La vida es lucha y esfuerzo, evolución y retroceso, acierto y error, valor y miedo; tanto en su dimensión individual como en su realidad social o colectiva. Las naciones tienen sus momentos álgidos, sus tiempos estables y sus épocas de retroceso. No es inteligente autoengañarse o, como se suele decir, «hacerse trampas en el solitario». La realidad está ahí y tarde o temprano se manifiesta de manera inexorable.
Recientemente España ha recibido unos datos preocupantes que precisan de una mínima reflexión, con el objetivo de ser útiles y tratar de mejorar la complicada realidad presente de nuestra Nación y, más importante, de los 47 millones de personas que viven en ella. The Economist publica anualmente (analizamos el último, del año 2021) su Democracy Index, en el que se valora la calidad democrática de una gran parte de los países del planeta, en concreto 165. Se aporta sobre España (especialmente en las páginas 10 y 62) una información verdaderamente útil que nos puede ayudar a identificar problemas e intentar mejorar nuestra vida en común, que de eso se trata.
Los datos más relevantes sobre España son cuatro:
1) Por primera vez bajamos de categoría democrática; hay cuatro y pasamos de la primera (democracia plena) a la segunda (democracia defectuosa). Igualmente, por primera vez bajamos de la nota global del 8 y obtenemos un 7,94.
2) La mejor puntuación de los cinco bloques analizados la tenemos en «procesos electorales y pluralismo» (9,58); la peor, en «funcionamiento del Gobierno» (7,14).
3) Hemos entrado en una dinámica de caída democrática desde el año 2019 (puesto 16), año 2020 (puesto 22) y año 2021 (puesto 24).
4) El documento, en el caso de España apunta principalmente cuatro problemas para nuestra vida democrática: a) la fragmentación parlamentaria; b) los casos de corrupción; c) el creciente nacionalismo en Cataluña, y d) el deterioro de la independencia del poder judicial con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creo realmente que debemos de atender con seriedad esta información.
a) Fragmentación parlamentaria. Se puede realizar un doble análisis de la misma. Por un lado, es fiel reflejo de la libre voluntad del pueblo español. De ahí que a nivel de calidad democrática poco se puede decir, en principio. Sin embargo, la otra interpretación, más de fondo, apunta a que un parlamento fragmentado es un parlamento más inestable y, sobre todo, más radicalizado o polarizado. Y esto sin duda es malo para la calidad democrática, pues suelen aparecer lo que Giovanni Sartori denominaba «partidos antisistema».
b) La «letanía de escándalos de corrupción», dice literalmente el documento. Sin duda, el cáncer de nuestro sistema democrático. Para este tema, me remito a la página web de Transparencia Internacional (https://transparencia.org.es/), que lleva más de dos décadas realizando una labor extraordinaria, y el ciudadano responsable podrá encontrar ahí toda la información necesaria para saber el diagnóstico y el tratamiento necesario para este tema, que resulta ya un poco insoportable.
c) El nacionalismo catalán. El documento dedica un párrafo especial al caso del nacionalismo catalán (ver pág. 10) y su perjuicio para la democracia española, al recordar como en 2017, a raíz de la «actuación inconstitucional de los políticos independentistas catalanes», ya estuvimos cerca de entrar en la categoría de «democracia defectuosa». Tengo dudas de si me resulta más insoportable el tema de la corrupción o el tema del nacionalismo, realmente me es difícil señalar cuál está dañando más a nuestra vida democrática. En cualquier caso, comparto con The Economist que son dos claros problemas para nuestra calidad democrática.
d) Independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y falta de renovación de sus vocales desde el año 2018. He perdido la cuenta de cuantos artículos he publicado en este periódico sobre los ataques al CGPJ y su independencia. Me preocupa doblemente, por un lado, el maltrato al poder judicial por parte de nuestra clase política (a excepción del grupo parlamentario de Ciudadanos y, en su día, de UPyD, únicos que han atendido las reiteradas demandas del Consejo de Europa y la Unión Europea). Por el otro, la imagen de país de quinta que estamos dando en Europa, siendo el único del continente en el que el 100% de sus vocales son elegidos por el Parlamento. Mayor politización, imposible.
Pero lo que más me ha llamado la atención de las 85 páginas del informe, en lo que se refiere a España, está en la página 28, cuando indica que España (86%), junto con Italia (89%), son los dos países del mundo democrático cuyo sistema político necesita un cambio total o verdaderamente importante, según sus ciudadanos.
Un año antes, en 2020, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) elaboró un informe sobre el índice de eficiencia del gasto público en España, donde aparecemos en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE (nos situamos en la parte media-baja del ranking). Estamos un 4% por debajo de la media de la UE y un 14% por debajo de la media de la OCDE. El asunto no es menor, según dicho informe: «con que se suprimiera una pequeña parte de la brecha de eficiencia, el saldo de nuestras finanzas públicas se podría situar en superávit desde el actual déficit sin subir los impuestos». Me parece sin duda otro tema de una trascendencia clave para la calidad de nuestras vidas.
En resumen: polarización, corrupción, nacionalismo, politización del CGPJ e ineficiencia en la gestión del dinero de todos. No están todos los que son, pero son todos los que están... problemas fundamentales de nuestra vida política. De todos ellos, el PSOE y el PP aparecen como los principales responsables.
Claramente en el caso de la corrupción, politización del CGPJ e ineficiencia de la gestión. Indirectamente, en la polarización de la política, producto de su fracaso como partidos de Estado y la consecuente desilusión de sus votantes, que han pasado del 80% del cuerpo electoral a no más del 50 % desde el año 2015.
Evidentemente de la deriva del nacionalismo catalán son responsables directos los políticos independentistas catalanes, pero el PP y el PSOE no han dudado en aceptar en todos estos años su juego de trueque competencial autonómico, con el irracional resultado conocido por todos, una estructura territorial cara y de dudosa eficacia. En materia de organización municipal, por cierto, somos nuevamente un caso único en Europa por el excesivo número y pequeño tamaño de nuestros municipios.
Siento envidia de la gestión pública de los países del norte y centro de Europa. Cuánto cambiarían nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas si tuviéramos gestores más responsables y eficaces.
No tendríamos los problemas con las pensiones, con el constante aumento de la deuda pública, con la raquítica (en cuanto a medios materiales y humanos) sanidad pública y los sueldos miserables de nuestro personal sanitario, con el mayor porcentaje de paro juvenil. Hay ejemplos pasados y actuales en la política europea en los que mirarnos: Robert Schuman (ministro de exteriores de Francia) y el canciller alemán Konrad Adenauer cambiaron la Europa de la destrucción por la Europa de la Unión, nada más y nada menos. Más reciente y cercano es el caso de Angela Merkel, qué suerte ha tenido el pueblo alemán.
Termino. Necesitamos una Angela Merkel española o, por qué no decirlo, un nuevo Adolfo Suárez, que nos saquen de la actual mediocridad que tanto nos está dañando, que haga de la política española algo en lo que creer e ilusionarnos, que gobiernen a medio y a largo plazo, que afronten de una vez los eternos problemas estructurales, siempre pospuestos, y nos liberen del escepticismo y resignación reinantes, tanto a los de mi generación y, lo que es más preocupante, a la de nuestros hijos e hijas.
David Ortega es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.