Estados Unidos debería ser más estricto con la madera peruana

El operador de una motosierra posa de pie sobre las raíces cortadas de un árbol de shihuahuaco durante un proyecto de gestión forestal en Perú. CreditDado Galdieri/Bloomberg
El operador de una motosierra posa de pie sobre las raíces cortadas de un árbol de shihuahuaco durante un proyecto de gestión forestal en Perú. Credit Dado Galdieri/Bloomberg

Cuando el tratado comercial entre Estados Unidos y Perú entró en vigor en 2009, sus defensores lo promocionaron como un ejemplo máximo de buen juicio ambiental. Era la primera vez que el texto principal de un acuerdo comercial incluía salvaguardas detalladas para el medioambiente y los trabajadores. Eso importaba —y todavía importa— no solo como modelo para otros acuerdos comerciales, sino también porque el medioambiente que supuestamente se estaba protegiendo incluía una enorme porción de la selva amazónica.

Como parte del Anexo sobre el Manejo del Sector Forestal del tratado, Estados Unidos proveyó 90 millones de dólares en asistencia técnica para fortalecer la aplicación de las protecciones por parte del servicio forestal peruano y para crear un sistema electrónico que rastreara cada tronco desde su corte hasta su exportación (hasta ahora, ese sistema no parece estar en funcionamiento debido a problemas con el software, según rumores). A su vez, Perú acordó, entre otras cosas, garantizar la independencia de su agencia de supervisión forestal, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), que envía a sus agentes al campo a fin de verificar que los leñadores sí estén cortando los árboles que consignan en sus documentos de exportación (ese sistema funciona y demasiado bien, puesto que en repetidas ocasiones se ha demostrado que las madereras mienten). Cuando se aprobó este tratado, el entonces senador Max Baucus aseguró a los escépticos que el cumplimiento de la disposición agregada al tratado tendría fuerza real.

Tristemente, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE. UU. se arrastra a su décimo aniversario el 1 de febrero hecho un desastre a causa del último intento del gobierno peruano por limitar, paralizar o de alguna otra forma acabar con su entrometido Osinfor.

Desde el comienzo, el tratado de Perú sirvió como tapadera para la rampante tala ilegal, a un grado que casi es una burla. La Agencia de Investigación Ambiental, una organización sin fines de lucro, presentó evidencia detallada en 2012 de que la industria maderera de Perú era una “máquina de lavado de dinero”, que producía papeleo “legal” a gran escala para madera robada. Robada de los parques nacionales, las áreas protegidas y las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, cuyos líderes se arriesgaban a ser asesinados si se oponían a estas prácticas. La burla era mayor, en especial, debido a que buena parte de la madera robada logra llegar, de manera rutinaria, desde el puerto amazónico de Iquitos hasta los depósitos de madera y las tiendas de mejoramiento del hogar, ferretería y bricolaje estadounidenses.

La respuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que tradicionalmente se ha concentrado en promover el comercio, ha sido inocua. Esperó hasta 2016 para solicitar al gobierno peruano que verificara la legalidad de un embarque de madera, e incluso entonces, lo hizo solo hasta después de que el Departamento de Seguridad Nacional, que actuó con base en información de Osinfor, ya había incautado la madera en Houston. Fue la primera vez que la USTR emitió una solicitud de verificación derivada de un tratado comercial. Cuando los inspectores de Osinfor comprobaron que un 93 por ciento de la madera incautada era ilegal, la USTR respondió suspendiendo del mercado estadounidense a un solo exportador peruano de madera; la suspensión duraría hasta tres años. Perú respondió con el despido del presidente ejecutivo de Osinfor, quien huyó del país después de recibir amenazas de muerte y del ataque con una bomba incendiaria a una de las oficinas regionales de Osinfor en Pucallpa, Perú.

Desde entonces, el gobierno peruano, que obtuvo una calificación de 37 sobre 100 en la escala de Transparencia Internacional de corrupción percibida (en la que cien es “muy limpio”), ha venido llevando a cabo maniobras para acabar con Osinfor. A mediados de diciembre, cuando muchos ciudadanos se encontraban distraídos con los preparativos navideños, el consejo de ministros del gobierno decidió, sin previo aviso y sin consultar a las agencias afectadas, acabar con la independencia de Osinfor y adscribirla al Ministerio del Ambiente de Perú.

El congresista demócrata de Massachusetts Richard Neal, presidente entrante del Comité de Formas y Medios de la Cámara de Representantes, envió una carta a la USTR, protestando de manera enérgica esta “decisión descarada y de mala fe” por ser “un ataque flagrante al propósito del anexo forestal”. La sorpresa vino cuando el representante comercial, Robert Lighthizer, nombrado por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que desdeña de manera abierta las preocupaciones ambientales, respondió por escrito dos días después diciendo estar “totalmente de acuerdo con usted y sus colegas en que este acontecimiento es inaceptable”.

Una posible explicación es que, tras diez años, la USTR por fin se hartó de las mentiras y las burlas de Perú. Otra es que Lighthizer puede solo estar haciendo una exhibición de fuerza en relación con otros compromisos ambientales para allanar el terreno con el recién revisado TLCAN —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— en las próximas audiencias del congreso (por suerte para la USTR, las disposiciones ambientales del T-MEC son demasiado laxas para requerir tanta ejecución).

Por ahora, Lighthizer ha “solicitado consultas con Perú conforme al capítulo de medioambiente” del tratado comercial, otra novedad para la USTR, con la posibilidad de que en el futuro se impongan sanciones. En Lima, los ministros del gobierno se lo toman con una actitud de indiferencia, pues confían en que será algo pasajero.

Esto no puede dejarse pasar. Tolerar la importación de madera robada cuesta miles de empleos estadounidenses en la industria maderera legítima. Además, favorece la deforestación incluso cuando cada vez se considera más que una selva amazónica intacta es fundamental para combatir el cambio climático. De igual forma, significa que todos los que compran o venden madera, o viven en una casa construida con este material, son parte de un patrón de corrupción, asesinato y devastación. Por último, convierte todos los tratados comerciales en invitaciones muy veladas a la delincuencia.

Si, en efecto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha superado sus dificultades para tomar medidas drásticas, estas son buenas noticias. Ahora que los socios comerciales han demostrado ser deshonestos, debería aprender a atacar.

Richard Conniff is the author of The Species Seekers: Heroes, Fools and the Mad Pursuit of Life on Earth and a contributing opinion writer.

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