Esperando la sentencia

Ahora que parece inminente el desenlace, hay suficiente perspectiva para contemplar las tres fases por las que ha discurrido la actitud de los partidos catalanes, responsables de la aprobación del nuevo Estatut, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.

La primera fase fue de confianza: esperaban una sentencia favorable ya que pensaban tener a una mayoría de magistrados del TC bien amarrados a sus posiciones. Era un cálculo meramente político, desconocedor de lo que es un juez constitucional y de su obligada independencia de criterio, siempre un criterio jurídico, nunca un criterio político.

Entonces lo único que se exigía al tribunal era que se diera prisa en dictar la sentencia.

Esta fase duró hasta julio del año pasado, justo hasta el momento en que se filtró – ¿con qué intención?-un borrador de sentencia en el que se declaraban nulos o se formulaban reparos a cerca de cuarenta preceptos. Saltaron todas las alarmas y comenzó una larga batalla de desgaste del Tribunal: se le comenzó a presionar públicamente. El argumento más socorrido fue que el Estatut era un pacto político y, como tal, no podía ser objeto de control jurídico. Argumento peregrino si los hay, sólo superado por aquel otro según el cual el Estatut expresa sentimientos y los sentimientos no pueden ser juzgados por un tribunal. Penoso.

También se recurría a otro argumento, el argumento del miedo. Una sentencia contraria al Estatut, se decía, iba a aumentar la supuesta distancia que separa a Catalunya de España; en otras palabras, que el independentismo crecería a causa de la sentencia. Lo que está a la vista en los últimos meses es, precisamente, lo contrario. En esta especie de consultas que se ofician, de vez en cuando, los domingos, sobre la independencia de Catalunya, la participación – es decir, el interés ciudadano-va decreciendo mes ames. Sin embargo, a pesar de los pésimos resultados obtenidos, el optimismo de la voluntad de los oficiantes no les hace desistir y al lunes siguiente a la consulta aparecen en televisión, sonrientes y satisfechos, no se sabe por qué motivo, diciendo que los resultados les han sido altamente favorables. A todo ello, durante todo el fin de semana, las radios y televisiones públicas catalanas han dado preferencia a estas consultas como la noticia más importante de la jornada. Supongo que no le pasará inadvertido al CAC que tal comportamiento informativo vulnera el deber de neutralidad que el art. 52.1 del Estatut exige a los medios de comunicación públicos.

Desde hace un par de meses estamos en una tercera fase, la fase de la desesperación ante lo que se contempla como inevitable. En casos así es siempre mejor optar por la serenidad y la calma. Sin embargo, se ha optado por todo lo contrario, por la conocida táctica “de perdidos al río”. Una imprudencia que revela inmadurez y poca inteligencia. El acuerdo del Parlament según el cual se reclamaba la incompetencia del TC merecía un suspenso de primer curso de Derecho. Intentar hacer marcha atrás en la recusación de un magistrado, otro tanto. Nadie en la Generalitat podía confiar en que estas argucias de leguleyo prosperaran, simplemente lo que se pretendía era retrasar la sentencia hasta después de las elecciones catalanas, tanto terror tienen los partidos a que el electorado les castigue en las urnas.

Además, es muy triste que en estos manejos de última hora se haya comprometido a instituciones públicas que deberían estar alejadas del poder político. Me refiero concretamente a las universidades. Los rectores ya firmaron un documento en apoyo a lo que antes he dicho que era merecedor de un suspenso en primero de carrera. Es difícil que su dignidad cayera más abajo, comprometiendo con sus actos a las instituciones que representan y haciendo pésima pedagogía.

Ahora son todos los decanos de las facultades de Derecho de Catalunya quienes han elaborado un documento – y lo han pasado a la firma de los demás profesores-en el cual, a última hora y a la desesperada, expresan su convencimiento de que el Estatut es constitucional bajo palabra de honor – es decir, sin dar razones para ello-,dan consejos innecesarios y archisabidos a los magistrados sobre cómo deben actuar antes de dictar el fallo y, en un insólito último párrafo, invierten la relación entre juez y culpable. En efecto, sostienen que en caso de que se declaren inconstitucionales elementos esenciales del Estatut lo que sucedería es que el pacto político que expresa “quedaría situado fuera de la Constitución” y, en este caso, deslizan la velada amenaza de que “los riesgos generados por esta situación no pueden escapar a nadie”. Tal razonamiento es incomprensible en personas que, en principio, deben saber en qué consiste un Estado de derecho y cuál es la posición que ocupa un juez en el mismo. Es como si afirmaran que la culpa de un delito está en el juez que condena, no en el culpable que lo comete. Lamentable papel el de estos juristas.

En las calles catalanas se habla de la crisis económica y del Mundial de fútbol. En los pasillos del poder de las próximas elecciones y, por esta razón, de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Francesc de Carreras