¿Está moribunda la seguridad social de EE UU?

Acaban de cumplirse 75 años de la promulgación de la ley de pensiones de la seguridad social, el programa más popular en Estados Unidos: basado en la idea de que el Estado debe garantizar la jubilación de todos los trabajadores, beneficia hoy a 43 millones de personas. Este programa está amenazado por un desequilibrio financiero futuro pero, aún más, por un nuevo intento de privatizarlo si los republicanos, aupados por el movimiento ultraconservador Tea Party, ganan la mayoría del Congreso en noviembre.

El informe de la Junta de Gobernadores de la seguridad social de 2010 ratifica que no hay una crisis inminente aunque, por primera vez desde 1983, este año el costo de las pensiones superará al ingreso por cotizaciones, debido a la recesión.

La Junta proyecta que la situación mejorará en 2011-2014, pero empeorará más tarde por el retiro de la generación de baby boomers, que reducirá el ingreso por contribuciones y aumentará los gastos (en 2040 habrá solo dos cotizantes por cada pensionado). Los déficits serán cubiertos por los intereses del fondo hasta 2024 y luego usando las reservas hasta que se acaben en 2037; después, las cotizaciones cubrirán el 75% de las pensiones hasta 2084.

Cuanto más se demore la reforma más costosa será una solución que envuelva varias medidas susceptibles de combinación. Una es subir el tope salarial anual de 85.000 euros para la cotización que favorece al grupo de altos ingresos; la segunda es incrementar el porcentaje de cotización sobre la nómina (un aumento de 1,6% en la cotización actual haría solvente el programa hasta 2084); la tercera es aumentar la edad de jubilación de acuerdo con el ascenso en la esperanza de vida en el momento del retiro, pero ya se está extendiendo gradualmente a 67 años; la cuarta es reducir las prestaciones (la que enfrenta mayor oposición), y una externa al sistema sería legalizar a los inmigrantes que se convertirían en cotizantes, como ocurrió en España.

Las elecciones primarias recién efectuadas no muestran un claro patrón, pero el Tea Party se ha anotado algunas victorias y los expertos vaticinan un bajón en el voto demócrata en noviembre. Irónicamente, las causas son heredadas de la Administración Bush: la crisis que amenaza con regresar, el alto desempleo que no ceja, una caída en la compra de las viviendas y las guerras, a pesar de la retirada planeada por Obama. En vez de apoyar una reforma consensuada bipartidista del sistema público de seguridad social, varios candidatos republicanos ya están desempolvando planes de privatización.

Bush la intentó en 2005, influenciado por el gurú neoliberal José Piñera, autor de la reforma bajo Pinochet, y de think tanks conservadores en EE UU, como el Instituto Cato. Sabiendo que sería imposible una privatización total, Bush propuso traspasar parte de la cotización sobre la nómina (exceptuando a los trabajadores más viejos) hacia depósitos en cuentas individuales de retiro, como las que existen en nueve países latinoamericanos. Aunque el plan era vago, dicho traspaso provocaría la pérdida de un tercio del ingreso del sistema público, adelantando su desequilibrio y forzando al Gobierno a financiar el déficit. El intento fue derrotado.

Pero la solución radical, deseada por los ultraneoliberales, es el cierre total del sistema público de pensiones, como hicieron Chile, Bolivia, El Salvador, México y la República Dominicana en 1981-2003, generando altísimos costos fiscales. Tras 30 años de privatización en Chile todavía dicho costo es superior al 4% del PIB y se predice será más del 3% en 2040, 60 años después de la reforma. Ello se debe a que al cerrar el sistema público este se queda sin cotizaciones pero con todas las pensiones en curso de pago y con las obligaciones futuras, lo que provoca un déficit inmediato. El Estado carga con ese costo y, además, con la garantía de las pensiones mínimas en el sistema privado y el financiamiento del valor de las cotizaciones aportadas al sistema público por los afiliados que se pasan al privado.

Chile palió el costo fiscal con dos decenios de crecimiento económico sostenido y una prudente política fiscal que generó superávit presupuestario, a más de la inversión de una minoría del fondo privado en títulos de deuda pública. Pero otros países latinoamericanos no adoptaron esas políticas, sufrieron déficit presupuestario y presionaron a las administradoras privadas de pensiones para que invirtieran la gran mayoría del fondo en papeles de deuda pública, quedando a expensas del Gobierno. Así ocurrió en Argentina que, para ayudar al pago de la deuda exterior, cerró el sistema privado en 2008 y pasó sus 9,5 millones de afiliados y 24.000 millones de euros al sistema público, sin adecuadas garantías.

Otro problema de la privatización es que transfiere la responsabilidad del Estado a la persona, porque los fondos en las cuentas individuales se invierten en la Bolsa de valores y quedan sometidos a los vaivenes del mercado. En 2008, el peor año de la crisis financiera global, el valor del fondo privado de Chile cayó un tercio, debido a que buena parte de la cartera estaba invertida en acciones nacionales y emisiones extranjeras, las más afectadas por el desplome bursátil. El fondo chileno ya recuperó lo perdido e incluso excedió el valor precrisis, pero los que se retiraron durante la crisis recibieron una pensión disminuida. Otros países no han sido tan exitosos y la amenazante segunda recesión provocaría otra caída del fondo y de las pensiones.

Obama ha advertido a los privatizadores: “Lucharé con todas mis fuerzas para parar a los que quieren jugar en Wall Street con vuestras pensiones”. También ha prometido resolver el desequilibrio futuro de la seguridad social sin privatización, pero para ello necesita en noviembre mantener la mayoría en el Congreso y ganar un segundo mandato. Si el Tea Party y el neoliberalismo triunfasen, sería la “crónica de una muerte anunciada” de la seguridad social.

Carmelo Mesa-Lago es catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh (EE UU).

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