Estatut y realidad social

Por Clemente Polo Andrés, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UAB (EL PAÍS, 17/01/06):

Para la abrumadora mayoría de españoles, en torno al 70% según algunas encuestas publicadas, Cataluña no es una nación, mientras que para el 23% lo es. Los porcentajes son significativamente distintos entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma (CA) de Cataluña: cerca del 40% coinciden con la opinión mayoritaria en España, en tanto que el 50% considera Cataluña una nación. Estas cifras implican que al menos el 40% de los catalanes se sienten españoles y aceptan de buen grado el actual reparto de competencias. Por otro lado, hay una parte sustancial de los catalanes nacionalistas, posiblemente más de la mitad, para los que el ser una nación es incompatible con la existencia de la CA de Cataluña integrada en el Reino de España y aspiran a proclamar una República independiente como ya ocurriera en 1931.

La marcada división de opiniones que observamos en la sociedad catalana acerca de la “naturaleza” de Cataluña no es cosa de hoy. En buena parte, es el fruto maduro de seculares agravios y enfrentamientos -reales unas veces, imaginarios otras- entre las élites que han detentado el poder en España desde el siglo XVIII y las que han aspirado a formar un Estado independiente en Cataluña. Por otra parte, la situación actual no se explica sin la presencia de millones de españoles que, atraídos por las oportunidades de empleo y mayor nivel de vida, emigraron a Cataluña y han mantenido viva su lengua, el español, y su sentido de pertenencia a España. En más de una ocasión hemos escuchado lamentarse a honorables nacionalistas, con el gran tacto que les caracteriza, de la amenaza que representan los españoles para la supervivencia de la identidad catalana. Y es verdad que sin la presencia de emigrantes en Cataluña, la fracción de la población nacionalista sería hoy mucho más elevada que la que proporcionan las encuestas.

La Constitución de 1978 abrió el camino para lograr la inserción estable de Cataluña en el seno de una España democrática. En 1979 se aprobó el Estatuto ahora vigente que reconocía las peculiaridades más sobresalientes y dotaba a la naciente CA de competencias políticas y administrativas impensables sólo unos años antes. Ante esta nueva realidad histórica, los nacionalistas catalanes pudieron dar por zanjado el conflictivo pasado y apostar con entusiasmo por la inserción de Cataluña en la nueva España descentralizada y democrática. En lugar de ello, optaron por volver a atizar con su discurso sectario los hechos diferenciales, reavivando agravios que la emigración y la convivencia pacífica habían desactivado; por desempolvar la marioneta de Madrid para simbolizar la opresión centralista, culpable de casi todos los males que aquejan a Cataluña; y, en fin, convirtieron sus aspiraciones secesionistas en el objetivo último de su estrategia política. Tampoco es del todo sorprendente lo ocurrido, porque el rasgo que caracteriza a un buen nacionalista catalán es su fe en un principio incontestable del que se sigue un “derecho” indiscutible: Cataluña es una nación y, como tal, ha de constituirse en Estado independiente.

Por ello, soy escéptico de que sea posible no ya convencer, sino explicar siquiera, a los nacionalistas catalanes la pertinencia y dignidad de la posición de los ciudadanos que viven en Cataluña, quieren seguir siendo españoles y, en muchos casos, cifran sus aspiraciones en lograr una Unión Europea cada vez más permeable y multicultural. A los nacionalistas catalanes no les interesan nuestras opiniones y, lo que es peor, las silencian en la medida posible. Hace ya mucho tiempo que reconocerse español o manifestarse en español (castellano), la lengua materna del 50% de los catalanes, está mal visto en todos los ámbitos oficiales de Cataluña y en todas las esferas de la sociedad civil controladas por la larga mano del Gobierno autonómico, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Un espectador del espacio dedicado a informar sobre el tiempo en la televisión pública catalana se enterará de la temperatura que hará mañana en Varsovia, pero no de la que hará en Murcia o Zaragoza; peor para usted, deben pensar los responsables del ente, si su destino o su tierra natal son Murcia o Zaragoza y no Varsovia. La completa ausencia de símbolos meteorológicos y palabras fuera del triángulo geográfico que delimita el territorio asumido como propio por los nacionalistas -las CC AA de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares- es una espléndida metáfora del desinterés y desdén de la televisión pública catalana y del Gobierno de Cataluña por los españoles que viven en Cataluña y en el resto de España.

El Estatuto recientemente aprobado por el Parlamento de Cataluña puede calificarse con toda rotundidad de Estatuto nacionalista, porque recoge las exigencias impuestas por los nacionalistas en la oposición (Convergencia i Unió) -cuya amenaza de veto se mantuvo en pie hasta el último momento- y por los nacionalistas de Esquerra Republicana integrados en el Gobierno tripartito de la Generalitat de Cataluña. En los ámbitos lingüístico, legislativo, judicial, fiscal, relaciones exteriores, etcétera, el Estatuto propone un modelo más propio de un Estado independiente que mantuviera relaciones con España, que de una CA multicultural integrada en el Estado español. Una dicotomía, por lo demás, muy acorde con la concepción nacionalista de Cataluña y España que las considera dos entidades territorial, cultural y políticamente disjuntas, no solapadas.

Algunos bienintencionados españoles, residentes con toda probabilidad fuera de la CA de Cataluña, pensarán que el asunto no es tan grave. Al fin y al cabo, se trata de un mero proyecto y las Cortes españolas acabarán poniendo las cosas en su sitio durante la tramitación del proyecto. No dudo que así se hará, si el vigente Estatuto lo permite. Primero, porque la mayoría de los actuales dirigentes del PSOE ha criticado abiertamente numerosos aspectos del contenido del proyecto de Estatuto y expresado su decepción por exigencias y blindajes inteligibles sólo desde una óptica nacionalista. Segundo, porque, aunque estuvieran de acuerdo, no podrían avalarlo, ya que hacerlo significaría alinearse con los nacionalistas catalanes frente a la voluntad, no ya del 40% de los catalanes, sino la del 70% de los españoles, el gran caladero de votos del PSOE.

Otra cuestión distinta es cómo va a salir el PSOE del atolladero en que le ha sumido la impericia y la irresponsabilidad política de los Gobiernos de Cataluña y España. Porque esos calificativos merece alumbrar un proyecto de Estatuto que ha de ser enmendado con la aquiescencia de quienes acaban de aprobarlo y conjurarse para defenderlo en todos sus puntos. Por si esto fuera poco, Tomás de la Quadra-Salcedo (EL PAÍS, 21 de octubre de 2005), en un excepcional artículo apenas comentado en los medios e ignorado por los portavoces políticos que votaron a favor de su tramitación en las Cortes, nos ha alertado de las dificultades, de hecho imposibilidad, de enmendar el proyecto remitido, si no se reforma previamente el artículo 56 del vigente Estatuto.

En cualquier Estado en el que las partes -llámense Comunidades Autónomas o Estados- se sienten a gusto en el todo -llámese Estado Central o Federal- la reforma se habría planteado desde un principio como un gran pacto entre los representantes políticos responsables de aprobarlo en la parte (Cataluña) y en el todo (España), incluyendo en dicho pacto las reformas constitucionales pertinentes. Se habría evitado así la absurda encrucijada política en que nos encontramos. Pero, ¿puede acaso un buen nacionalista pactar el contenido del Estatut de Catalunya con los representantes políticos de los españoles en las Cortes? ¿Quiénes son los españoles para opinar sobre cómo se organizan políticamente los catalanes? Estas y otras extravagancias similares las han repetido hasta la saciedad los líderes nacionalistas catalanes en los dos últimos años, mientras urdían el Estatut, sabedores del alborozo y belicosidad que tales declaraciones levantan entre sus votantes y de la animosidad y rechazo que provocan en la mayoría de los españoles. No se olvide que estas manifestaciones del talante nacionalista son profundamente sentidas y coherentes con su visión estereotipada y genuinamente sectaria de las sociedades catalana y española: los catalanes no son españoles y los españoles no son catalanes.

En última instancia, la explicación de que los representantes políticos de Cataluña y España no hayan siquiera intentado hilvanar con un gran pacto político las líneas maestras del proyecto de Estatuto, antes de su aprobación en el Parlamento de Cataluña, es bastante obvia: el Estatuto nacionalista no aspira a zanjar ningún contencioso existente entre Cataluña y el Estado Central, ni a limar las aristas que impiden cerrar definitivamente la inserción de Cataluña en España. Su principal propósito es otro: fortalecer y blindar las posiciones nacionalistas para afrontar, con mayor probabilidad de éxito, las futuras disputas y negociaciones que jalonarán el camino inexorable hacia la consecución de un Estado catalán independiente. Por razones de principio, los nacionalistas no podían pactar con los representantes políticos españoles antes de la aprobación del Estatut en el Parlament. Pero por razones tácticas, sus representantes ya han anunciado su disposición a pactar en la sesión parlamentaria dedicada a debatir la admisión a trámite del proyecto en las Cortes, esto es, a negociar a la baja, siempre que el resultado final de la negociación suponga mayores competencias y más recursos para Cataluña.

Hay finalmente una cuestión que para los españoles que trabajamos, vivimos y pagamos impuestos en Cataluña es incluso más inquietante que el propio contenido nacionalista del proyecto de Estatuto. Siendo la que es la realidad sociológica de la CA de Cataluña, ¿cómo es posible que el 90% de los representantes políticos en el Parlamento hayan aprobado un Estatuto nacionalista? ¿Dónde están los representantes políticos del 40% de los catalanes que quieren seguir siendo ciudadanos de España, no de la España del rey Pelayo y el Cid, ni de la de Austrias y Borbones, y mucho menos de la franquista, sino de la España nacida de la Constitución de 1978 que unos años después se adhería a la Europa democrática e integradora?

Un 10% son, sin duda, los representantes políticos del PP que han votado no al Estatuto en el Parlamento de Cataluña. Y, ¿el resto? ¿Dónde están los representantes de los catalanes que se sienten españoles pero que, por una u otra razón, no se identifican con las posiciones políticas del PP? La respuesta, aunque decepcionante, es también bastante evidente: la gran mayoría de los catalanes que se sienten españoles carecen de representación parlamentaria en la CA de Cataluña. No es ninguna casualidad que hace unos meses un grupo de ciudadanos catalanes hiciera público un manifiesto titulado precisamente “Por un nuevo partido político en Cataluña”, en el que denunciaban la asfixia de la sociedad civil catalana tras veinte años de Gobiernos nacionalistas y dos años de un Gobierno tripartito que ha dejado en manos de nacionalistas independentistas dos consellerias, Educación y Universidades, vitales para promover la concordia civil en la sociedad y que ha dedicado casi todos sus esfuerzos a sacar adelante un Estatuto nacionalista. El respaldo masivo de los representantes en el Parlament al Estatut no ha hecho sino confirmar, por si había alguna duda, la urgente necesidad de que algún partido político represente los legítimos intereses y aspiraciones de los españoles en la CA de Cataluña.