Estar a la altura de los tiempos

Puigdemont y Junqueras aplauden tras la aprobación de la ley. Efe-

“Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea”. Stefan Zweig.

El jueves vivimos una situación kafkiana en la que el todavía president Puigdemont se pasó el día suspendiendo declaraciones que aún no había formulado. Muchos especularon sobre su decisión de convocar elecciones autonómicas, lo que llevó a otros muchos a celebrarlo y a anunciar que si eso ocurría no tenía sentido “ni jurídico ni político” aplicar el artículo 155 de la Constitución.

No era la primera vez que oía ese razonamiento y reconozco que siempre me ha producido una enorme perplejidad que a alguien le pueda parecer una buena noticia el hecho de que un gobierno despótico, que se ha saltado todas las leyes y ha actuado en desacato respecto de todas las sentencias de los tribunales, convoque y gestione unas elecciones. Era como si quisieran ignorar, a propósito, que el artículo 155 de la Constitución se activó por lo que ya había ocurrido en Cataluña, no por lo que pudiera ocurrir el jueves, el viernes o este sábado. Es, una vez más, negar el problema para no tener que actuar.

Como esto no ha terminado, puede tener algún interés, para lo que aún nos toca por vivir, recapitular y hacer un somero repaso a los acontecimientos que se han venido produciendo en Cataluña en los últimos meses, más concretamente desde los aciagos días del 6 y 7 de septiembre en los que Puigdemont, Junqueras y su Gobierno, con la complicidad de Forcadell, la presidenta del Parlament, y el impulso de los antisistema de las CUP derogaron todas las normas democráticas de y en Cataluña. Las normas que se tramitaron y aprobaron en aquellos dos días, que contaron con el aviso de ilegalidad de los letrados del propio Parlament, supusieron la voladura del Reglamento del Parlament, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la Constitución y de los derechos de las minorías, lo que significa que a partir del día 7 de septiembre Cataluña es territorio sin ley.

Un territorio sin ley es aquel en el que no existe la justicia, en el que los derechos de los ciudadanos han sido abolidos y sustituidos por la ley del más fuerte, que se aplica para someterles a los dictados de un gobierno despótico, que dirige las instituciones a toque de corneta de los antisistema. Un territorio sin ley es aquel en el que no existe democracia; un territorio sin ley es una dictadura. Eso es Cataluña desde el día 7 de septiembre: una dictadura sometida al nacional-independentismo.

Es por lo que ya había ocurrido en Cataluña por lo que el Gobierno de la Nación activó el artículo 155 y pidió autorización al Senado para aplicar una serie de medidas que no tienen otro objetivo que recuperar el respeto al orden constitucional en territorio sometido a gobernantes hostiles a la democracia. Es para devolver a las instituciones catalanas la autonomía política que les permita funcionar con respeto a la ley y dentro del Estado de derecho por y para lo que se activa el artículo 155. Es para recuperar la democracia, violada y suprimida por quienes están al frente de las instituciones catalanas por y para lo que se activa el artículo 155. Es para proteger a todos los catalanes (también a los independentistas) de las veleidades de un gobierno despótico que actúa sin ley ni norma que lo contenga y a la que los ciudadanos puedan pedir amparo.

Los argumentos de aquellos que han venido sosteniendo, aún hoy, que “ni DUI, ni 155” son de una fatuidad insoportable cuando no de un cinismo no menos bochornoso. ¿Cómo va a ser igual de reprochable una declaración que viola la Constitución -y por tanto los derechos de todos los ciudadanos- que aplicar un artículo de la Constitución precisamente para salvaguardar los derechos que ya han sido violados? Sobre la necesidad de aplicar o no un artículo de la ley se puede opinar políticamente; sobre el hecho de que la Constitución es inviolable, no cabe ambigüedad alguna.

Quienes han puesto en en el mismo plano ambas decisiones me recuerdan mucho a aquellos que en mi tierra, Euskadi, rechazaban “todas las violencias” para no condenar los crímenes de ETA. Cuando no estás claramente con las víctimas y claramente contra quienes las convierten en tales estás, de facto, con los verdugos. Aquí y ahora ocurre lo mismo: la calculada ambigüedad de esos modernos equidistantes que dicen estar contra la declaración unilateral de independencia y, a la vez, contra la aplicación del artículo 155, ha hecho el juego a quienes han roto la convivencia entre los catalanes y quieren quebrar la igualdad entre todos los españoles. Por ingenuidad, por cálculo o quizá con la mejor de las intenciones -de todo habrá- su equidistancia ha amparado en cierto modo a los nacional-independentistas mientras cometían todas sus tropelías.

El Parlament de Cataluña, pese a la nueva advertencia de ilegalidad de sus letrados y ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP, ha procedido este viernes a votar la declaración unilateral de independencia. Antes de producirse la votación, para que quede claro y no les linchen las hordas que esperaban fuera, Carme Forcadell leyó la propuesta que se estaba votando: “En virtud de lo que se acaba de exponer, constituimos la república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.

La votación se realizó al amparo de la ley aprobada el citado día 7 de septiembre y que está suspendida por el Tribunal Constitucional; o sea, como todo en Cataluña desde las fechas de 6 y 7 del mes pasado, la votación se produjo fuera de la ley. El colofón de la deriva de los nacional-independentistas de Cataluña es la consumación del golpe de Estado.

Los sediciosos catalanes tienen antecedentes históricos, por mucho que en su perpetua manipulación de la historia hayan querido revestir de épica su anterior rebelión contra el orden constitucional. Todos recordamos que antes de que estos representantes de las clases acomodadas de Cataluña se revelaran contra la Constitución de la Monarquía Parlamentaria de 1978 lo hizo Companys en 1934 contra en entonces régimen democrático, la República.

Pero el golpismo no es un hecho diferencial de los catalanes, ni siquiera de los nacional-independentistas catalanes. Todos aquellos que promueven la subversión contra el orden constitucional y someten a sus sociedades a la dictadura y arbitrariedad de su ideología se parecen mucho entre si, más allá del siglo o la latitud en los que ese hecho se produzca.

Los nacional-independentistas catalanes han emulado el comportamiento de Hitler y sus nacionalsocialistas, que tras obtener mayoría parlamentaria el 5 de marzo de 1933 aprobaron el 23 de marzo la Ley habilitante que supuso la derogación de facto la República de Weimar al permitir, entre otras cosas, la aprobación de leyes sin la participación del Parlamento. La historia nos enseña lo que ocurre cuando se minimiza el riesgo de tener a gente sin escrúpulos al frente de las instituciones.

Decía que es oportuno hacer en este momento un repaso a lo sucedido en las últimas semanas, porque tenemos frente a nosotros un reto formidable y no podemos permitirnos errar a la hora de hacerle frente. Creo que la tibieza, el miedo, la cobardía, la excesiva cautela, la incredulidad… han paralizado decisiones que de haber sido tomadas antes hubieran podido evitar que las cosas llegaran tan lejos como han llegado. Pero tengo plena confianza en la fortaleza de la democracia y de sus instituciones, aunque algunas de ellas puedan estar anquilosadas por no usarlas o por usarlas demasiado poco.

Sé también que no va a ser tarea fácil proteger a los catalanes de esa minoría intolerante y antidemocrática que controla todos los resortes del poder en Cataluña. Sé que será complicado restaurar la legalidad; pero sé también que el Estado de derecho tiene la fortaleza y los mecanismos suficientes para conseguirlo. Sé que no ha existido el necesario clima de confianza entre partidos políticos para atajar antes este desafuero; pero confío en la determinación y el sentido del deber de todos los dirigentes democráticos para que sepan estar juntos y tras el Gobierno de la Nación hasta que en Cataluña se reinstaure la democracia y el normal funcionamiento de sus instituciones. Confío en que todos, cada uno a nuestro nivel, sepamos estar, como diría Ortega y Gasset, a la altura de los tiempos.

Estar a la altura de las tiempos, a día de hoy, es estar junto al Gobierno cuando este utilice la ley, toda la ley, para restaurar la democracia en Cataluña. Estar hoy a la altura de los tiempos nos exige despojarnos de nuestras legítimas ambiciones partidarias y recuperar el patriotismo que tan bien representaban un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Estar hoy a la altura de los tiempos es defender con valor la aplicación de las leyes democráticas, nacidas todas ellas del diálogo y del consenso, herederas todas de nuestra Constitución, votada por todos los españoles.

Estar hoy a la altura de los tiempos es exigir que los cabecillas y los cómplices del golpe de Estado paguen por lo que han hecho. Los catalanes sometidos al yugo de los golpistas han de poder respirar tranquilos sabiendo que el Estado, tantas veces ausente de Cataluña, no les va a dejar solos. Estar a la altura de los tiempos es proteger a todos los servidores públicos que han de trabajar desde las instituciones catalanas enfrentándose para cumplir y hacer cumplir la ley.

Estar a la altura de los tiempos es también apoyar sin fisuras a los miembros de las fuerzas de seguridad, policías y guardias civiles (y a los mossos que decidan cumplir y hacer cumplir la ley) para que puedan desarrollar su trabajo y defender los derechos de todos los ciudadanos. A todos ellos, mi agradecimiento y un recordatorio: “tengan cuidado ahí fuera…”.

En suma, que estar a la altura de los tiempos es apoyar a nuestras instituciones, empezando por el Gobierno, para que hagan todo lo preciso para que la ley y el orden vuelvan a imperar en Cataluña. Ley, empezando por el artículo 155 de la Constitución para reinstaurar la democracia; y orden, aplicando el Código Penal para que os delincuentes sean juzgados y paguen por sus actos.

Rosa Díez, cofundadora de UPyD, es promotora de la web elasterisco.es.

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