. O para ver si, por el contrario, seguimos arrastrando los problemas de siempre y los intereses particulares son mucho más importantes que el interés general.

Por Pere Navarro, director general de Tráfico.

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