Estado de derecho torcido

Por Jordi Borja, geógrafo-urbanista, y Mercedes García Arán, penalista (EL PAÍS, 14/03/07):

¿Es lícito cuestionar el Estado de derecho en España? Nos parece lícito y necesario, tanto si lo consideramos en sentido jurídico estricto como si, atendiendo a su definición constitucional, queremos verificar si es realmente un Estado democrático de derecho.

El Estado de derecho supone que Gobierno y Parlamento, judicatura, medios de comunicación, iglesias y sectas religiosas, partidos políticos y, en general, todas las instituciones y el conjunto de los ciudadanos están sometidos a la ley que, en consecuencia, les trata por igual. Tanto durante el Gobierno del PP como con el actual hay hechos tan incuestionables como numerosos que hacen dudar de nuestro “Estado de derecho” y aún más si le añadimos la condición de “democrático”.

La entrada de España en la guerra de Irak, sin debate y resolución previa de las Cortes, no se ajustaba al funcionamiento de un Estado de derecho, y el haber mantenido este compromiso a pesar de que la inmensa mayoría de la ciudadanía estaba en contra fue una conculcación de la democracia. La legislación antiterrorista y la lamentable Ley de Partidos no sólo contradecían las cartas de derechos humanos a las que España está adherida, sino también a nuestra Constitución, y han legitimado a posteriori los comportamientos más aberrantes de políticos y jueces que han practicado la discriminación y la arbitrariedad con total impunidad. Y es especialmente lamentable que estos comportamientos no sólo se han dado por parte de personajes de extrema derecha situados en las cúpulas del PP y de la judicatura, sino también en personalidades consideradas democráticas y progresistas. Recuerden la impresentable declaración del anterior ministro de Justicia señor López Aguilar (“el Gobierno construirá nuevas imputaciones para evitar las excarcelaciones”, es decir, inventará cargos retroactivamente para no cumplir la ley) o la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, votada también por los magistrados considerados progresistas, en la que se reconoce a los obispos no sólo la potestad de nombrar profesores de religión para la escuela pública, sino también la de reducir sus derechos como ciudadanos y controlar su vida privada. Si éstos son nuestros “progresistas”, mejor sería intercambiarlos por conservadores de países más civilizados.

Son numerosos los casos que confirman nuestra sospecha: por los mismos hechos los españoles reciben un trato distinto por parte de autoridades políticas y jueces. Mientras torturadores y asesinos vinculados a las cloacas del Estado reciben un trato de favor, lo mismo que los grandes delincuentes económicos, a los condenados por delitos de terrorismo se les pueden negar los beneficios a los que tienen legalmente derecho: redención de pena, acercamiento a su tierra, excarcelación en determinadas circunstancias. En otros casos incluso se violenta la ley para prolongar su condena, como el reciente caso de De Juana Chaos. No cuestionamos la pena que se le impuso en su momento ni defendemos obviamente a este personaje. Pero él, como todos, debe ser tratado mediante una aplicación justa y razonable de la ley. No hay Estado de derecho si pesos y medidas son unos u otras según los sujetos a los que se aplican arbitrariamente. Por una parte se suspende sin pruebas a Egunkaria y se encarcela a sus responsables (unos meses más tarde la Audiencia Nacional decide archivar el caso sin más) y por otra se tolera que cada día la COPE practique el terrorismo verbal, mienta y calumnie a destajo, promueva el odio y la confrontación entre los españoles, siempre con la bendición de la cúpula episcopal.

Esta cúpula pretende imponer su irracionalismo y su antihumanismo a toda la sociedad y no únicamente a sus fieles. Se llega al absurdo de que la escuela pública financiada por todos los contribuyentes deba impartir las clases de religión católica como materia académica y aceptar el profesorado nombrado por la Iglesia, y, por otra parte, esta institución, que no practica la democracia en su seno, no tolera que se transmitan los valores democráticos a los alumnos y se opone a que exista una materia de educación cívica. El Gobierno español demuestra una inquietante debilidad ante la presión de estos energúmenos y se están concretando unos acuerdos que vulneran la Constitución.

El Estado de derecho, definido también como democrático, no es simplemente la supremacía de la ley. Si aplicamos los criterios constitucionales, debe ser un Estado basado en instituciones representativas y participativas, en la igualdad de los ciudadanos, en el pluralismo político y cultural, en la diversidad y autogobierno de los territorios, en las políticas públicas que combatan las desigualdades sociales y económicas. No es necesario argumentar mucho para concluir que nuestra democracia es, por lo menos, muy imperfecta. El sistema electoral pervierte la representatividad, el valor de los votos es distinto en cada provincia, y los mecanismos participativos establecidos están aún mucho más atrasados que en otros países europeos o americanos. Los gobiernos y los jueces vulneran o no defienden los principios constitucionales y ya hemos visto que la igualdad de los ciudadanos ante la ley no existe. En muchos casos, las políticas públicas parecen más destinadas a favorecer los negocios, incluso los especulativos, que a reducir las desigualdades, como ocurre en urbanismo y vivienda. Y por último el pluralismo cultural y la diversidad territorial, y su corolario, el desarrollo de las autonomías, están hoy en crisis.

El déficit del Estado democrático de derecho no sería tan grave si el Tribunal Constitucional protegiera los principios de la Constitución e impulsara su desarrollo. Pero últimamente está sucediendo lo contrario. Se recusa a un magistrado por un trabajo académico que, meses antes, el mismo tribunal había considerado que “no sólo no choca, sino que entronca con el fundamento mismo de la imparcialidad” (Auto 18/2006), criterio este último que aplica a un magistrado de signo contrario. Mientras tanto, el espectáculo político respecto a los estatutos de autonomía es deprimente. Normas estatutarias similares, en unos casos se aceptan (si las han votado PP y PSOE) y en otros no, como es el caso del Estatut de Catalunya. La farsa estatutaria (y otras como la citada sobre el profesorado de religión) ha deslegitimado al tribunal. Hasta ahora habíamos soportado declaraciones absurdas o provocadoras de algunos de sus miembros, incluso de algún presidente. Ahora son las decisiones del propio tribunal las que merman su credibilidad, generan sospecha y reducen su autoridad a mínimos.

En fin, no se extrañen si en nuestro país aparecen movimientos “qualunquistas”, es decir, anómicos, de los “cualquiera”, del tipo “que se vayan todos”. No son reacciones sociales deseables, pero como la fiebre, son indicadores que nos advierten de una crisis de la democracia. Parece que estos “todos” se lo están buscando.