¿Está España preparada para el 155?

A muchos buenos demócratas les tiemblan desde ayer las piernas y la prosa. Es lógico. Tantos años escuchando y leyendo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sería el detonante del Armagedón español que se lo han creído. A principios de septiembre, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hoy firme como un legionario, dijo que mejor no tocar lo que décadas de pedagogía negativa habían demonizado de forma irremediable. Y el propio portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, anunció que el Gobierno descartaba recurrir a tan inoportuno y oprobioso instrumento, el mismo día del gran discurso de Felipe VI. Dos semanas después, aquí estamos. Mariano Rajoy, el hombre que siempre creyó que el separatismo era un suflé, se vio obligado ayer a dar un paso que choca frontalmente con su trayectoria y su temperamento.

A estas alturas, es evidente que el Gobierno no tenía ninguna intención de aplicar el 155. Lo ha hecho asomado al abismo, después de mil rodeos y pasteleos, y con Cataluña abierta política, social y económicamente en canal. Lo que nos habríamos ahorrado si en lugar de confiar primero en Mas, luego en Junqueras, después en los Mossos y hasta el final en la cordura nacionalista, Rajoy hubiera frenado antes el proceso. Pero no, no es momento de pasar facturas. Ya escribirá Boadella su obra definitiva: Los Juicios de Nuremberg-Olot, en el que desfilarán, uno a uno, todos los responsables del fracaso de la autonomía catalana. En este trance, la pregunta es otra y es crucial: ¿Está preparada España para la aplicación del artículo 155?

No me refiero a los millones de ciudadanos que el viernes volvieron a encontrar aliento en las palabras de un Rey republicano. Ni por supuesto a la marea que en las últimas semanas ha recobrado la calle, desafiando la idea de una España lánguida y apocada. Me refiero a todos los que durante años han contemplado la violencia nacionalista sin excesiva repugnancia, con una condescendencia tierna, casi maternal. Y que ahora tendrán que aguantar la violencia legítima del Estado, porque la habrá.

La destitución del Gobierno desleal en pleno, el recorte de las competencias del Parlamento y la asunción de una forma discreta pero indiscutible de direct rule sobre Cataluña van a tener consecuencias. El separatismo no ha llegado hasta aquí para rendirse a la primera. O, para ser precisos, a la segunda, si contamos la caótica pero heroica intervención policial que desbarató la votación del 1-O. Habrá una reacción y no será particularmente pacífica.

Ayer tuvimos ya los primeros indicios en el plano verbal. «¡Golpe de Estado!», aullaban los golpistas. Pocas veces se ha visto un rasgado colectivo de vestiduras más previsible, más hipócrita y con un público mejor dispuesto. Empezando por Podemos, el burro de Troya español, que ha sellado la alianza nacionalpopulista calificando la aplicación del 155 como una «suspensión de la democracia». Y siguiendo por The New York Times. Veloz, el referente del periodismo mundial se superó a sí mismo con la siguiente alerta: «In a unexpectedly forceful move, Spain’s Prime Minister…». Para unexpectedly forceful lo que venimos soportando desde 2012. Tarradellas diría que desde 1981.

El problema, en todo caso, no es la prensa internacional. Nunca lo ha sido. La obsesiva sobrevaloración de sus crónicas y comentarios es un ramalazo paleto, ojalá el último. Ni siquiera lo es Podemos, en su sórdido rincón de pensar. El problema son las élites españolas -los políticos, los empresarios, los solemnes forjadores de opinión- que no tardarán en alertar contra la aplicación «excesiva», «desproporcionada», de la fuerza del Estado. Todavía oigo a Josep Borrell callando a la multitud en Barcelona por pedir prisión para Puigdemont. Y había que oír ayer a la alcaldesa Parlón del PSC: un anticipo de la histeria.

Por más que Rajoy, Sánchez y Rivera quieran hacer pasar el artículo 155 por un decreto, ciertamente reforzado, de convocatoria de elecciones, no lo es. Y no podrá serlo. Los facciosos no abandonarán sus cargos dando las gracias por la lección. La fanática Forcadell no dejará que su Parlamento sea recuperado para la normalidad democrática y constitucional. La ANC, Òmnium y la CUP dedicarán toda su capacidad de movilización destructiva a la conversión de la pesadilla de los temerosos en una realidad. ¿Y qué decir del dúo Trapero-Terribas? Alguna performance tendrán que montar.

Tampoco hay que descartar que Puigdemont -anoche, pura espuma y victimismo en tres lenguas- acabe haciendo lo que ya hizo: declarar la independencia en el Parlamento, sólo que ahora sin juegos retóricos ni dobles cláusulas, con meridiana y sediciosa claridad. Si lo hace, la Fiscalía tendrá que ejecutar su amenaza y querellarse contra él por rebelión: 30 años de cárcel. Y entonces, ¿qué? Más mambo. ¿Y más Estado?

Hace poco, y se contó en una página parecida a ésta, el presidente Rajoy le preguntó a un colaborador: «¿Y si aplico el 155 y no me hacen caso?». La duda ofende. Y en cualquier caso el Gobierno ya no tiene alternativa. Debe hacer efectiva la decisión adoptada ayer. Cueste lo que cueste. Es decir, aunque tenga que romper también el último tabú y recurrir al Ejército en defensa de la democracia.

Cayetana Álvarez de Toledo

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