La discusión partidaria en torno a las políticas de austeridad y las reformas que las acompañan no alcanza a ser plenamente ideológica porque los vertiginosos cambios lo impiden y, sobre todo, porque la revisión del Estado de bienestar se presenta como una necesidad materialmente ineludible. Pero precisamente esa búsqueda, por parte de la izquierda, de una clave ideológica que explique lo que está sucediendo y pueda desenmascarar los supuestos racionales del adelgazamiento de lo público deja de lado el examen pormenorizado de cada uno de los cambios y renuncia a desentrañar las incoherencias que presentan y los efectos secundarios que podrían acarrear. El socialismo espera a Hollande porque aspira a un calendario más laxo en el cumplimiento de los compromisos contra el déficit, a ver si así recupera el aliento. Aunque en cierto modo es una espera compartida por el centroderecha gobernante y por el poder económico, temerosos también de quedarse sin oxígeno por el esfuerzo. Pero la denuncia de una injusticia general, de un peligro global, impide lo más perentorio: la crítica razonada de las medidas por sus efectos.
A primera vista, el Gobierno ha impulsado los recortes que conocemos y no otros porque trata de obtener resultados inmediatos. Pero no todas las medidas son tan eficaces a corto plazo y ninguna de ellas está a salvo de ocasionar daños colaterales. El diagnóstico en el que se basa el programa de estabilidad 2012-2015 considera que el endeudamiento de los hogares se mantiene en estándares europeos, mientras que el empresarial es elevado y se concentra en la construcción, lo cual es causa de la desconfianza que nuestro sistema financiero suscita en el exterior. Estos días han vuelto a sonar voces de rescate bancario.
Pero nadie parece acordarse de las familias que van respondiendo mes a mes al préstamo que las entidades crediticias les concedieron para hacerse con una vivienda cuya pérdida de valor constituye una exigencia de la recuperación. Su empobrecimiento resulta así imperceptible, como si fuese consecuencia de una culpa individual –abonar una cantidad desorbitada por un inmueble que no valía tanto– que han de penar independientemente de la coyuntura económica. La reordenación del sistema financiero adquiere así la apariencia de un castigo que en realidad únicamente padecen los hipotecados.
En el último Consejo Interterritorial de Sanidad se habló sobre el ahorro que representaría para el sistema público de salud transferir a determinadas personas que hoy son hospitalizadas a plazas residenciales. Se trataría de cambiar una cama gratuita por otra si acaso subvencionada. Visto lo que ocurre con la aplicación de la ley de dependencia, muchas familias optarían por llevársela a casa. De modo que el ajuste presupuestario podría ser incluso superior a los 600 millones calculados. Pero ese eventual “movimiento de camas” incrementaría la postración y el práctico abandono en que se encuentran demasiados grandes dependientes aquejados de patologías sin cura.
No hace falta recurrir a la ideología ni a un juicio de intenciones para entrever en la propuesta el desahucio social de los “sin remedio”. Sanidad ha limitado la atención pública a los inmigrantes que no tengan plenamente regularizada su estancia en España a los servicios de urgencias, ginecología y pediatría. Como si nadie en el ministerio se hubiese puesto a pensar cómo podría deshacerse el sistema de alguien en esa situación al que se le descubra una enfermedad grave.
El incremento de las tasas universitarias inducirá, desde el momento en que se aplique, un efecto disuasorio respecto a aquellos jóvenes o adolescentes para cuyas familias resulte un serio inconveniente. Que el coste de los estudios se convierta en un factor más determinante de lo que es en el itinerario académico y personal tendrá consecuencias que ni siquiera los promotores de la medida están hoy en condiciones de prever. La selección natural no será tan natural y el ajuste difícilmente supondrá un ahorro tal que compense los perjuicios que ocasione. Esperar a Hollande es una opción demasiado distraída como para solventar los problemas que nos aquejan.
La situación no precisa un cambio ideológico en sentido partidista sino una mayor toma de conciencia sobre los efectos reales –y quizá irreversibles– de la improvisación y el cortoplacismo caso por caso. Las medidas de ajuste establecen criterios y con ellos valores que ponen a prueba la solidaridad y el sentido de la justicia. Pero nada peor para evitar el deterioro de la cohesión social que recurrir a supuestos doctrinarios.
La crisis ha puesto en entredicho el paradigma de la igualdad y esta sólo podrá restablecerse revisando concienzuda y cuidadosamente el Estado de bienestar.
Kepa Aulestia.