Españoles en el exterior: ciudadanía con espinas

Con la ciudadanía española en el exterior pasa algo parecido a lo que ocurrió, durante años, con las mujeres: no es un tema tabú, sino espinoso. Y por espinoso, poco conocido y por poco conocido, a menudo, obviado. No se trata, sin embargo, de un colectivo menor: actualmente, fuera de nuestro país, viven tantos españoles como en la región de Murcia o en la ciudad de Barcelona (algo más de millón y medio). Tampoco se trata de un grupo humano menguante: entre 2009 y 2010, el número de residentes en el exterior aumentó en más de 100.000 personas.

Cifras tan espectaculares se deben, en parte, al proceso de naturalización, producto de la Ley de Memoria Histórica, pero también a un incremento sostenido de la emigración, consecuencia de la crisis. Es muy posible que, debido a ambos factores, en breve podamos hablar de unos dos millones de personas.

Lo curioso del caso es que, pese a su importancia numérica y a diferencia de otros países que cuentan con importantes contingentes de sus nacionales en el extranjero, los españoles del exterior tienen poco peso específico en la realidad nacional. De hecho, las relaciones que dichas personas mantienen con su propio país suelen estar marcadas por viacrucis administrativos, desprotección social -sobre todo en América- e insospechadas trabas en España (para abrir cuentas corrientes, para que sus hijos nazcan en hospitales públicos, para revalidar títulos académicos, para cotizar, etcétera).

Sus derechos no son, en definitiva, los mismos que los de los residentes en nuestro país, inmigrantes incluidos. Precisamente por eso, el actual Gobierno aprobó -a finales de 2006- un Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que no solo supuso un auténtico hito jurídico (en la medida en que rompió con una vieja tradición etnocéntrica), sino que, además, pareció poner a España en la senda de un replanteamiento estratégico del problema similar al realizado, en los últimos tiempos, por países como Rusia, India o Turquía.

Ha bastado, sin embargo, un lustro para que un nuevo jarro de agua fría se vierta sobre la que, León Felipe, definía como “España trasterrada”: recientemente, el Parlamento (PP incluido) ha aprobado una reforma de la LOREG que limita, de facto, los derechos electorales de los españoles en el exterior. A partir de ahora, votar desde el extranjero será más complicado, ya que los electores tendrán que rogar su voto (es decir, inscribirse para votar).

Las explicaciones para este agravio comparativo son abundantes aunque las razones últimas, elocuentes: hoy por hoy, los españoles del exterior votan en nuestras circunscripciones. Eso genera sentimientos encontrados: positivos cuando el resultado es la sobrerrepresentación de determinadas provincias, pero negativos cuando la elección de algunos alcaldes depende del voto de personas que nunca han vivido en el municipio implicado.

¿Por qué no crear entonces, como en Italia, una circunscripción exterior? Pues porque, aunque el programa electoral del PSOE lo defendía, el Consejo de Europa lo recomienda y el Consejo de Estado lo avaló, su introducción implicaría que ciertas provincias perdieran peso a favor de los residentes en el exterior o que se incrementara el número global de parlamentarios, posibilidad peliaguda en un contexto de crisis.

Desde España, sin embargo, nadie acostumbra a preguntarse por las consecuencias de que un cuerpo electoral mayor que la provincia de Málaga siga sin tener representación propia y a partir de ahora, además, se le restrinjan las posibilidades de escoger representación ajena. Son más espinas: su vulnerabilidad aumenta, tanto a nivel nacional como exterior.

Hasta hace poco, nuestros expatriados dependían de intermediarios residentes en España que, aunque no comprendían bien sus problemas, se ocupaban de ellos. A partir de ahora, ¿a quién le interesará ir a buscar votos a lugares lejanos, de elevada abstención, cuya realidad no le importa?, ¿quién se tomará en serio a los órganos consultivos de la “Emigración”?

Dicha situación solo sería injusta si no fuera porque este problema también incorpora una dimensión geopolítica: nuestro país sigue sin plantearse lo que hará en los próximos años, como Estado, con su comunidad exterior. Hay países de nuestro entorno que -como Francia, Italia o Israel- lo tienen claro hace tiempo y otros que -como Rusia, China o India- comienzan a tenerlo.

También España, en plena transformación de las relaciones internacionales, debiera plantearse trazar una política de diáspora activa: no se trata, tanto, de cuestionarse lo que nuestro país puede aportarle a sus residentes en el exterior, como de indagar en los beneficios de una concepción más circular de la ciudadanía. Nuestros expatriados, de hecho, podrían convertirse en un actor exterior tan válido y tan dinámico como nuestras grandes empresas.

Pero para que eso ocurra, para que se concrete el viejo precepto de la Constitución de Cádiz -según el cual, nuestro país, es “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”- nuestros expatriados deberían ser escuchados pero, sobre todo, considerados. Últimamente, países como Chile, Irlanda o Australia lo han hecho con éxito. ¿Por qué no comenzar, como ellos, por elaborar un informe que escudriñe nuestra alma exterior?

Por Juan Agulló, sociólogo y periodista residente en México.

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