Estados Unidos ignoró sus suplicas y los deportó, luego fueron asesinados

Los solicitantes de asilo en los Estados Unidos enfrentan consecuencias peligrosas, incluso mortales, cuando sus solicitudes no se toman en serio.

Quienes están en peligro son personas como Santos Amaya, un policía salvadoreño que había recibido amenazas de muerte de miembros de pandillas. Fue deportado de Estados Unidos en abril de 2018 y fue asesinado a tiros, supuestamente por pandillas, ese mismo mes. Gente como una joven salvadoreña que huyó de la violencia doméstica y la violación, y fue deportada a El Salvador en julio de 2018. Ahora vive con miedo, escondiéndose de sus abusadores.

Estas vidas están en juego mientras el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ataca todos los medios legales que existen para protegerlas en Estados Unidos.

El 5 de febrero, Human Rights Watch publicó un informe que identificó 138 casos de salvadoreños que habían sido asesinados desde 2013 después de ser deportados de Estados Unidos, y más de 70 personas fueron golpeadas, agredidas sexualmente, extorsionadas o torturadas. Estos números son impactantes, pero ciertamente son un recuento insuficiente, porque ningún gobierno o entidad rastrea lo que le sucede a los deportados.

El gobierno de Trump ha presionado a los jueces de inmigración para que tomen definiciones demasiado limitadas sobre quién puede ser un refugiado. Este enfoque puede hacer que los jueces nieguen el asilo a personas como Amaya y la joven salvadoreña: sobrevivientes de violencia doméstica, personas que temen ser violentados a manos de pandillas o personas que temen ser atacadas por sus relaciones familiares. El gobierno estadounidense ha propuesto además varios obstáculos nuevos para poder obtener asilo, incluida la prohibición de personas condenadas por reingreso ilegal a los Estados Unidos, un delito a menudo cometido por personas desesperadas por buscar seguridad.

Trump también ha tratado de destruir el proceso de asilo de Estados Unidos de diferentes maneras, entre ellas obligando a las personas a permanecer en condiciones peligrosas e inhumanas en las ciudades fronterizas mexicanas mientras sus reclamos se procesan bajo sus Protocolos de Protección al Migrante. Un análisis de la Universidad de Syracuse de datos del gobierno reveló que, hasta diciembre de 2019, 7,668 salvadoreños se han visto obligados a esperar en México para que se procesen sus solicitudes de asilo. Hemos documentado casos, incluidos en un recuento de Human Rights First, de salvadoreños que han sido secuestrados y atacados mientras esperaban.

Estados Unidos también está devolviendo a los solicitantes de asilo a Guatemala, luego de presionar a su gobierno para que firme un “acuerdo de cooperación de asilo”, a pesar de que muchos guatemaltecos huyen por las mismas razones que sus vecinos salvadoreños.

Los salvadoreños en Estados Unidos están en riesgo por razones distintas al intento del gobierno de Trump de destripar el derecho a solicitar asilo. Más de 220,000 salvadoreños se ven afectados por la decisión de terminar con el estado de protección temporal y las protecciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La administración de Trump también decidió terminar con las autorizaciones de trabajo para los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que permitió que muchos salvadoreños vinieran a Estados Unidos en 2001 después de una serie de desastres naturales.

Estas políticas cubren a personas que han trabajado, criado familias, educado y construido sus vidas en los Estados Unidos. Esto por sí solo debería ser motivo para valorar su relación con los Estados Unidos y regularizar su situación legal. Pero los asesinatos y abusos que enfrentarán muchos salvadoreños si son enviados de regreso hacen que la necesidad de que el Congreso promulgue leyes para proteger a los beneficiarios de estos programas sea aún más urgente.

Los exresidentes a largo plazo de los Estados Unidos enfrentan riesgos únicos. Los salvadoreños que han vivido en los Estados Unidos a menudo son extorsionados por pandillas, como lo ilustran los dos casos que investigamos en detalle. En cada uno, su residencia a largo plazo en Estados Unidos significaba que parecían tener más riqueza que la mayoría de los salvadoreños. Fueron extorsionados repetidamente por pandillas y finalmente asesinados por su negativa a pagar sobornos.

Pero el gobierno de Trump no es el único que carga culpa aquí. La ley existente, aprobada mucho antes de que el presidente asumiera el cargo, ha prohibido en gran medida a las personas con condenas penales solicitar asilo, incluso cuando se enfrentan a ser atacados. Esta fue la situación de un joven cuyo caso investigamos. A los 17 años, en 2010, partió hacia Estados Unidos para huir del reclutamiento de las pandillas y la violencia. Después de cumplir una condena por dos cargos relacionados con robos en Estados Unidos, se le negó la protección, fue deportado en 2017 y asesinado unos tres meses después.

Hay una manera simple de prevenir los asesinatos y abusos que pasamos investigando durante el último año y medio: dar a todos los no ciudadanos una oportunidad plena y justa de explicar a qué le temen antes de deportarlos. Como dijo el senador demócrata Robert Menéndez en un comunicado después de que publicamos nuestro informe, Estados Unidos debe dejar de “firmar a sabiendas una sentencia de muerte, devolviendo por la fuerza a las personas vulnerables al lugar donde huyeron”.

El derecho a una audiencia imparcial sobre los reclamos de protección debe aplicarse a todos, incluidas las más de 59,000 personas que esperan en condiciones peligrosas e inhumanas en las ciudades fronterizas mexicanas, las personas que han estado viviendo bajo los programas TPS o DACA, o aquellos que han pagado sus deuda con la sociedad después de cumplir condenas penales.

Ahora, las autoridades estadounidenses están al tanto de lo que probablemente sucederá cuando deporten a los salvadoreños sin considerar adecuadamente sus casos. Esta práctica vergonzosa e ilegal debería detenerse.

Alison Parker es la directora gerente del Programa de Estados Unidos en Human Rights Watch.

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