Estatutos de Autonomía y Tribunal Constitucional

Leo, gratamente sorprendido, que el Partido Socialista ha presentado, al mismo tiempo que lo ha hecho el Partido Popular, una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad frente a las modificaciones futuras de estatutos de autonomía. Para los no iniciados aclaro que se trata de evitar que un estatuto se someta a referéndum o entre en vigor antes de que el Alto Tribunal pueda pronunciarse sobre su posible inconstitucionalidad; lo cual es razonable. Pero aclaro también que este procedimiento ya estaba en la ley originaria del Tribunal de 1979, hasta que el Partido Socialista lo eliminó en 1985, tras llegar al Gobierno, habiéndose opuesto desde entonces a recuperarlo, frente a las propuestas presentadas reiteradamente por el Partido Popular.

¿Qué ha cambiado para que los socialistas se hayan caído del caballo casi tres décadas después? Sencillamente, que ahora persiguen el objetivo coyuntural de entorpecer la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que reduce el número de parlamentarios de aquella comunidad.

No me sorprende que se acredite una vez más lo contingentes que resultan para el socialismo español las leyes y las instituciones en razón del puro oportunismo político. La acumulación de ejemplos da para una enciclopedia de pared entera, incluyendo las últimas propuestas federales, mágicas por lo que se ve para hacer compatibles la España simétrica de la presidenta Díaz en Andalucía y la asimétrica del PSC del señor Navarro en Cataluña. Pero interesa detenerse ahora en el concreto asunto del recurso previo, que trae a la memoria un suceso grave que no puede pasar inadvertido.

En el año 2006 se tramitaban al mismo tiempo en las Cortes el nuevo Estatuto de Cataluña y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Aprovechando la coincidencia y previendo lo que luego pasó, el Grupo Popular presentó enmiendas para recuperar el recurso previo y evitar que el Tribunal tuviera que pronunciarse sobre el Estatut una vez celebrado ya el referéndum en Cataluña. Como consta en el archivo del Congreso y puede hoy examinarse fácilmente en su página web, se propuso que el recurso previo fuese ya «de aplicación a los proyectos de reforma de Estatutos de Autonomía que estuviesen tramitándose en las Cortes Generales al tiempo de la tramitación parlamentaria de la presente ley y no hubiesen entrado en vigor», porque, como se decía expresamente en la justificación de la enmienda, resultaba preciso asegurar que el renovado recurso previo frente a estatutos pudiese aplicarse a los que, como el catalán, se encontraban en tramitación en las Cortes.

Pero esas enmiendas se desestimaron por los socialistas y también por los nacionalistas catalanes. En consecuencia, el referéndum se celebró y el Tribunal tuvo que sentenciar con posterioridad que el Estatut era gravemente contrario a la Constitución. Lo más turbio del asunto es que los mismos socialistas y los mismos nacionalistas que entonces impidieron pronunciarse al TC antes del referéndum son los que luego lo descalificaron con enorme crudeza, aludiendo a su falta de legitimidad para oponerse a la voluntad popular. Los secesionistas han hecho de ello, además, una de tantas banderas para potenciar su proyecto de ruptura, generando en la opinión pública catalana la creencia, rotundamente falsa pero muy extendida, de que el que ha impedido a los catalanes consumar aquel Estatut ha sido el Tribunal Constitucional y no quienes aprobaron un texto manifiestamente inconstitucional. Quien relea en los diarios de sesiones los argumentos que se dieron en aquellos días verá las excusas con las que se justificó la negativa. Se dijo que se quería extralimitar las funciones del Tribunal, dándole casi una función legislativa en positivo; que no hay que judicializar en caliente las leyes que salen del Legislativo; o que esto se iba a aplicar a unos estatutos, pero no ya a los anteriores. Se dijo, en fin, que este es un mecanismo para que las minorías puedan bloquear a la mayoría. Se ve que ahora esas objeciones ya han desaparecido, así que lo que entonces no era posible para el Estatut a los socialistas les parece ahora no solo posible, sino conveniente para el estatuto castellano manchego.

Pero lo que verá sobre todo el que se acerque a esos diarios de sesiones es la dimensión de la enorme responsabilidad que asumieron con aquella operación política tremenda quienes impulsaron conscientemente un estatuto inconstitucional al tiempo que modificaban la ley del Tribunal –no menos inconstitucional, a mi juicio– para prorrogar el mandato de su presidenta (conocida por ello desde entonces como «Ley Casas»), pero no para evitar que el Tribunal tuviese que pronunciarse tras un referéndum, deslegitimándolo después por ello y azuzando el desencanto y el disgusto de la gente.

Ahora que el Partido Socialista se corrige, aunque no sea para reconocer por fin lo que era constitucionalmente razonable, sino por un ocasional objetivo político, cabe esperar que al menos la corrección alcance al reconocimiento de la responsabilidad que entonces asumieron –ellos y todos los nacionalistas– con los catalanes y con todos los españoles. Responsabilidad que muchos no han hecho otra cosa que agravar desde entonces.

Ignacio Astarloa, diputado y director de "Constitución e Instituciones" de la Fundación FAES.

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