España ingresó en lo que hoy es Unión Europea en la tercera ampliación, con Portugal. Los fundadores habían sido seis, en 1957: Francia, la Alemania Occidental, Italia, los países del Benelux. Llegarían los años en que Londres pedía la entrada y París se la negaba. Se fue De Gaulle y en 1973 ingresaron Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Cuesta hacerse una idea de lo que representó ajustar tantas disparidades nacionales, conflictos atávicos, rivalidad económica, orgullos y prejuicios.
Grecia llegó en 1981. A los cinco años, España y Portugal concluían sus tan largas negociaciones. Por fin la España libre y democrática reaparecía en su verdadero contexto, europeo y atlántico. En poco tiempo, la caída del muro de Berlín transforma el potencial de ampliación de Europa. Deja de tener sentido el enfrentamiento de la Guerra Fría, la contraposición entre dos sistemas económicos. Entonces, en 1995, ingresan Austria, Finlandia y Suecia. Suiza, en consulta popular, acuerda no formar parte. En su segundo referéndum, los noruegos también decidieron no integrarse. Llegó el 'big bang' de 2004 y entraron diez nuevos países. Ésa sería la Europa de los Veinticinco, con Polonia como socio de mayor envergadura. El momento tuvo un subrayado histórico que significaba la victoria de la libertad.
En estos días, el semáforo ha dado luz verde al ingreso de Rumania y Bulgaria si cumplen a rajatabla con las reformas imprescindibles en materia de corrupción y criminalidad. Según el calendario oficial, rumanos y búlgaros se integrarán en enero de 2007. Con este próximo ingreso, la frontera de Europa se desplaza hasta el Mar Negro. Ambos son países de economía escuálida: un tercio del promedio de la UE. Con Grecia y Chipre, ya serán cuatro de mayoría religiosa ortodoxa. El resto de candidatos -Croacia o Turquía- se quedan a la puerta. Europa teme que más ampliación signifique un desbordamiento de las instituciones. Ésa es la tesis presente: antes de ampliar más hay que hacer reformas institucionales, según previó el Tratado de Niza. De hecho, ya va a ser de por sí arduo manejar una Europa con veintisiete miembros. Se habla mucho de límite en la 'capacidad de absorción', de fatiga de ampliación. Esa Europa de los Veintisiete tendrá 500 millones de habitantes. El trasiego le corresponde a Angela Merkel porque Alemania asume la presidencia semestral de la UE en enero. Eso es más bien afortunado. Uno de los interrogantes es qué hacer con el fallido Tratado Constitucional que tuvo el 'no' del electorado francés y holandés. Y tampoco se sabe qué sucederá con las candidaturas de Turquía, Croacia, Ucrania, Bielorrusia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Albania. Ése es un 'totum revolutum' fenomenal. La lista de espera confirma que el proceso de integración europea ha sido genéricamente un éxito pero un día u otro habrá que decidir si la UE quiere expandirse en el islam. Las quejas acerca del supuesto apresuramiento de la ampliación de la Unión Europea y del agotamiento de la llamada 'capacidad de absorción' llegan con medio siglo de retraso. En contra del pretendido tope de la UE, las sucesivas ampliaciones se han ejecutado de acuerdo con un mandato que no solamente se enmarca en el Tratado de Niza de 2003. Está cimentado en la oferta de la Declaración de Robert Schuman, redactada por su asesor Jean Monnet. No es por capricho que también se llama Declaración de Inter-dependencia el venerable documento emitido el 9 de mayo de 1950 en el Salon de l'Horloge del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, en el emblemático Quai d'Orsay parisino. Mientras era obvio que Alemania no estaba en posición de rechazar la invitación, fue también una oferta abierta y explícita al resto de Europa. Además, estaba disponible para la cooperación del resto del mundo. El tope no se ha cumplido todavía.
En primer lugar, el guión de Monnet leído por Schuman hizo una apertura al perenne enemigo, Alemania. Propuso que la producción toal de carbón y acero quedara «bajo el control de una alta autoridad». Pero a continuación añadía que esa entidad se insertara en una organización «abierta a la participación del resto de los países europeos». Es su 'contrato' social y político: la UE desde su nacimiento es una propiedad de todos los países de Europa que cumplan con las condiciones mínimas e irremplazables de ingreso.
Además, el alcance universal de la apuesta original se revela en el objetivo último de la UE: «La solidaridad en la producción establecida de esta manera asegurará que una guerra entre Francia y Alemania no solamente sea impensable, sino también materialmente imposible». La localización de esta unidad productiva estaba «abierta a todos los países que quisieran formar parte y que proporcionaran los mismos elementos básicos de la producción industrial para cimentar la fundación verdadera de una unificación económica».
Esto quiere decir que incluso los países fuera del ámbito europeo pueden participar en el proceso, en una forma especial pero diferente de los derechos innatos e inviolables de los que pertenecen a Europa. Estos, mientras cumplan con las condiciones geográfico-históricas, sólo deben encarar los requisitos democráticos y económicos implícitos en el documento original, luego explícitamente ratificados en Copenhague. Los que se quejan de los excesos de la ampliación, la actual o futura, debieran haber advertido hace medio siglo que preferían fundar otro tipo de UE: ahora es demasiado tarde.
Joaquín Roy, catedrático Jean Monnet y director del centro de la UE de la Universidad de Miami.