Recientemente publicaba en este periódico Ignacio Torreblanca, con su pluma tersa y su brillante aptitud para la polémica, un artículo en el que sostenía la resistencia de la democracia española. Y citaba para demostrar su afirmación las graves crisis que hemos atravesado en los últimos decenios, incluidos los golpes de Estado de la extrema derecha y del separatismo catalán más las graves turbulencias desencadenadas por esa señora implacablemente enigmática que es la economía. Concluía el autor que ello se debía a la confianza de los españoles en las bondades del sistema democrático y su prevención hacia los modelos autoritarios.
Ambas afirmaciones son ciertas: hemos descubierto que la invocación al cirujano de hierro es hoy vacua, cuando no cómica, nos basta con los cirujanos –muchos y buenos– con que cuentan nuestros hospitales y que las bravatas de un general pronunciándose en un cuartel están bien como decorado para un sainete pero son inservibles para manejar los enrevesados asuntos que habitan en nuestras pesadillas. Hoy los generales son profesionales que se enfrentan, con las armas de una sobresaliente aptitud técnica, a los más intrincados problemas, por ejemplo, el de la ciberseguridad.
También comparto la idea de que nuestra democracia es resistente. Pero, como lo que deseo es polemizar con el polemista Torreblanca, afirmo que siendo, en efecto, resistente, es, ay, una democracia a la que es preciso administrar sin perder tiempo fármacos adecuados pues que se halla inficionada por instituciones anémicas. ¿Qué es, si no, un Consejo del Poder judicial ocupado por personas que no pueden ser sustituidas porque no funcionan los mecanismos de renovación? ¿Y qué es un Tribunal Constitucional que padece la misma anomalía paralizante? ¿Y qué un Parlamento que está siendo elegido anualmente, impedido por ello para desarrollar sus funciones más elementales? ¿Y qué un gobierno en funciones, es decir, en la permanente (dis)función de no hacer nada? ¿Y qué sensaciones produce una región cuyos dirigentes desafían a España y han de ser enviados a la cárcel? Todo ello sin contar con la Monarquía que, representada por un personaje prudente y preparado, sin embargo la pondrían en almoneda algunas de las actuales fuerzas políticas relevantes en cuanto las circunstancias ofrecieran la ocasión propicia.
Añado: España, su dúctil sociedad es fuerte: productiva, imaginativa...; ahí están como testimonio nuestras empresas pujantes, nuestros artistas, nuestros profesionales de la medicina, de la física, de las humanidades o nuestras ciudades, nuestros paisajes, a veces rudos, a veces luminosos, siempre hechiceros. Incluso en la España que ahora se llama vacía se advierte, entre los renglones de las penalidades, el latido de la laboriosidad.
Hay pues a mi entender un contraste inequívoco entre la equilibrada sociedad española, sostén de la democracia, como bien señala Torreblanca, y las instituciones de esa democracia, nidos de astucias y de politiquería. Prueba de ello es la incapacidad de alcanzar acuerdos o pactos vivida y padecida durante los últimos meses que ha puesto de manifiesto la inclinación de nuestros políticos a usar el veto al contrario como un arma destructora que, disparada con terquedad, convierte el horizonte político en un desierto estéril. Porque si en algo consiste el oficio del político es en la destreza y talento para alcanzar pactos con quienes son sus oponentes, numerosos e inevitables en toda confrontación democrática. Dicho de otra forma: el «no es no» es lo contrario de la política, exactamente su antónimo. No hay, en el escenario político, concierto más afinado ni mejor aparejado en sonidos armónicos que el producido por sus voces discrepantes en el momento prodigioso de llegar a un acuerdo o pacto para lograr este o aquel objetivo. Porque los pactos son en la vida política lo que los libros en una biblioteca o los árboles y su murmullo en un bosque: su ingrediente inexcusable.
Ocurre, sin embargo, que a la escasa afición a los mismos que están demostrando nuestros políticos, hay que añadir su práctica desatinada. Recuérdese la experiencia de los intentados por el Gobierno y Podemos en verano. Acordados en términos generales por sus respectivos responsables máximos, lo cual es correcto, se pasa a la fase de su concreción entregándose ésta a la vicepresidenta del Gobierno y al secretario de organización de Podemos acompañados de unos pocos colaboradores. Casi todos ellos personas que tocan de oídas. Esta metodología es la incorrecta.
Por el contrario, es preciso constituir equipos amplios de profesionales que se encarguen de desmenuzar los problemas, incluso dejando redactados bocetos de proyectos de ley o de reglamentos, para aquilatar al máximo los compromisos que cada uno asume ante los electores. ¿Por qué este método tiene ventajas indudables? Porque los técnicos enfrían los problemas y se entienden entre ellos al hablar un mismo lenguaje, fruto de haber estudiado en los mismos libros, lo que rebaja tanta palabrería con pretensiones ideológicas. Esta dimensión es capital. El resultado de sus trabajos es el que han de bendecir después los políticos poniendo su firma al pie de un documento minucioso que sirva para que el ciudadano pueda valorar el grado de su cumplimiento. Naturalmente cuando hablo de profesionales me refiero a personas solventes, con titulaciones no falsificadas que lo acrediten, descartados por consiguiente los amiguetes de los secretarios de organización.
Enfrentados como estamos a unas nuevas elecciones, Albert Rivera ha propuesto trabar una serie de pactos con el PSOE y con el PP en materias sensibles y que, por lo mismo, exigen amplia concordia. Éste es el camino idóneo y acertado y espero que, sin sectarismos, encuentre el apoyo de los jefes de los partidos aludidos. Tan solo objeto que esta idea del líder de Cs no la pusiera en circulación al día siguiente de las elecciones pasadas cuando disponía de 57 diputados que sus votantes habíamos enviado al Congreso. No vale como excusa que tal propuesta se hizo cuando era evidente que no había pacto entre el Gobierno y sus socios naturales: primero, porque este concepto es una invención vaporosa de nuevo cuño y, segundo, y esto es lo principal, porque era obligación de quien no creía en la bondad para España de ese pacto que se tramaba el desactivarlo con los medios a su alcance sobre todo si contaba con la fuerza parlamentaria suficiente para ello.
Si, tras las elecciones, quienes han de decidir la orientación política de los futuros pactos son capaces de constituir esos equipos de personas competentes para que escriban su letra pequeña, se habrá dado un paso de gigante en la superación de los vetos que están lastrando y debilitando la democracia.
Porque ha de saberse que esta enfermedad de los vetos no es una originalidad de nuestros políticos sino algo extendido en muchos países incluso en aquellos que cuentan con sólidos usos democráticos. Es bien conocido el libro de George Tsebelis Jugadores con veto: cómo funcionan las instituciones políticas (Fondo de Cultura Económica, 2007) y los análisis que, en el mismo tono, han hecho autores alemanes como Ellen Immergut o André Kaiser cuando analizan los Vetopunkte en la democracia: cuantos más existan, mayores serán las dificultades para que funcione un sistema parlamentario.
Tales Vetopunkte están en manos de los jugadores que pueden ser cargos institucionales o figuras relevantes de los partidos, hábiles para llevar al sistema a un bloqueo que impida los acuerdos políticos, las combinaciones o coaliciones necesarias y, en general, ponga en riesgo la capacidad de reforma o adaptación del sistema.
Estamos en un momento delicado: con una democracia resistente, como defiende Torreblanca, pero al mismo tiempo con una democracia que puede quedar encallada, varada. Una democracia a la que se le puede hurtar el sol y el calor que emiten los cambios y los grandes proyectos. Es decir, una democracia vestida de luto.
Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario. Su último libro se titula Novela ácida universitaria. Aventuras, donaires y pendencias en los claustros (editorial Funambulista, 2019).