Por Felip Puig, portavoz de CiU en el Parlament (EL PAÍS, 02/10/05):
El Parlament ha estado a la altura de las circunstancias. Con el amplio consenso, casi unánime, con el que fue aprobado el pasado viernes el texto del nuevo Estatuto, la Cámara de los representantes del pueblo catalán, del conjunto de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, ha cumplido holgadamente su misión actuando soberanamente. Esto es: siendo la caja de resonancia no sólo de la lucha de partidos, de sensibilidades ideológicas diferentes y contrapuestas, o de cálculos de estrategia política, sino también, y por encima de todo, de las ambiciones, los deseos y las necesidades de un amplio conjunto de nuestra sociedad.
Por otro lado, una generación de políticos catalanes, la clase política del país, a la cual hoy me siento especialmente orgulloso de pertenecer, ha cumplido también con su deber. La tarea del político, decía Chesterton, no consiste únicamente en administrar la realidad del presente, sino en imaginar la futura y crear las mejores condiciones posibles para que llegue a suceder tal como la ha pensado. Ésa es la forma de hacer camino hacia la utopía posible, aquella que cada generación de políticos, y con mayor exigencia de políticos nacionalistas, debemos poder dibujar con los instrumentos de nuestro presente, sin limitaciones pretéritas (ya inexistentes, pero en ocasiones aún resonantes en el inconsciente colectivo) o futuras, anticipando precipitadamente problemas y obstáculos aún hoy fuera de toda realidad. Y eso es lo que hemos hecho con el nuevo Estatuto: imaginar y definir las condiciones posibles para una Cataluña más libre y más soberana, sin que visiones estrechas de corsés constitucionales y sin que miedos, tutelas, recortes previos o autocensuras pusieran límite a nuestra voluntad de apuntar alto, expresada, eso sí, con el máximo respeto y sentido común.
Y no sólo eso. El consenso y el amplio acuerdo logrado han permitido oxigenar la vida política del país, a veces enturbiada por reproches mutuos y dinámicas excesivamente partidistas o procesos extremadamente indigestos, como -reconozcámoslo- la misma reforma del Estatuto, y recuperar la madurez, el clima de confianza y el savoir faire necesarios, algo que nuestros conciudadanos agradecerán con alivio.
Ahora bien, que un exceso de autosatisfacción no nos haga olvidar, sin embargo, que éste es el Estatuto de una generación y para una generación. Llegarán tiempos con nuevas demandas, nuevas necesidades, nuevas exigencias, nuevos desafíos. Y una nueva generación de políticos -también, de una forma especial, de políticos nacionalistas- deberá responder al reto de imaginar y crear las condiciones para ir más allá.
Finalmente, CiU ha cumplido, también en esta ocasión, su misión. Como partido nacionalista, pero también como partido amplio, transversal, con una visión y un proyecto social que aspira a dar respuestas a las necesidades de un amplísimo abanico de sectores e intereses de nuestra sociedad. CiU es hoy un partido con un liderazgo más sólido, un partido más cohesionado y más seguro de sí mismo. Nuestra actuación firme, que no intransigente, en el proceso de negociación del nuevo Estatuto ha demostrado, incluso a los más escépticos e incrédulos, no sólo la coherencia y solidez de nuestras convicciones, sino también la capacidad de rentabilizar hasta el último instante nuestra posición mayoritaria y de fuerza clave en beneficio de Cataluña, algo que otros partidos y grupos catalanistas, desde otras posiciones con capacidad de influencia, no han sabido -o querido- demostrar con igual ahínco, bien dándose precipitadamente por satisfechos, o bien debido a una interpretación excesivamente ingenua y restringida de la prudencia, el pragmatismo o el posibilismo. Ésa ha sido la gran diferencia entre CiU y ERC.
Modelo de educación y modelo de financiación han sido los dos temas a los que hemos dedicado más esmero y exigencia. No en vano son los dos pilares sobre los que se fundamentan la sostenibilidad, el progreso y el bienestar de una sociedad abierta y moderna, un modelo de sociedad con derechos para todos, con un laicismo abierto y con derechos como paradigma, y un país con soberanía financiera real y solidaria. Llamésmoslo como nos plazca, pero sobre una cosa no cabe duda: los principios del concierto económico solidario han sido recogidos, uno por uno, en el texto final. Recaudación y gestión del ciento por ciento de los impuestos, agencia tributaria catalana, bilateralidad con el Estado, blindaje respecto a la LOFCA y aportación inicial. Sin embargo, CiU no va a entrar en una lamentable batalla por la apropiación del modelo. Tampoco vamos a caer en la tentación de una guerra de nombres, interpretaciones, etiquetas o definiciones. Los hechos son los que son: CiU ha sabido jugar inteligentemente sus bazas y su fuerza hasta el último segundo del último minuto del match, logrando introducir una fórmula de financiación de nuestro autogobierno adecuada a nuestras necesidades. Nuestra evidente y gran satisfacción basta como mensaje.
La responsabilidad que ha tenido CiU durante casi 20 meses va a seguir ejerciéndola en Madrid, escenario en el que se desarrollará la segunda fase del largo camino hacia la aprobación del Estatuto. Pero a partir de ahora esa responsabilidad va a recaer también, en buena parte y por razones evidentes, en los socialistas catalanes. El PSC no puede renunciar a tomar el relevo de la exigencia, la firmeza y el sentido común dentro de un PSOE complejo y con sensibilidades muy diversas, algunas de ellas nada simpatizantes con nuestra causa común ni con el texto que va a ser debatido en las Cortes, que pone sobre la mesa un modelo de Estado plurinacional.
Cataluña, pues, ha cumplido su parte en esta misión. Su Parlament, su ciudadanía tranquila y expectante, su clase política y el conjunto de los partidos políticos han hecho su trabajo. Ni España ni el PSOE pueden zanjar ni frustrar de nuevo de un carpetazo, como ha ocurrido en tantas ocasiones y circunstancias a lo largo de más de un sigo y medio, las legítimas aspiraciones que hoy comparte más del 90% del pueblo de Cataluña. España puede y debe demostrar que es capaz de respetar una Cataluña leal, sincera, razonable, honesta, dialogante y siempre solidaria.