Estatuto de Andalucía: «Nos falta mucha escuela»

Por Soledad Becerril, senadora del Partido Popular por Sevilla (EL MUNDO, 07/11/06):

La semana pasada fue aprobado en el Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra y con tan solo dos abstenciones, el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los partidos políticos hacen durante estos días sus valoraciones, con cierta prudencia y sin demasiados triunfalismos en general.

Hacen bien en no exagerar los éxitos de unos o de otros porque todos -excepto el Partido Andalucista que se ha quedado al margen del texto final- han logrado introducir parte de sus pretensiones o enmiendas, pero también se han dejado parte de ellas en el camino. Y eso está bien porque el Estatuto ni podía ser el deseado y logrado sólo por el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, ni podía ser el deseado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Porque en cualquiera de los dos casos, no hubiera sido el Estatuto de una gran mayoría de andaluces.

El texto que salió de Andalucía fue ampliamente corregido por el Grupo socialista del Congreso para delimitar, con buen criterio, las competencias que la comunidad autónoma hace suyas, para que la Constitución de 1978 se respete como norma básica, y para que quede claro que la autonomía no da derecho a un Estado ni a una nación. Eran modificaciones fundamentales no sólo para el Partido Popular sino para que el Estado de las autonomías siga teniendo coherencia y sentido, dentro de una nación, la española.

Y el PP, por su parte, ha aportado bastante sensatez y cordura en materias tan importantes como la administración de justicia, la economía y la hacienda, la igualdad de derechos de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, y en cómo se llevará a efecto la participación de la comunidad en las instituciones del Estado y de la UE.

Es cierto que se podía haber hecho un texto mejor, más claro y ordenado en sus competencias y atribuciones, sin bordear los límites que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas, pero eso hubiera requerido el que, desde el inicio, hubiera habido acuerdo entre los dos grandes partidos, y no ha sido así, sino más bien todo lo contrario.

Desde hace tiempo, he sostenido que no era necesario reformar el Estatuto de Andalucía, porque una norma básica no necesita pormenorizar todo aquello que puede o debe legislarse a lo largo del tiempo. Hubiera bastado, con el paso de los años, modificar algunas leyes o crear con la actual capacidad normativa del Gobierno andaluz las instituciones u órganos necesarios para modernizar algunos aspectos. No hacía falta emplear tanto esfuerzo, tanta energía, y también tanta polémica en esta reforma. El Parlamento de Andalucía podía haberse empleado en otras cuestiones, mucho más urgentes y reclamadas a diario por los ciudadanos, tales como las deficiencias e insuficiencias en la política educativa, que son un lastre para nuestro crecimiento y para nuestro futuro.

Pero el presidente del Gobierno alentó, desde los primeros momentos de su mandato, las reformas de los estatutos, y tras la iniciativa del Parlamento de Cataluña de reformar el suyo para alcanzar aún mayores cotas de autogobierno y una mayor y más asegurada financiación, era inevitable que otras comunidades autónomas siguieran la misma senda. Era casi imposible resistirse a ello, porque si la Constitución hace posible que todas alcancen las máximas competencias, ¿cómo van a aceptar algunas quedarse en un segundo nivel?

Tan pronto se supo de la iniciativa catalana, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció su intención de impulsar la reforma del andaluz y habló del «eje Cataluña-Andalucía», que indicaba que seguiríamos idéntico camino al seguido en el caso catalán. Lo que no se sabía, aunque se podía prever a raíz de las manifestaciones de dirigentes de Cataluña, era hasta dónde iban a llegar las pretensiones de éstos y hasta que punto el camino que se iniciaba rebasaba la Constitución y definía a Cataluña como nación. Y Andalucía no podía ser menos. Así pues, el Partido Socialista de Andalucía presentó la reforma en el Parlamento con legitimidad y mayoría para ello, y tomó como modelo, en muchos preceptos, el Estatuto de Cataluña

El Partido Popular pudo haberse quedado al margen de la iniciativa del Parlamento por no considerarla necesaria y así evitar participar en todo un proceso que se preveía de dudosa constitucionalidad; pero, no cabe duda de que su posición habría sido aireada como un agravio a Andalucía y una renuncia a conseguir las cotas de autogobierno, las competencias y los medios que otros alcanzaban.

Ha hecho bien, a mi juicio, el Partido Popular. Y especialmente Javier Arenas, que ha jugado un papel fundamental a lo largo de los últimos meses siendo capaz de mantener el pulso que se le lanzaba desde las filas socialistas para que abandonara, empeñándose en trabajar a fondo para no quedar fuera, pero sin tampoco permitir que la reforma terminara en algo difícil de asumir en el devenir de Andalucía. Las mayorías en democracia pueden durar mucho tiempo, pero también pueden dejar de serlo y no es cosa de reformar y reformar una y otra vez. Y, además, no nos engañemos, muchos andaluces le hubieran reprochado el no haber hecho lo imposible o el no haber tenido la suficiente flexibilidad y capacidad para tratar de influir en un texto que va a ser una norma básica y de referencia continua para todos en el futuro, y que habría salido adelante por mucha oposición que se hubiera hecho.

El trabajo que se ha realizado, indiscutiblemente, ha pulido muchas aristas del documento que se hizo en Andalucía. Y no se puede afirmar que sea más o menos que el de Cataluña; es, sencillamente, respetuoso con la Constitución, reafirma la unidad de la nación española, puede proporcionar más seguridad jurídica a la hora de su interpretación y puede también evitar dudas, ambigüedades y, desde luego, barre para casa cuando se habla de financiación.

Una de las personas que ha participado en el debate, en el Congreso, por el Partido Popular, me decía que la discusión tenía que tener presente el espíritu de la Transición, que fue espíritu de entendimiento, de renuncia y de acuerdo. Yo, desde luego, así lo recuerdo, y pienso que aquellas actitudes de entonces han dado muy buenos resultados.

He dejado para el final de estas líneas la espina que tengo clavada por el Estatuto: no es la absurda mención a una realidad nacional que se proclamó en 1919, ni la farragosa enumeración de las competencias; no es el capítulo dedicado a los medios de comunicación con profusa intervención de poderes públicos, ni mi temor a que, al final, las cuentas de las inversiones del Estado no puedan cuadrar porque cada autonomía pide lo suyo según el criterio que más le conviene.

No, la espina es por un preámbulo que se inicia con la curiosa calificación de la identidad de Andalucía como «robusta» para continuar con que «ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos…». Luego prosigue con «la interculturalidad de prácticas (…) que se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica» y así hasta el final. El lenguaje me recuerda al que ahora se emplea en los planes generales de ordenación urbana. Pero esto es una objeción menor al lado de otros muchos logros. Seguramente es que escribir en buen castellano, inteligible y sencillo es mucho más difícil de lo que parece. Como diría don Ramón Carande, «nos falta mucha escuela»