¿Estamos hablando realmente de pensiones?

Después de otra semana de infarto (no será la última), el Gobierno vuelve a hablar de reforma de pensiones y el Banco de España empuja para hacer más transparente y eficaz el proceso de reforma de las cajas de ahorro.

A la espera de poder evaluar propuestas concretas, nos gustaría reconsiderar los criterios de justicia social y eficiencia económica que deberían inspirar la reforma de pensiones. Los mercados no solo piden moderar algunos gastos insostenibles, sino también reformar nuestro Estado de bienestar al objeto de facilitar una senda de crecimiento económico equilibrado y sostenible. La experiencia muestra que sin equilibrio intergeneracional en la distribución de la renta y en los esfuerzos contributivos, se generan tensiones sociales y desequilibrios presupuestarios que ponen en entredicho los beneficios que el crecimiento económico produce.

Por esta razón, nos ha dejado algo perplejos un artículo reciente de Joan M. Esteban que, en EL PAÍS del pasado 6 de noviembre, critica la propuesta de reforma del sistema de pensiones que un amplio grupo de economistas independientes presentamos en la sede de FEDEA (www.fedea.net/propuestas/pensiones). Quizás el punto fundamental de la crítica avanzada se puede encontrar en el párrafo final: “Creo que hay demasiada desigualdad salarial; que las rentas no salariales son excesivas y escapan en buena medida al fisco; que seguimos necesitando que el Estado sea nuestro seguro contra contingencias futuras y que debe asegurar al ciudadano antes que al sistema financiero”.

¿Qué tiene que ver todo esto con las pensiones y con la reforma propuesta? Nada en absoluto. La desigualdad salarial es muy inferior en España que en el promedio de los países desarrollados. Sobre todo, no tiene relación alguna ni con el nivel medio de pensiones, ni con la edad de jubilación, ni con los criterios de cálculo de las pensiones, que es de lo que nosotros hablamos en nuestra propuesta. De hecho, solo una pequeña fracción de la desigualdad salarial se traslada a pensiones, ya que el sistema español es uno de los más redistributivos del mundo a través de, fundamentalmente, las pensiones mínimas y máximas (y no proponemos ninguna modificación sobre estas últimas).

Sugerir, como hace Esteban, que el gasto adicional que van a generar las pensiones se pueda financiar con nuevos impuestos sobre el sistema financiero, porque este recibió dinero del Estado, suena algo retórico. El Estado español, hasta ahora, no se gastó dinero alguno en el sistema financiero privado, aunque haya gastado mucho en el público (las cajas de ahorro) donde tendrá, tememos, que gastarse aún más en futuro. Ademásnunca hemos propuesto amparar al sistema financiero privado por sus errores, sino más bien al contrario, hemos sugerido penalizarlo. Finalmente, en porcentaje del PIB, el valor añadido del sistema financiero español es bastante menor de lo que el gasto en pensiones acabará siendo si no se reforma, con lo que, incluso imponiendo un impuesto del 100%, no alcanzaría para financiar el sistema de pensiones.

Entrando en el detalle de sus argumentaciones, el profesor Esteban considera que si la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB fuera mayor, mayor sería la porción de tarta (de pensiones) a repartir. Nada más lejos de la realidad, ya que, con la legislación actual, salarios más altos automáticamente implican pensiones más altas, por lo que el problema de sostenibilidad acabaría siendo exactamente el mismo.

Pero sin duda, la afirmación más sorprendente es: “… uno de los motivos por los que se creó el sistema de pensiones fue que el Estado ofreciese un seguro a los asalariados garantizándoles unas rentas después de la jubilación que fuesen independientes de las contingencias que puedan ocurrir”. Si esta afirmación fuera cierta, la ley permitiría a un subconjunto de los ciudadanos (los “jubilados”) aislarse totalmente de los vaivenes que sufre el resto de la sociedad, garantizándoles un nivel inalterable de consumo. Solo los jóvenes y los que trabajan deberían cargar sobre sus espaldas cualquier shock agregado o cambio estructural que ocurriera en la sociedad -siendo los demográficos y tecnológicos dos ejemplos pertinentes- quedando el colectivo de jubilados blindado, pasara lo que pasara. Ciertamente, no conseguimos entender cuáles son los axiomas de justicia social y solidaridad intergeneracional implícitos en dichas recomendaciones.

Para discutir los argumentos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, Esteban comenta que si el mantenimiento de carreteras se pagara con impuestos a la gasolina y se extendiera el uso del coche eléctrico, parecería que las carreteras se han hecho insostenibles. Pues bien, el día en que la mayoría de los coches sean eléctricos, el método justo y eficiente de financiación de las carreteras consistirá en cobrar impuestos sobre la electricidad por los coches, además de levantar peajes allí donde tenga sentido. Financiar carreteras con la “fiscalidad general”, como sugiere el autor, sería injusto porque impondría a los que eligieron viajar en bicicleta, tren, autobús o avión (o simplemente quedarse más en casa), pagar por los que eligieron el coche. Igualmente, sugerir que debemos utilizar la “fiscalidad general” para financiar las pensiones de los que eligen jubilarse muy pronto o que, aprovechándose de las inconsistencias del sistema actual, cotizaron por los mínimos toda la vida y por el máximo en los últimos 15 años, nos parece una gran injusticia.

Por último, se argumenta que hay que utilizar el sistema de pensiones para redistribuir renta. No estamos seguros de que esta sea también una buena idea. En primer lugar, porque usar el sistema de pensiones para redistribuir es altamente ineficiente: mejor mantener el sistema de pensiones de reparto como mecanismo de sostenimiento de rentas basado en la contributividad, redistribuyendo las rentas directamente. En segundo lugar, porque la mayor parte de la riqueza nacional (el “capital”) no está en manos de los jóvenes, sino de los mayores. Si hacemos redistribución de la renta subiendo aún más las pensiones (o simplemente impidiendo que se ajusten a los cambios demográficos y tecnológicos) estamos redistribuyendo desde los más jóvenes y más pobres a los mayores y más ricos. Es por ello que nos parece legítimo preguntarse: ¿Por qué? ¿Debe ser esta la prioridad número uno de nuestra política redistributiva? ¿De verdad son los mayores los que más sufren hoy en día y no los jóvenes, trabajadores y futuros trabajadores? Nosotros creemos que no, y los datos así lo corroboran.

Finalmente, no olvidemos nunca que para garantizar que el Estado pueda actuar como seguro hace falta un Estado solvente.

Michele Boldrin, profesor en la Washington University in St. Louis, y Sergi Jiménez Martín, en la Universidad Pompeu Fabra. Ambos son investigadores en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Madrid.