Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tal y como se han puesto en práctica en España, Francia, el Reino Unido y otros países en respuesta a la pandemia se han librado en gran medida de un examen crítico. Tal vez habría que denominarlos “programas de inmunidad de grupo”, ya que cuentan con el apoyo de las principales instituciones. Los Gobiernos les han dado su respaldo, al igual que los empresarios y los sindicatos, y los trabajadores a los que se les han aplicado han dado su aprobación. Nada de esto debería sorprendernos, dado que han recibido cantidades considerables de dinero de las arcas públicas. Criticarlos equivale a arriesgarse al destierro político. Sin embargo, hay buenas razones para afirmar que los ERTE han agravado la recesión provocada por la pandemia, y que son profundamente regresivos (refuerzan la desigualdad) e injustos.
Básicamente, los Gobiernos han pagado a las empresas para que éstas pagasen a todos o parte de sus empleados para que se quedasen en casa y no realizasen ningún trabajo remunerado. Un trato estupendo, para algunos. Ahí es donde empieza el problema. Que el Gobierno ofrezca dar dinero solo si alguien no trabaja, pero tiene empleo, es, por definición, un incentivo para no realizar un trabajo remunerado. Los ERTE no se presentan así, sino como una compensación por no poder trabajar. Pero cuando se paga a alguien por no trabajar, ¿por qué iba nadie a arriesgarse a obtener menos intentando hacerlo?
Si el Gobierno ofrece pagar el 80% de los salarios de una persona a la que se la ha aplicado un ERTE, como ocurre en Reino Unido, está dando dinero a una empresa para que deje de producir del todo, aunque pudiese seguir funcionando a bajo rendimiento. En otras palabras, las medidas provocarán que la producción descienda por debajo de lo que descendería en otras condiciones. Además, los ERTE actúan como un soporte para algunas empresas que, en realidad, están en quiebra y deberían ser eliminadas. Un estudio ha calculado que, en el Reino Unido, 2,5 millones de empleos financiados con las ayudas eran empleos zombis. En otras palabras, empleos que serán suprimidos cuando acaben las ayudas. Esto significa que el plan está sirviendo para pagar a personas para que no hagan algo que, de todas maneras, no se iba a hacer.
Los ERTE tienen otros dos efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Mientras que algunas empresas deberían haber respondido a la crisis que ha provocado la pandemia reestructurándose para sobrevivir, las ayudas han sido un estímulo para no hacerlo y limitarse a esperar una posible recuperación económica. Asimismo, mientras que lo deseable sería observar una mayor movilidad de la mano de obra de los sectores y las empresas en declive a los sectores y las empresas en expansión que necesitan trabajadores, los subsidios al empleo contribuyen a anquilosar las estructuras laborales.
Una manera de verlo es que, si a alguien se le ofrece el 80% de su salario para que no haga nada, ¿por qué razón iba a cambiar a otro puesto en el que, a lo mejor, ganaría el 70% de lo que cobraba antes y, además, tendría que ir a una oficina, una clínica, una tienda o una fábrica a trabajar 40 horas a la semana? Y, lo que es peor, las medidas de empleo subvencionado son una licencia para el fraude. El nuestro no es un mercado laboral industrial en el que la mayor parte de la producción requiera la presencia de los empleados en una fábrica para realizar su tarea. Muchísimas personas pueden hacer su trabajo desde casa.
Sorpresa, sorpresa: eso es lo que ha pasado. En abril, escribí un artículo en Financial Times prediciendo el fraude generalizado. Entonces subestimé su alcance. En junio, un sondeo reveló que a uno de cada tres trabajadores en ERTE, sus jefes le habían pedido que trabajase, cosa que el empleado había hecho, probablemente obteniendo unos ingresos adicionales bajo cuerda. Un sondeo posterior reveló que en esta práctica participaban dos tercios de los trabajadores. Esto significa que habría que multiplicar por tres el coste fiscal real de cada empleo “salvado” por la subvención.
Si tenemos en cuenta que cooperar con el empleador durante la pandemia puede aumentar las posibilidades de conservar el empleo, no es de extrañar que los empleados estén dispuestos a trabajar en casa, beneficiándose ellos mismos y beneficiando a su empleador. Ahora bien, lo hacen a costa de las arcas públicas.
Aquí es donde salta a la vista el carácter regresivo de los ERTE. Las subvenciones para pagar los salarios han ido a parar exclusivamente a una minoría. Por ejemplo, en España, entre abril y julio solo 3,4 millones de trabajadores cobraron los ERTE (actualmente son muchos menos); en Francia, la cobertura alcanzó nada más que a ocho millones; y en el Reino Unido, tan solo 9,4 millones se han beneficiado del programa Retención del Empleo, lo que supone una cuarta parte de la población activa. Es decir, la mayoría no ha cobrado nada. Dada su generosidad en comparación con otras ayudas, los programas por sí mismos agravan la desigualdad del mercado laboral.
La mayoría de los programas de subvención de salarios han beneficiado mucho más a los empleados con ingresos altos que a los trabajadores precarios, muchos de los cuales no se han beneficiado en absoluto. Por ejemplo, en el Reino Unido, una persona que ganase al mes las 2.500 libras del salario medio habrá recibido mensualmente 2.000 libras, mientras que otra que ganase 800 libras mensuales habrá cobrado 640. Esto no solo aumenta la desigualdad, sino que pone en peligro a los trabajadores de bajos ingresos, ya que es probable que, al perder 160 libras, no puedan devolver sus deudas y pagar el alquiler. El impacto regresivo se ve agravado por el hecho de que muchos trabajadores de ingresos altos que se han acogido a un ERTE en realidad han podido seguir trabajando desde casa, y han cobrado por hacerlo. Los trabajadores con ingresos bajos realizan por lo general tareas en las que esto no es posible.
En resumen, los Gobiernos que han puesto en marcha programas de regulación temporal de empleo han optado por una política de menos dolor a corto plazo a cambio de más dolor a largo plazo. Han utilizado grandes cantidades de dinero público para contener una avalancha. La situación es parecida a un tsunami: primero la marea se retira, para luego entrar en tromba. Un tsunami no se combate construyendo un castillo de arena.
Una minoría ha salido beneficiada con los programas. La mayoría ha quedado excluida. En los próximos meses, esa mayoría aumentará, y el incremento de la desigualdad y la mayor inseguridad económica serán la prueba de lo descabellada que resulta una estrategia defendida por los integrados en el sistema en detrimento de los trabajadores precarios. Los políticos, la patronal y, sobre todo, los sindicatos no deben esperar que se les dé las gracias por haber puesto los intereses de sus incondicionales por delante de los de los trabajadores en situación precaria y de la sociedad.
Todos deberíamos aprender una lección crucial. En una recesión provocada por una pandemia, la resiliencia de todos como sociedad no depende de la resiliencia de los fuertes, sino de la de los más vulnerables. Los ERTE no han hecho nada por ellos. Por eso, el dinero gastado en proteger a una minoría se debería haber distribuido más ampliamente para proteger a todos. Ojalá no sea demasiado tarde.
Las principales propuestas de los economistas ortodoxos para lo que vendrá después de los ERTE son poco realistas e inadecuadas. Las políticas activas de empleo, como los programas de recualificación profesional, solo son útiles en una economía dinámica de alto empleo. De lo contrario, probablemente lo único que consigan sea que los que tienen más preparación sean sustituidos por otros menos preparados.
La recesión provocada por la pandemia es fundamentalmente una crisis masiva de la demanda. La manera de evitar que se convierta en una depresión prolongada es impulsar la demanda agregada de bienes y servicios básicos. Tarde o temprano, los Gobiernos se darán cuenta de que la mejor manera de salir del atolladero es la renta básica universal. Solo así se creará resiliencia en toda la sociedad.
Guy Standing es profesor titular e investigador de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de varios libros sobre la renta básica. Traducción de News Clips.