Este artículo va a caducar pronto. Se publica horas antes de la aprobación del Real Decreto que dará vida al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lo escribo esperando estar totalmente equivocada.
España es, según datos de Eurostat para el último año disponible, el segundo país con mayor pobreza infantil. Algo más de un millón de niños viven por debajo del umbral de pobreza severa; y para ellos y ellas el Ingreso Mínimo Vital es una política maravillosa. Es un primer paso (esperemos que el primero de muchos) con el que el Estado español empieza a devolverle a las rentas bajas una deuda adquirida con años de protección social regresiva —las familias con mayores ingresos reciben más prestaciones que las que menos—, ineficiente e ineficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En Oxfam Intermón recientemente publicábamos un estudio en el que analizábamos estas debilidades y calculábamos, usando datos oficiales, que por cada hogar monoparental que España es capaz de sacar de la pobreza por transferencias públicas, la UE rescata de media a 3,4 familias.
Sin embargo, todo apunta a que el Ingreso Mínimo Vital va a dejar sin protección a los niños y niñas invisibles.
Al final de mi calle vive uno de estos niños; tiene nueve años, le gusta bailar, subirse a rocas en el recreo y cuando sonríe se le cierran los ojos. Cambiémosle el nombre y llamémosle Iván.
Cojo el autobús cada día con la madre de Iván. Antes de la covid-19 limpiaba casas por las mañanas y por la tarde cuidaba de una niña pequeña. El padre de Iván hacía alguna hora suelta en la cocina de un restaurante los fines de semana. En el mundo anterior a la pandemia, la familia de Iván vivía muy apretada. En la nueva realidad, la madre prácticamente no trabaja y, francamente, no sé cómo viven. Si los estudios sobre equidad educativa no se equivocan con Iván, las limitaciones de crecer en pobreza marcarán su desempeño educativo y las probabilidades de que deje la escuela antes de tiempo se disparan.
Los cálculos hasta ahora presentados sobre el impacto que el IMV va a tener en los hogares y en la infancia no incluyen a niños y niñas como Iván a la hora de calcular cuánta infancia vive en la pobreza porque su padre y su madre, a día de hoy, no tienen papeles. Y digo "a día de hoy" porque la Ley de Extranjería está obsoleta y no evita que no vengan personas en situación irregular, solo las pone en stand by y las aboca a un mínimo de tres años en el limbo del trabajador sin derechos. Cuando el padre y la madre de Iván terminen de transitar el via crucis de la clandestinidad se les abrirán las puertas a mejores empleos y a protección social en caso de desempleo o falta de ingresos. Hasta ese momento, esperemos que los años de limitaciones y escasez no dejen mucha mella en el devenir de la historia personal de Iván.
La covid-19 debería conllevar una regulación extraordinaria y nuestra caduca Ley de Extranjería debería morir para dar paso a un texto que permita vías de entrada legales y seguras a nuestro país. Pero mientras eso pasa, no tiene ningún sentido que haya niños y niñas en pobreza severa que se queden fuera de la protección del Estado y el Ingreso Mínimo Vital; son los amigos de nuestros hijos, comparten el recreo, son sus compañeros de clase, van a crecer para ser españoles y aportar a nuestra sociedad. Que crezcan sin igualdad de oportunidades porque en un momento determinante para su desarrollo, sus padres no tenían papeles es pegarse un tiro en el pie como país y desaprovechar lo mucho que tienen que ofrecernos.
Mañana es un gran día, brindaremos por el gran paso hacia delante que da nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, Iván tendrá que esperar. El Ingreso Mínimo Vital nace discriminando a niños y niñas por la situación administrativa de sus progenitores. Crucemos los dedos para que mañana me podáis decir que me equivocaba.
Liliana Marcos es responsable de políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón.